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El fiscal pide que se archive el sumario por el espionaje a los partidos políticos

El fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid ha solicitado que se archive el sumario abierto por el espionaje policial a los partidos políticos y ha anunciado en un escrito dirigido al tribunal que no prevé acusar a los policías presuntamente implicados Jesús Martínez Torres y Alberto Elías, comisario general de Información y jefe de la Brigada de Interior, respectivamente. El informe del fiscal Carlos Ruiz de Alegría fue elaborado hace un mes, pero no ha sido difundido hasta ahora para no interferir en la campaña a las elecciones europeas.

El informe justifica y legitima la actividad policial de investigar a los partidos en aras del "orden y seguridad pública", tal como se establece en la ley de Policía. El juez de instrucción número 21 elevó una propuesta de procesamiento de Martínez Torres y de Elías por los delitos de violación y revelación de secretos, impedimento del derecho a la libertad de asociación, malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos. El fiscal, por su parte, niega en su informe la existencia de cualquiera de estos delitos.Ruiz de Alegría rechaza que hubiera violación de secretos, porque no se dan los requisitos necesarios, que son, según el fiscal, que el funcionario haya tenido conocimiento por razón de su cargo, y la divulgación.

El fiscal cuestiona el carácter secreto de la información obtenida por la brigada en cuanto a los partidos políticos se refiere, pues no todas las actividades de éstos tienen carácter secreto.

"Los implicados han insistido siempre en que la información que recababan era puramente de orientación, y que se trataba de datos objetivos externos y públicos, como propaganda, listas, etcétera. Aun admitiendo que la información hubiera sido en algún caso más exhaustiva, difícilmente puede darse la condición de secretos a estos datos, que muchas veces eran publicados previamente por la prensa", precisa el informe.

"Lo que en modo alguno se ha acreditado", añade el fiscal, "es una divulgación o descubrimiento contrario a la ley", porque si bien basta la comunicación hecha a un tercero en la mayor intimidad para configurar el delito, en este caso "no sólo no consta una divulgación pública, sino que sólo puede hablarse de una transmisión a los superiores jerárquicos directamente responsables del servicio y legitimados para recibir dicha información".

Fondos reservados

En la propuesta de procesamiento elevada al tribunal, el juez Vazquez Honrubia consideraba que Martínez Torres y Elías podían haber cometido un delito de malversación de fondos públicos por haber pagado a confidentes introducidos en los partidos políticos con fondos reservados de la policía. El juez estimaba en su propuesta de procesamiento que es público y notorio que la policía paga a sus colaboradores con fondos públicos, y más aún, con fondos reservados. El fiscal admite, en términos de debate, que hubo pago a confidentes y que se hicieron con cargo a los fondos reservados, "lo que nos conduce al irresoluble problema del destino de esos fondos"."Su propio carácter de reservados", matiza el fiscal, "hace díficil su determinación, pero empleando la misma lógica del juez concluiríamos que uno de los destinos de esos fondos es precisamente el pago a colaboradores". Para el fiscal la desviación de fondos no sólo no está acreditada, sino que si hubo pago a colaboradores con fondos públicos, éstos tendrían que ser los reservados, que se destinan a esas contraprestaciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de junio de 1989

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