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Deslizarse en agua

Los parques acuáticos buscan atracciones más emocionantes sin una legislación sobre su seguridad

Primero fue Estados Unidos quien adivinó que la gente se aburre y se gasta poco dinero sí sólo se baña y toma el sol. Nacían así los parques de atracciones con agua, piscinas con olas, toboganes, cascadas y ríos artificiales. La idea se extendió por los países turísticos. A España llegó hace tres años. Benidorm y Torremolinos fueron los pioneros. Y en este año se ha producido la invasión en las costas levantina y andaluza, Canarias, Baleares y Madrid. Dieciocho parques acuáticos en funcionamiento y ocho más en proyecto proponen atracciones cada vez más divertidas y arriesgadas para atraer al cliente a su territorio. Con la invasión han llegado, gota a gota, los problemas.

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Primero, lesiones. Después, denuncias de lesionados. Más tarde, el pasado martes, la muerte de Xavier Martín, un niño de once años, en el Acuadiver de Platja d'Aro (Gerona) ha hecho plantearse si proponer tanta emoción no supone también correr demasiados riesgos. Aún está por llegar una normativa concreta sobre medidas de seguridad regulando qué atracciones pueden resultar excesivamente peligrosas o cuántos monitores y socorristas ha de haber en instalaciones de este tipo. La mayoría de los parques cuentan, sin embargo, con un completo equipo de socorristas y monitores. En previsión de posibles accidentes, se tienen contratados además seguros de accidentes y responsabilidad civil que cubren los percances sufridos por cualquier usuario.

Cuando María Teresa Pastor y otras dos personas presentaron en los primeros días de agosto denuncias por lesiones contra el parque acuático de Villanueva de la Cañada (Madrid), inagurado el 1 de agosto, el director del centro, Evaristo Gómez, se apresuró a señalar que "quien no cumple las normas inscritas en carteles informativos y los consejos de los monitores corre un riesgo". Aseguró que es normal que se produzcan rasguños y pequeñas heridas con cierta frecuencia, "pero no lesiones graves" y recalcó que Aquópolis dispone de dos médicos, dos enfermeras y 62 socorristas y monitores que orientan a los usuarios sobre cómo disfrutar de los inventos de ocio sin lastimarse. Cifras parecidas son las que manejan el resto de los parques en proporción con la magnitud de las instalaciones.

El alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida Brunete, explica que la ausencia de una normativa específica obliga al ayuntamiento a realizar una constante acción de vigilancia sobre Aquópolis, que se anuncia como el mayor complejo de atracciones acuáticas de Europa. "Aunque la empresa diga que les sometemos a un constante acoso, no puede ser de otra forma. Es un expediente que no podemos cerrar, como se cierra el de una cafetería, pues hemos de permanecer en constante alerta sobre los riesgos que se puedan descubrir. Si se han producido lesiones por tirarse de cabeza por el tobogán, a pesar de las recomendaciones, hay que conseguir que la norma se respete tajantemente, que absolutamente nadie lo haga".

Aparte de los informes redactados por los técnicos municipales y las advertencias de los colegios profesionales de ingenieros y arquitectos, la normativa básica que se aplica a estos establecimientos recreativos es un decreto de la Administración central del 30 de noviembre de 1981 sobre actividades molestas, nocivas y peligrosas.

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Condiciones higiénicas

En el caso de Madrid, sirve también de referencia una orden dictada por la comunidad autónoma el 25 de mayo de 1987 sobre las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas públicas. En su articulado se encuentra la prohición de construir en lo sucesivo canalillos o lavapiés circundantes al vaso de la piscina y la obligación de que el andén que rodea la pileta sea de material impermeable y no resbaladizo, con una anchura mínima de 1 metro y pendiente hacia fuera del vaso. Sobre toboganes se especifica que habrán de ser de material inoxidable, lisos y sin juntas. El paso del agua de la piscina a la depuradora se hará mediante rebosadero perimetral continuo. En otros casos, el hecho de que los parques instalados en España sean filiales de empresas extranjeras que ya cuentan con negocios de este tipo en otros países es una guía clara de cómo se han de hacer las cosas. Aqualand, en Blanes (Gerona), es propiedad de una empresa francesa propietaria del parque de Beziers. En Salou (Tarragona), la empresa nacional Dragados y Construcciones comparte la propiedad con otra empresa francesa, que posee tres instalaciones repartidas por Europa. El complejo recreativo proyectado en el nudo sur de Madrid será construido y explotado durante 30 años por la sociedad Damar, compañía filial de una empresa británica ya asentada en el Reino Unido y Portugal.

Aqualandia, en Vendrell (Tarragona), ha sido financiada con capital norteamericano. Antonio Astudillo, director financiero y de personal, sale al paso de cualquier posible acusación sobre deficiencias higiénicas o de seguridad con una rotunda frase: "Seguimos la normativa americana, y son técnicos americanos los que revisan nuestras instalaciones". Esas directrices, que son las que faltan en España, regulan, por ejemplo, la cantidad y distribución de los monitores, su preparación y tiempos de descanso y rotación para que no se distraigan o pierdan el interés por aconsejar a los usuarios.

Aunque sin normativa específica, toda instalación que quiera ser abierta en Cataluña ha de pasar la revisión efectuada por el Departamento técnico de construcción de la Generalitat. Los ayuntamientos son, en cualquier caso, los que conceden la definitiva licencia de apertura y los que pueden decretar el cierre si se detecta alguna irregularidad. Anicet Clará, alcalde de Platja d'Aro, ha asegurado que el mismo día en que murió el niño Xavier Martín en Aquadiver se iba a proceder al cierre del parque. Una semana antes, una joven de 25 años fue atendida en la Cruz Roja de Castell d'Aro por conmoción a consecuencia de una caída sufrida en las mismas instalaciones, en funcionamiento sin la correspondiente licencia municipal.

Golpes y aventura

A menudo son también los ayuntamientos los que ceden los terrenos a cambio de que la explotación del recinto pase a sus manos tras un período de concesión de unos 30 años. Tal es el caso de Salou (Tarragona) y Mijas (Málaga). Las caídas y contusiones leves siempre han sido minimizadas por los responsables de este negocio sirviéndoles como argumento que la media de personas que se pasan en un día de verano por cualquiera de estos puntos es de 4.000. Los precios de la entrada rondan las mil pesetas. Entre las aventuras propuestas: bajar por un tobogán gigante a 80 kilómetros por hora. Entre los reclamos publicitarios hay uno que se repite: somos los únicos de Europa, somos los más grandes de Europa, somos los primeros de Europa. Porque saben que las comparaciones con los cientos de parques estadounidenses siempre resultarían odiosas.

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