AP reclama al Constitucional que aclare si el Estado puede tutelar la televisión privada
La interrogante sobre si una libertad, como es la de información, recogida en el artículo 20 de la Constitución, puede pasar a ser monopolio del Estado, es el núcleo fundamental que utiliza el Grupo Popular en el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de televisión privada, que ayer presentó con la firma de 50 diputados. "El Estado sustrae a la sociedad una actividad que debe ser libre y plural y dosifica esa libertad con cuentagotas", afirmó el responsable del gabinete jurídico del grupo parlamentartio y autor del recurso, Federico Trillo Figueroa.La presentación de este recurso no impide que la ley entre en rigor, de tal forma que las empresas interesadas podrán optar a uno de los tres canales previstos cuando sea aprobado el Plan Técnico Nacional.
La libertad de información y la concepción de la televisión prvada como un servicio público esencial son conceptos que se repiten en el texto del recurso, en la pretensión de que el Tribunal Constitucional siente una doctrina definitiva sobre si la televisión privada puede ser de titularidad estatal sin vulnerar la Carta Magna.
A tenor de la ley, según la perspectiva de los aliancistas, "la televisión en España sigue siendo un servicio público de titularidad estatal, aunque la ley regule la gestión indirecta del servicio, por lo que no puede decirse que exista televisión privada en España, incluso aunque los medios para esta gestión indirecta sean privados".
Los aliancistas piden al Tribunal Constitucional que "dé preferencia a este recurso sobre otro, porque se trata de una libertad", dijo Trillo. "Esperamos que pueda resolverse en seis meses y no, como desgraciadamente nos tiene acostumbrados, a que pasen tres, cuatro o cinco años".
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