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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Candidato de la discordia

LA FRUSTRADA elección parlamentaria del magistrado Roberto García Calvo, candidato propuesto por Alianza Popular para cubrir una vacante en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha resultado más conflictiva de lo que se preveía. Una primera votación provocó el enfrentamiento en el seno del principal grupo de la oposición por el absentismo parlamentario que se produjo en sus filas el día de la elección, impidiendo ello la designación de su propio candidato. Ahora la postura contraria manifestada por el Grupo Socialista en una segunda votación parlamentaria -lo que de nuevo frustra la elección del candidato de la derecha- ha originado una agria disputa entre Alianza Popular y el partido del Gobierno.¿Qué es lo que ha ocurrido para que el compromiso alcanzado en su día entre socialistas y aliancistas en tomo al candidato propuesto por estos últimos no se haya mantenido hasta el final? Los aliancistas acusan al partido del Gobierno de ruptura del consenso institucional y de haber utilizado el caso para castigarlos por su postura en el tema de la comisión de investigación sobre el tráfico de influencias. Los socialistas replican que, una vez fracasada la elección del candidato de AP en el momento en que fue sometida a una primera votación, no estaban obligados a mantener ulteriormente su compromiso sobre este mismo candidato. Pero al margen de acusaciones y de justificaciones, lo que parece claro es que la personalidad política del candidato está en el origen del conflicto. Ni Alianza Popular parece que sopesó suficientemente esta circunstancia al postularlo como candidato, ni los socialistas estuvieron bastante informados al darle su apoyo.

La biografía política del magistrado Roberto García Calvo, antiguo gobernador y jefe provincial del Movimiento en la provincia de Almería, es la de una persona identificada con el régimen franquista y cuya ideología actual, según testimonios solventes, puede considerarse como de extrema derecha. En contra de lo expresado estos días por algunos portavoces de Alianza Popular, ello no es un dato baladí. Que un partido que proclama su fe en las instituciones democráticas y en los principios constitucionales postule a alguien que no comparte esas convicciones para formar parte del órgano de gobierno del Poder Judicial es un hecho político de primera magnitud. No se trata de ejercer el revanchismo respecto del pasado de nadie ni la discriminación respecto de su presente. Se trata simplemente de que quien es propuesto para integrarse en una institución tan representativa del régimen democrático como es el Consejo General del Poder Judicial debe ofrecer las máximas garantías de respeto y aceptación sin reserva de su papel constitucional. Si existen indicios más que racionales de que ello no sea así, un mínimo de coherencia y prudencia políticas exigiría la búsqueda de otro candidato -y los hay abundantes en la magistratura española- que a su ubicación ideológica en el terreno de la derecha uniese una inequívoca actitud democrática.

Lo sucedido, en todo caso, muestra la fragilidad en que se asienta el consenso al que obliga a los grupos políticos la exigencia constitucional de las mayorías cualificadas para elegir a los miembros de las instituciones de origen parlamentario: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Administración de RTVE, etcétera. Más que consenso propiamente dicho sobre el candidato propuesto -lo que implica una cierta convergencia de criterios entre los grupos que conforman la mayoría exigida-, lo que se practica es un puro mercadeo transaccional mediante el cual cada grupo elige por su cuenta al candidato o candidatos que le corresponde en el reparto y que después serán designados con la agregación puramente mecánica de los votos de los otros grupos. A veces el sistema deja entrever su verdadera entraña y acontece que algún grupo desconoce por completo a quién vota, como le ha ocurrido al PSOE con el candidato de AP al CGPJ. Es entonces cuando los partidos se ven tentados a hablar poco menos que de traición o de engaho, según le haya ido a cada cual en la feria, cuando lo realmente lamentable es la perversión operada en el método de elección.

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