Entre Rabat y Argel
LA REVELACIÓN de que las autoridades argelinas han tratado de boicotear la venta de armas españolas a Marruecos mediante la acogida controlada de etarras en su territorio no hace sino añadir perfiles aún más preocupantes al marco en el que se han desarrollado los problemas surgidos después de la muerte en accidente de Txornin Iturbe. Es evidente que a España le interesa evitar que sus relaciones con Argelia empeoren y mantener igualmente un buen trato con Marruecos, pues necesita unas relaciones de conjunto con los países del norte de África, como dijo el presidente Felipe González ante el Congreso. En ese orden las cosas no van por buen camino.La opinión española tiene derecho a pensar que, amparándose en un acuerdo establecido con Madrid sobre la presencia de etarras en aquel país, Argelia ha ayudado, o mostrado simpatía, a miembros de una banda terrorista que lucha con métodos criminales contra nuestro régimen democrático. Eso tiene poco o nada que ver con la solidaridad con los movimientos de liberación. La obsesión del Gobierno argelino por contrarrestar lo que él considera excesiva influencia de Marruecos en Madrid no es nueva, pero es un grave error jugar, en ese plano, con ciertas formas de apoyo a los enemigos de la monarquía parlamentaria y de la convivencia civil. No bastan las explicaciones oficiales, y aún menos la rememoranza de que el terrorismo de la Organización del Ejército Secreto (OAS) tuvo sus bases en España, y que sus restos han sido utilizados precisamente en la construcción del terrorismo de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Lo sucedido estos días entre Argelia y Madrid es de una gravedad inaudita y la prudencia que ha demostrado el Gobierno socialista amenaza con confundirse con una cierta inoperancia.
Por parte española, las contradicciones en las que han incurrido las autoridades después de la muerte de Txcimin y la demostración patente de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ignoraba lo hecho por el Ministerio del Interior han constituido un espectáculo lamentable. Todo sugiere la carencia de una política definida y unitaria ante el Magreb, que queda en gran medida a merced de diversos órganos del Estado, cada uno actuando por su lado. La sensación que ha dado el Gobierno en los últimos meses es que entre la multitud de servicios que se ocupan de las relaciones con Argel no figura prioritariamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, y sí en cambio los servicios de seguridad. Ello obliga a hacer una pregunta previa: ¿era acertado proponer, o aceptar, como se hizo, que Argelia acogiese etarras expulsados de Francia? Muchas razones aconsejaban lo contrario; no sólo la proximidad geográfica, sino la existencia bien conocida en ese país de una proliferación de grupos revolucionarios, más o menos protegidos por una comisión de solidaridad dependiente del partido oficial, el Frente de Liberación Nacional (FLN).
Por otra parte, aunque haya tenido ciertos resultados positivos, el viaje de Alfonso Guerra se hizo en condiciones poco normales. No fue a Argelia como vicepresidente del Gobierno, invitado por el Gobierno argelino, sino como dirigente del PSOE, invitado por el FLN. Ello daba a sus reuniones cierto sello de ambigüedad. Es obvio que las relaciones entre dos partidos son algo específico, aunque ambos estén en el poder. Quizá ese método pueda ser útil en ciertos casos; en éste, a todas luces, no ha sido así. El viaje de Fernández Ordóñez, previsto para finales de este mes, debería permitir relanzar un capítulo muy importante de nuestras relaciones con el Magreb. Pero para que eso suceda constituye prioridad absoluta una clarificación por parte de los dos Gobiernos respecto al estatuto de los terroristas de ETA en aquel país y la consideración que merecen a las autoridades argelinas. Pues no es posible olvidar que los integrantes del comando España, o Madrid, sobre los que pesa la culpabilidad de horrendos asesinatos y crímenes terroristas, han recibido el tratamiento de huéspedes oficiales de Argel. Todo ello después de que el vicepresidente del Gobierno español recibiera garantías en el sentido de que Argelia no permitiría acciones terroristas contra España.
