Un magistrado propone mayor protección para las víctimas de los delitos
El magistrado Andrés Martínez Arrieta ha propuesto una mayor protección y reconocimiento de las víctimas de los delitos, en una ponencia presentada en el congreso anual de la moderada Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, que se celebra en Barcelona. Martínez Arrieta señala que el ordenamiento jurídico desatiende a las víctimas y propugna la adopción de medidas para la protección de los afectados por delitos, sin que esto suponga una merma en los derechos de los acusados.
La víctima de una agresión delictiva, según Martínez Arrieta, sufre, en primer lugar, una lesión en el patrimonio, integridad física, honor, etcétera, pero además padecer un daño, no objetivable, que afecta al sentimiento de seguridad, a la confianza en los demás y, en definitiva, a su integridad psíquica. Este daño, difícilmente evaluable desde el punto de vista económico, es muy superior a la valoración en metálico del bien sustraído y está derivado de la irrupción en la esfera de lo privado y la intimidad del agredido.En el momento de su testimonio en el juicio, la víctima de un delito no sólo es la persona que en su día recibió la agresión a alguno de sus derechos fundamentales, sino que además, y por las deficiencias del sistema, vuelve a recibir una nueva agresión, esta vez en su seguridad y en su dignidad, ya que se le hace comparecer para testificar ante quien ella considera su agresor y sus familiares sin una mínima separación que garantice una posición cómoda y libre.
En otros sistemas judiciales, la protección de los testigos es particularmente importante y puede llegarse al anonimato para asegurar su seguridad. Hay delitos, como aquellos que afectan a la libertad sexual o los ataques a menores, en los que existe un interés defendible para que el nombre del agraviado quede en el anonimato. La separación de testigos entre sí y con el procesado y sus familias permitiría otorgar una mayor confianza en el sistema para las víctimas y testigos, al tiempo que contribuiría a asegurar la eficacia y libertad de su testimonio.
Indemnización
Otras medidas que en opinión de Martínez Arrieta podrían adoptarse para mejorar la posición de la víctima son: tramitar eficazmente las piezas de responsabilidad civil para tratar de restituir el perjuicio causado, en particular en casos de delincuencia económica, y procurar una compensación económica a las víctimas que comprenda una indemnización de daños y perjuicios. El Estado, según Arrieta, debe garantizar la recuperación económica de los afectados. Esta responsabilidad del Estado se dará principalmente en aquellos supuestos en los que la inacción de la Administración es más patente o la agresión más irracional (ya se ha iniciado en casos de terrorismo o en el de la colza).
En el congreso se ha presentado también la ponencia Alternativas a la prisión, elaborada por el magistrado Carlos Granados.
