La federación de constructores amplia su denuncia contra el alcalde de Burgos

La Federación de Empresarios de la Construcción de Burgos ha presentado ante el juzgado número 2 de la ciudad una ampliación de su denuncia contra el alcalde, José María Peña los dos primeros tenientes de alcalde, el secretario del Ayuntamiento y otras 10 personas, entre las que figuran un notario y un registrador de la propiedad, en la que se les acusa de los presuntos delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos, estafa y fraude fiscal.

Esta ampliación es la segunda que se produce desde que en febrero de 1988 la federación de constructores de Burgos presentara ante la Fiscalía una denuncia contra el alcalde y otras cinco personas en las que se les acusaba de un presunto delito de prevaricación y falsedad en documento público a favor de la inmobiliaria Río Vena, cuyo promotor, Antonio Méndez Pozo, obtuvo presuntamente de forma ilegal unos beneficios extra cercanos a los 2.000 millones de pesetas.La denuncia, admitida por la Fiscalía, dio lugar a la apertura de diligencias previas que en estos momentos están a punto de concluir. Durante el transcurso de esta investigación, los abogados de los denunciantes, a través de las pruebas testificales y documentales presentadas, descubrieron la existencia de nuevos indicios de delito cometidos presuntamente por los denunciados y otras personas.

Según los denunciantes, en las pruebas practicadas respecto a una de las denuncias -una edificación en los terrenos conocidos como G-2 bis- se ha puesto de manifiesto que una finca cuya superficie registrada era de 4.022 metros cuadrados creció, "gracias a los esfuerzos combinados de los denunciados", hasta los 12.800 metros cuadrados, para lo que se le atribuyó terrenos de otros particulares "y lo que es más grave, terrenos de la Junta de Castilla y León y del propio Ayuntamiento".

La finca en cuestión, integrada en el área de actuación G-2, era propiedad de los herederos de Antonio Moliner -ahora denunciados- y, según el Plan de Ordenación Urbana, en ella no se preveía edificación urbana alguna. Según la denuncia, con la creación de una superficie ficticia, que no existe más que en el papel utilizado en escrituras públicas y asientos registrales, la finca, "gracias a los buenos oficios del primer teniente de alcalde, José María Codón, y a la aquiescencia del alcalde", que "saben y ocultan" la realidad, adquiere las características necesarias para ser excluida de su área de actuación y obtener la fórmula de gestión y edificación mediante licencia directa.

Parcelas inexistentes

Sobre esta finca, la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, en la que figuran el alcalde y los dos tenientes de alcalde denunciados, concedió a favor de Inmobiliaria Clunia y Espolón, representada por el constructor Méndez Pozo, licencias para la construcción de viviendas "sobre parcelas inexistentes, municipal, catastral y registralmente". Posteriormente, esta finca se agrupó con terrenos a los que también se hace crecer hasta formar una finca de una superficie ficticia de 14.070 metros cuadrados, que se segregaron en 10 parcelas para viviendas.Como consecuencia de todo ello, resulta, según la denuncia, que sobre terrenos que registralmente no superaban los 5.600 metros cuadrados el citado constructor ha edificado 189 viviendas, ya habitadas, que corresponderían a una superficie de 18.900 metros cuadrados. Paralelamente, los propietarios de la G-2, casi cuatro años más tarde, no han podido colocar el primer ladrillo. Según los denunciantes, para que el constructor Méndez Pozo haya logrado esto, "se ha hecho preciso falsear datos, planos, escrituras y asientos registrales" en que según las pruebas aportadas colaboraron supuestamente el resto de los denunciados.