Un código para el futuro

LOS SOCIALISTAS parecen por fin dispuestos a sacar adelante en su tercera legislatura el nuevo Código Pena¡ que habían prometido en la primera. Naturalmente, el tiempo no pasa en balde, y entre su primitivo proyecto -el anunciado en el programa que les llevó por primera vez a la gobernación del país en octubre de 1982- y el que ahora proponen existen algunas diferencias sustanciales. Quizá sean fruto del pragmatismo y de una concepción más depurada de la responsabilidad política, pero también se deberán a cambios en sus propias convicciones y, por tanto, de asunción de las ajenas, sobre todo en el campo del tratamiento penal del terrorismo y del fenómeno social de la llamada inseguridad ciudadana.Lo importante es que, finalmente, el ministro de Justicia, Enrique Múgica, está dispuesto a acabar con la incongruencia que supone que el régimen democrático basado en la Constitución de 1978 siga, 12 años después, sin un Código Penal acorde con sus valores; sometido, por contra, al instaurado en plena época autoritaria. Un código que se caracteriza por el desequilibrio de sus respuestas punitivas y por el desfase respecto de las nuevas realidades sociales. No es extraño, por ello, que en estos años la presión social, la absurda tipificación delictiva de conductas socialmente no consideradas como tales o la desproporción de las penas impuestas a algunos delitos hayan obligado a gobernantes y legisladores a un continuo y perentorio tratamiento de parcheo del viejo código.

Una vez dado el paso de afrontar la ardua tarea de elaborar un Código Penal de nueva planta, lo que se impone ahora es que, además del exigido respeto por los conceptos básicos del derecho penal, el texto recoja fielmente los principios constitucionales sobre la dimensión reeducadora de las penas privativas de libertad y responda a los valores y necesidades más profundos de la sociedad española. Sería lamentable que un Código Penal que debe nacer con vocación de permanencia en el tiempo se viese acuciado por reformas a corto plazo, al haber sido elaborado basado en la situación política del momento o excesivamente tributario de modelos penales de épocas pasadas. Por eso ha sido muy positiva la iniciativa del ministro de Justicia de distribuir la parte general del anteproyecto de nuevo Código Penal (entretanto se elabora la parte especial relacionada con los delitos) entre las asociaciones de jueces y fiscales y de requerirles su opinión. Es fundamental que se produzca el más amplio debate entre las gentes del derecho, y en el seno de la sociedad en general, antes del envío al Parlamento.

Estos debates doctrinal y social, más el propiamente parlamentario, deberían servir para perfilar aspectos claramente controvertidos del anteproyecto, como la elevación de la pena máxima de cumplimiento efectivo a 35 años, la supresión de la reducción automática de penas por el trabajo o el mantenimiento de la minoría de la edad penal en 16 años, en vez de elevarla a los 18. Son, sin duda, temas complejos que un nuevo Código Penal está obligado a tratar desde una perspectiva alejada del enfoque coyuntural de la delincuencia y del fenómeno terrorista. La propuesta del nuevo código contiene aspectos muy positivos, como el de una más justa proporcionalidad del castigo impuesto a los delitos menores y la sustitución, en estos casos, de la pena de privación de libertad por la de multa o por el arresto de fin de semana. Estas novedosas medidas, qi4e ya existen desde hace tiempo en otros países, pueden encontrar alguna resistencia en determinados sectores sociales y exigirán, sin duda, apoyo económico para que sean efectivas, pero responden a una concepción moderna del derecho penal y entroncan con las tendencias más abiertas y avanzadas de política criminal existentes en la sociedad española.