Numerosas irregularidades y presuntas corrupciones en la cooperacion española con Guinea Ecuatorial

Madrid - 26 oct 1987 - 00:00CET

La cooperación española con Guinea Ecuatorial muestra numerosas irregularidades y presuntas corrupciones, que han hecho que la mayor parte de los responsables en Malabo, dependientes de la Oficina de Cooperación con Guinea Ecuatorial (OCGE) hayan sido discretamente relevados en las últimas semanas; mientras, continúan unas investigaciones que han producido ya una denuncia ante la Audiencia Nacional y otra ante las autoridades del Ministerio de Transportes.

Fuentes gubernamentales y del Ministerio de Asuntos Exteriores admitieron que tiene "difícil explicación" el descontrol que ha venido existiendo en la ayuda a Guinea, ayuda cuyo volumen económico, alrededor de dos mil millones de pesetas anuales, es superior al que nuestro país invierte en toda Latinoamérica.Un informe reservado, conocido hace algunas semanas por los más altos responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, y al que ha tenido acceso este periódico, muestra hasta qué punto ha llegado el citado descontrol en la cooperación prestada desde 1979 a la última colonia española: en las conclusiones del informe, una inspección encargada por las propias autoridades de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional a la subdirección del control de la gestión del Ministerio de Exteriores, se afirma que "puede resumirse que la gestión económica de la cooperación con Guinea en poco o nada se ha ajustado a las normas administrativas y presupuestarias".

La inspección, encargada desde Madrid, señala la "notable imprecisión" en la confección de los presupuestos de la oficina de cooperación en Malabo, de la que dependen 230 cooperantes españoles (más que los existentes para todo el resto del mundo); irregularidades en la contratación de personal guineano, que no disfruta de seguridad social ni vacaciones; existencia de nóminas no firmadas; falta de retenciones de IRPF o Seguridad Social; horas extras sin justificar y gratificaciones "a personas no contempladas en plantilla alguna"; falta de inventarios de muebles en las viviendas del coordinador general y del oficial mayor (ambos fueron recientemente sustituidos, aunque, hasta ahora, se evitó cualquier publicidad en estos cambios); automóviles cuya propiedad no está clara; utilización de los aviones Aviocar para fines ajenos a su función; irregularidades en los libros de contabilidad ("carecen de la mínima fiabilidad", afirma textualmente el informe); errores múltiples en las cuentas, cuando éstas existen; existencia de una caja B, por valor de más de 90 millones de pesetas, para "gastos no presupuestados".

Denuncia judicial

Además, la inspección, iniciada el pasado mes de marzo y concluida en agosto, acusa a la oficialía mayor de la OCGE en Malabo de "no haber reintegrado nunca al Tesoro los importes ingresos por diferencias de cambio, ni justificado al MAE el destino dado a dichas diferencias". Tampoco se cumple "mínimamente" la ley de Contratos del Estado en el sistema de compras, y se realizaron compras privadas con fondos públicos (los redactores del informe no llegan, aparentemente, a explicarse la existencia en los almacenes, no reseñada, de grandes partidas de tabaco rubio y bebidas alcohólicas). El ex director de la Universidad de Educación a Distancia en Malabo, Luis de la Rasilla, fue acusado de presentar justificantes escasos e insuficientes, alegando "autonomía universitaria", razón por la que fue denunciado a la Audiencia Nacional por la OCGE.

También fue denunciado "un alto fancionario" del Ministerio de Transportes, cuyo nombre no ha sido hecho público, por cobrar un plus superior a 360.000 pesetas mensuales como concepto de su permanencia en Guinea; la denuncia, efectuada ante las autoridades del citado ministerio, se presentó al comprobarse que el funcionario no sólo no residía en Guinea -sino en Madrid-, sino que ni siquiera esporádicamente se desplazaba allí.

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Entre los puntos menores existentes en el informe existen algunos que constituyen un buen indicio del funcionamiento que hasta ahora ha venido rigiendo entre los responsables de la cooperación en Malabo: así, figura el pago, por valor de más de un millón de pesetas de repuestos para el automóvil del presidente de la República, Teodoro Obiang. El informe subraya la "importante descoordinación" existente entre la OCGE en Madrid y la oficina en Malabo, que funcionaba, de acuerdo con fuentes del palacio de Santa Cruz, "como un virreinato". Estas mismas fuentes resaltaron que el máximo responsable de la cooperación en Guinea, el embajador en Malabo, Antonio Núñez, quien ocupó algunos altos cargos con UCD, "en todo momento cooperó con los investigadores". Pese a ello, o tal vez por ello, Núñez será relevado próximamente, por llevar más de tres años en un puesto considerado especialmente difícil e incómodo.

20.000 millones sin control

La cooperación española con Guinea Ecuatorial, es decir, la ayuda que nuestro país presta a la que fuera la última de sus colonias, supera desde 1979 los 20.000 millones de pesetas, según cálculos no exactos -resulta muy difícil, dada la tradicional escasez de datos fiables, cuantificar con mayor precisión- La llegada, hace dos años, de Fernando Riquelme a la dirección de la OCGE, oficina creada en 1981 tras un período de no poca confusión política y administrativa en los asuntos relacionados con Guinea, trató de poner fin a un estado de cosas considerado, cuando menos, "caótico". Y, para colmo, poco rentable: la penetración de potencias extranjeras -primero soviética y marroquí, posteriormente francesa y ahora, al parecer, hasta surafricana- es creciente en Guinea Ecuatorial, país continuamente en busca de un protector que financie sus enormes necesidades y carencias. Al propio tiempo, según testiomonios imparciales, decrece la influencia española; no es de extrañar, por tanto, que cundiese la alarma entre los responsables de la diplomacia española cuando supieron, hace tres semanas, que una empresa francesa, France Cable, había ganado a la Compañía Telefónica Nacional de España el contrato para hacerse cargo de buena parte de las comunicaciones de Guinea Ecuatorial.Este estado de cosas parece haber llevado a un cierto desánimo a un sector del Gobierno -centrado en el equipo económico-, lo que hace que en el palacio de Santa Cruz exista una relativa aprensión por el futuro de la cooperación con Guinea. Pero suprimir esta cooperación, como, por su lado, tratan de hacer los responsables del Banco Exterior de España con Guinextebank, resulta difícil, porque existen compromisos de Estado y porque, además, como explicó recientemente un alto cargo de Exteriores, "la imagen de nuestro país está en juego". Fuentes del palacio de Santa Cruz resaltaron que en el futuro "habrá que introducir racionalidad" y, sobre todo, "un control férreo" para evitar que en Guinea "acabe dándose una situación de virreinato de hecho, donde los funcionarios actúan como en un reino de taifas". La inspección encargada por los responsables de la Secretaría de Estado para la Cooperación a la Subdirección del Control de la Gestión, dependiente de la Dirección General del Servicio Exterior del MAE (subdirección conocida en el argot interno del palacio de Santa Cruz como los hombres de Harrelson), constituye tan sólo un primer paso. De momento, las investigaciones, a la busca de responsabilidades presentes y pasadas, prosiguen.