Gobierno y ayuntamientos devolverán la contribución urbana a quien lo solicite

De los seis millones largos de contribuyentes que han pagado durante los últimos cuatro años tipos superiores al 20% en la contribución urbana o al 10% en la rústica y pecuaria, sólo recibirán su dinero quienes lo soliciten, si prospera la posición mayoritaria expresada ayer por representantes del Gobierno y de los municipios en una reunión que duró casi cinco horas.

La sesión había sido convocada formalmente para negociar el proyecto de ley de financiación de las haciendas locales. Pero la urgencia expresada por los ayuntamientos en iniciar las devoluciones de los tramos de la contribución que han sido declarados inconstitucionales provocó que buena parte de la reunión se dedicara a analizar este problema.Según las versiones de cuatro asistentes, el Gobierno -por boca del ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, y del de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia- propuso zanjar las " serias disparidades jurídicas" en el seno de la Administración y con los ayuntamientos mediante una consulta al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la forma de realizar las devoluciones y sobre quién debe pagar en última instancia.

Por el imperativo político de iniciar cuanto antes las devoluciones -compartido por las dos partes, pese a que los ayuntamientos quieren devolver con cargo al Estado y el Gobierno pretende impedirlo-, el Ejecutivo concedió una semana a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que consulte a su consejo federal sobre una solución de compromiso.

Las reticencias de la FEMP en aceptar la consulta al Tribunal Constitucional se basan principalmente en el temor a demorar el inicio de las devoluciones, que muchos ayuntamientos desearían realizar antes de la próxima campaña electoral. Importa menos a las corporaciones locales saber cuál será la Administración que debe pagar al final, pues la FEMP ha visto en la sentencia de inconstitucionalidad un apoyo implícito a sus tesis.

En aras de combinar esta urgencia con la idea de no cometer arbitrariedades al devolver el dinero, incluso entre los ayuntamientos ha ganado mayoría la idea de que las devoluciones sólo se hagan previa solicitud del interesado. "No parece razonable una devolución de oficio", declaraba tras la reunión el presidente de la FEMP y alcalde de Valladolid, Tomás Rodríguez Bolaños. El alcalde comunista de Córdoba, Herminio Trigo, quien propuso el sistema de oficio, precisaba ayer que admite las razones en contrario: evitar que reciban la devolución quienes no pagaron, como las inmobiliarias o los arrendadores que se limitaron a repercutirlo sobre los clientes o inquilinos.

Sobre el proyecto de ley de financiación local, Bolaños dijo: "Hemos visto perspectivas de subsanar problemas de pasado y de futuro".