Hacia un colegio democrático
El próximo 9 de marzo se van a celebrar elecciones en el Colegio de Médicos de Madrid. La repercusión que el tema está teniendo en los medios informativos y las circunstancias en que se desarrolla la convocatoria, adelantada tres meses, vuelven a plantear, para el autor de este artículo, la necesidad de adaptar los colegios profesionales a una sociedad democrática y avanzada.
La campaña para elegir un nuevo presidente para los médicos de Madrid está condicionada, aparte de algunos intereses económicos, por el contenido fuertemente politizado, de manera partidista, de las actuaciones de la actual junta directiva del Colegio de Médicos de Madrid (CMM): se quiere seguir manteniendo a este organismo como un puntal de la política de oposición, como un poder fáctico tanto en lo político como en lo sindical.Al hilo de esta situación convendría reflexionar sobre lo que debería ser el papel de los colegios de médicos en una sociedad democrática del último tercio del siglo XX.
La primera cuestión que se plantea es la necesidad de su profunda democratización, para poder responder al pluralismo social, económico e ideológico de la profesión. Y ello obliga a cambiar su estructura, en la actualidad profundamente antidemocrática. Por volver al ejemplo del CMM, se van a celebrar unas elecciones en las que la candidatura que obtenga más votos (aunque sólo sea uno) se adjudicará todos los puestos de la comisión permanente, aplastando así a las opciones que resulten minoritarias. Pero, es más, el elemental principio democrático de una persona, un voto no se cumple en este caso.
En estas elecciones, algunos colegiados podrán votar en varias vocalías (por ejemplo, un médico de hospital privado que tenga consulta en un ambulatorio y ejercicio privado podrá hacerlo en las de hospitales, extrahospitalaria, asistencia libre y asistencia colectiva), mientras otros, varios millares en este caso, que acabaron su carrera hace más de cinco años y aún continúan en paro, no podrán hacerlo en ninguna. Así se privilegia el voto de sectores muy determinados de la profesión, marginando precisamente a los médicos más necesitados de apoyo.
Esta marginación se hace aún más intolerable cuando se excluye a los MIR de las mesas electorales ubicadas en los hospitales, estableciendo una discriminación que tiene como única finalidad el dificultar el voto de los sectores que se piensa menos afines. Si no hay una profunda democratización, los colegios de médicos seguirán siendo un instrumento de poder para unos pocos y funcionando a espaldas de la mayoría.
Funciones
Los colegios de médicos, hasta el momento, han participado de funciones de carácter público y privado al mismo tiempo. Las funciones privadas deberían desaparecer del campo de actuación de los colegios y ser asumidas por asociaciones o sindicatos que los profesionales, de acuerdo con los diversos intereses parciales, creen.
¿Qué funciones públicas podrían abordar los colegios de médicos? En mi opinión, cuatro, fundamentalmente: llevar un registro público de quienes ejercen la profesión liberal, como garantía de que han obtenido una cualificación técnica que les habilita para ello; la colaboración con los tribunales de justicia a la hora de determinar pericialmente si ha existido o no malpraxis profesional; la elaboración de informes y estudios científico-técnicos sobre los temas a debate o las necesidades de la población (estudios sobre las necesidades sanitarias, planes de salud, planificación de recursos humanos, puesta al día de determinados problemas científicos, evaluación de la calidad asistencial, etcétera), y procurar que la cualificación de los profesionales se mantenga y actualice a través del tiempo, desarrollando programas formativos y científicos que aseguren el nivel de los profesionales, usando para ello todos los medios a su alcance (resulta, por ejemplo, estremecedor comparar las revistas científicas editadas por los colegios británicos o norteamericanos con panfletos como el Madrid Médico).
Queda el problema de las labores deontológicas de los colegios de médicos. En teoría tienen su sentido en la defensa de los intereses de los ciudadanos, pero ¿ha sido así? La realidad es que se han usado para defender a una parte, ni siquiera la mayoría de los colegiados, y han servido para imponer sanciones a personas que disentían de las posturas del aparato de los colegios de médicos (por ejemplo, el caso de los sancionados en Cádiz por defender las consultas de enfermería).
Hay dos razones que parecen descalificar esta actividad deontológica. La primera es obvia y de orden sociológico: cuando un grupo se organiza separadamente dentro de la sociedad, su tendencia es a defender sus propios intereses y no los generales, especialmente cuando éstos entran en conflicto. La segunda es que los ciudadanos ya tienen suficientes resortes civiles y penales para defender sus intereses. Así, todas las faltas tipificadas en los estatutos de la Organización Médica Colegial en defensa de los ciudadanos (por cierto que siete, frente a las ocho que dedica a defenderse a sí misma) están incluidas como delito en el Código Penal. Pero, es más, se rompe un principio jurídico elemental, que es el de que una persona sólo puede ser sancionada una vez por el mismo hecho, lo que ocurriría en actuaciones tipificadas a la vez como delitos y como faltas'en el código deontológico.
Libre colegiación
Naturalmente, los colegios de médicos sustentan su supuesta representatividad en la obligatoriedad que todos tenemos de colegiarnos para el ejercicio profesional. Parece ¡lógico que después de la aprobación de la Constitución siga obligándose a un sector profesional a pertenecer a los colegios médicos, más aún cuando ello no sucede en todos los sectores profesionales; por ejemplo, los abogados, que de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial pueden no estar colegiados cuando "actúen al servicio de las administraciones públicas o entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral", estableciéndose así un agravio discriminatorio para los médicos.
La colegiación hoy día no asegura ni una mayor cualificación (los títulos los expiden la universidad y el ministerio) ni un mejor control. Sólo cuando los profesionales y los ciudadanos reconozcan que la pertenencia a un colegio médico es consecuencia de una solvencia profesional y científica y no sólo de la posesión de un título académico o de la necesidad de trabajar, y cuando los colegios médicos desarrollen actividades profesionales y científicas que sean interesantes para los médicos, entonces, aunque voluntaria la colegiación, la mayoría de los profesionales deseará pertenecer a esta institución, como ya sucede hoy en los países donde hay libre colegiación, porque la colegiación voluntaria establecerá un control de la mayoría sobre las actividades de los colegios médicos, que se verán obligados a responder realmente a los intereses e inquietudes de la mayoría de los profesionales.
No quisiera finalizar sin sefialar que en este tema, fundamental para ese cambio democrático de la sociedad española que un día nos prometiera el actual Gobierno, éste ha demostrado la incapacidad de afrontar los problemas y dar soluciones que realmente permitan la adecuación del país a las necesidades de una sociedad moderna, y ha dejado pendiente la nueva ley de colegios profesionales, que la propia Constitución obliga a realizar. Parece que aquí, como en otros terrenos, tendrá que ser la sociedad la que obligue a la Administración a afrontar las reformas que prometió realizar.
es médico, miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
