La futura ley sobre estadística incrementará las sanciones para quienes no contesten los censos y encuestas
La futura ley estadística elevará considerablemente las sanciones a quienes no contesten las encuestas y censos del Instituto Nacional de Estadística (INE), según anunció ayer su director general, Javier Ruiz Castillo. Desde las 5.000 pesetas de tope actual, se podrá pasar, por ejemplo, a 50.000 e incluso a. 500.000 pesetas en los casos más graves.En un seminario sobre estadísticas organizado por el INE, en colaboración con el Colegio de Economistas de Madrid y la Asociación de Periodistas de Información Económica, Javier Ruiz Castillo señaló que la ley debe regular la información que el Estado exija obligatoriamente a los ciudadanos, y especialmente a las empresas. Además de poner como ejemplo las citadas cuantías -"quizá pequemos de optimistas y habrá otros que las rebajen", dijo-, el director general del INE precisó que las respuestas obligatorias se pedirán por lo general a las empresas, mientras que la información solicitada a los hogares podrán mantener el carácter voluntario.
Nuevo borrador
De las palabras de Ruiz Castillo se desprende que "a primeros de marzo" habrá un nuevo intento de consensuar un borrador de ley estadística, con el fin de que posteriormente el Gobierno decida enviarlo a las Cortes, como en anteriores ocasiones -el proyecto de reformar por ley el aparato estadístico dura ya más de diez años-. Existe el propósito de consultar al Consejo Superior de Estadística, a las comunidades autónomas, a los departamentos implicados de la Administración y al propio personal del INE, que independientemente va a aumentar sus efectivos tanto en los niveles de técnicos y facultativos como en los laborales y de encuestadores.El director genreal del INE negó que exista un caos estadístico, como han señalado algunos medios, y calificó la supuesta pérdida de credibilidad de las estadísticas oficiales como "una aparente crisis, un epifenómeno de situación porque no difundimos las cosas bien".
Tras insistir en que la oficina nacional estadística no debe depender de las Cortes, reiteró que "es imposible la posibilidad de manipular el índice de precios al consumo, la encuesta de población activa, la contabilidad nacional u otras estadísticas".
"De momento no tengo argumentos para dimitir", declaró sobre la petición que ha realizado el diputado Rioboo (CDS), después de solicitar los datos que sirvieron para elaborar el IPC de agosto (0%). Insistió en que si alguien duda sobre la veracidad de las cifras, "que nos demuestre que están mal construidas".
