Tres ex directores del Banco Industrial del Mediterráneo, procesados por supuestas irregularidades

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha dictado auto de procesamiento contra tres ex directores generales del Banco Industrial del Mediterraneo (BIM), que perteneció al grupo de Banca Catalana, por presuntas irregularidades cometidas en la administración de la empresa Vilarrasa Sicra, Sociedad Anónima, dedicada a la manipulación, de maderas, y cuyo 75% del capital perteneció a la citada entidad bancaria. El juzgado ha procesado también por los mismos hechos a seis directivos de la firma maderera y a tres miembros del comité de empresa. El juzgado ha fijado para los acusados una fianza total de 706 millones de pesetas para hacer frente a las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del sumario.

Este procedimiento judicial se inició en 1982, cuando 19 trabajadores de Vilarrasa Sicra, SA, presentaron una querella contra los ex directivos de la empresa por incumplir un plan de viabilidad pactado con el Gobierno en abril de 1980.Gracias a este plan de viabilidadad la empresa Vilarrasa recibió de la Administración ayudas por un importe total de 460 millones de pesetas, a pesar de lo cual se rescindieron los contratos de los obreros y se procedió a la clausura de la factoría nueve meses después de recibidas las subvenciones oficiales, según se asegura en la denuncia.

Los querellantes imputaban también a los acusados un presunto delito de falsedad en los documentos aportados en un expediente de crisis y de otro delito de apropiación indebida de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social por un importe total de 39 millones de pesetas.

Cuatro años después de que se iniciara la instrucción del sumario, el juez Fernando Fernández de Bobadilla, titular del Juzgado número 1 de Valencia, ha dictado auto de procesamiento contra tres ex directores generales del Banco Industrial del Mediterráneo que a si vez formaban parte del Consejo de Administración de la empresa maderera.

Apropiación indebida

El juez acusa a Javier Ribó Massó, Heliodoro Bertomeu Gil y Manuel Castellá Beltrán de un presunto delito de apropiación indebida de cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social, fijándoseles una fianza total de cinco millones de pesetas para hacer frente a las responsabilidades civiles y con la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes al juzgado.

Las acusaciones más graves han recaído sobre el ex presidente del consejo de administración de la empresa maderera, Jorge Béjar Camarote, y los ex consejeros delegados Ángel González Adrio y Salvador Vilarrasa Balanza, a quienes se les ha procesado por los supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad y estafa, señalándoseles una fianza solidaria de 700 millones de pesetas.

Según el juez, los tres acusados dejaron de ingresar cuotas obreras a la Seguridad Social por un importe total de 27 millones de pesetas, incumplieron el plan de viabilidad pactado con el Gobierno y con los trabajadores, traspasaron de forma ¡lícita y en detrimento de Vilarrasa bienes valorados en 200 millones de pesetas y falsearon también diversos datos del expediente de crisis de la empresa maderera.

En el mismo auto se procesa a los dos fundadores y ex propietarios de la firma, los hermanos Salvador y Juan Vilarrasa Alsina, a los que se acusa de apropiación indebida de cuotas obreras a la Seguridad Social.

Al primero se le imputan, además del delito de apropiación indebida, los de falsedad y estafa, presuntamente cometidos al incluir su nombre en la lista de los obreros afectados por el expediente de crisis con la intención de cobrar los subsidios de desempleo, a pesar de que hacía dos años que había dimitido de sus cargos en la empresa. Por estos hechos se le exige una fianza de 15 millones de pesetas.

Comité de empresa

El juez ha decretado también el procesamiento de tres miembros del comité de empresa, Antonio Gallardo, Benjamín Sancho y Emilio López López, a quienes se acusa de los delitos de estafa, al falsear sus categorías y antigüedades en los documentos aportados en el "expediente de crisis para obtener ventajas económicas.

También se les ha procesado por unas presuntas coacciones a los compañeros que interpusieron la querella criminal. El auto les fija a estos tres una fianza solidaria de un millón de pesetas. El auto de procesamiento acusa asimismo al apoderado de la firma, Herminio García Bargaña, de un presunto delito de falsedad en la documentación del expediente de crisis, recayéndole una fianza de 100.000 pesetas.