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jueves, 28 de julio de 1988

Procesado el vicepresidente de la Xunta, Xosé Luis Barreiro, por prevaricación y cohecho

  • Los delitos de que se le acusa están penados con pérdida del cargo y hasta seis años de prisión

La Audiencia Territorial de La Coruña procesó ayer al vicepresidente de la Xunta de Galicia y líder de Coalición Galega, Xosé Luis Barreiro, por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, en relación con el llamado sumario del juego. Los 17 magistrados que componen el pleno de la Audiencia consideraron, prácticamente por unanimidad, que hay indicios de que Barreiro puede haber cometido dichos delitos al haber concedido una lotería instantánea a una empresa, la Sociedad General de Juegos de Galicia (SGJG), cuando aún no había sido constituida. Esa medida fue anulada por el Gabinete del que formaba parte.

El auto de procesamiento, todavía no redactado, fue adelantado ayer por el presidente de la Audiencia, José Cora, e incluye también, por presunto cohecho, al representante de la Sociedad de Juegos de Galicia, Juan Carlos Olano, y al abogado que escrituró la constitución de Ia SGJG y cuyo despacho figuraba como domicilio social de la misma, Javier Rosón Pérez, hermano del ex ministro del Interior Juan José Rosón y del que fue primer presidente del Parlamento gallego, Antonio Rosón.El pleno de la Audiencia, en funciones de Tribunal Superior de Justicia de Galicia -único organismo que puede decidir el procesamiento de una persona aforada-, ha tomado esta decisión como consecuencia de las diligencias abiertas tras una denuncia presentada ante el juzga do de guardia de Santiago de Compostela, el mismo Cía en que se celebraba el debate de la moción de censura que derribó al Gobierno de Gerardo Fernández Albor. Esa moción de censura dio paso a un Gabinete presidido por el socialista Fernando González Laxe, con Barrero como vicepresidente.

El magistrado José Cora dijo ayer que los diez meses transcurridos desde que el sumario tuvo entrada en la Audiencia no suponen dilación alguna, puesto que hasta hace cuatro días no se completaron las diligencias.

El cohecho -recibir u ofrecer regalos o dinero a cambio de una medida administrava- conlleva penas de hasta seis años de prisión. La prevaricación -dictar una resolución injusta a sabiendas- implica la privación del cargo y la inhabilitación para ejercerlo durante la condena.

Xosé Luis Barreiro no hizo declaraciones. Sólo emitió a primera hora de la tarde de ayer una escueta nota, en la que señala: "Tratándose de un hecho que trasciende incluso más allá de mis criterios e intereses personales, no haré por el momento ninguna valoración hasta mantener las conversaciones institucionalmente necesarias". Fuentes próximas a Barreiro anunciaron posteriormente un recurso contra el procesamiento. [Barreíro se reunió anoche con el presidente de la Xunta, Fernado González Laxe, para realizar un primer análisis del procesamiento, informa Europa Press].

La decisión tomada ayer es un nuevo capítulo de una historia que comenzó en marzo de 1986 En ejercicio de las competencias transferidas a la comunidad autónoma para desarrollar una normativa sobre el juego, el entonces vicepresidente de la Xunta aliancísta, Xosé Luis Barreiro, otorgó la concesión de una lote ría instantánea, llamada Tres en raya -y basada en este juego infantil- a la Sociedad General de Juegos de Galicia (SGJG), a cuyo frente figuraba Juan Carlos Olano Fernández.

En esa fecha, la sociedad mencionada no estaba inscrita en el registro mercantil. En agosto de ese mismo año, la SGJG pasó a depender de Cirsa, una de las empresas líder del sector de los juegos recreativos. Tres meses después, y al parecer debido a las circunstancias de esta operación, Gerardo Fernández Albor anuló la medida.

El hallazgo del documento de concesión, firmado por Xosé Luis Barreiro -en una carpeta que también incluía otros dos firmados por Barreiro y Olano renunciando a la misma- fue el último cartucho empleado por AP de Galicia para intentar detener la operación de la moción de censura.

El 23 de septiembre, un día antes de la votación en el Parlamento gallego, el responsable de la asesoría jurídica de la Xunta Clemente González Peón, presentó denuncia por presunta prevaricación en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago. Su titular, Paulíno Vega, inició el 28 de octubre las investigaciones y dos meses después remitió las diligencias a la Audiencia Territorial.

El pleno de la Audiencia solicitó la investigación de la fortuna personal de Barreiro y de los otros implicados. Durante el procedimiento declararon ante el magistrado ponente e instructor del caso, Juan José Reigosa, varios altos cargos de Alianza Popular, entre ellos el hoy vicepresidente Mariano Rajoy.

La concesión del juego había sido objeto de varias interpelaciones por parte del parlamentario socialista Fernando Martínez, actualmente asesor del presidente gallego Fernando González Laxe. La beligerancia del parlamentario y de la central UGT cesó a raíz de la formación del actual Gobierno gallego.

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