La proposicion de ley de Financiación de los Partidos limita las donaciones privadas
El Grupo Socialista del Congreso de los Diputados distribuyó ayer a los portavoces parlamentarios de la oposición su borrador de proposición de ley de Financiación de los Partidos Políticos, en la cual se propone que los grupos que reciban subvención estatal no podrán obtener aportaciones de más de diez millones de pesetas de cada persona o entidad. El texto reclama que el incumplimiento de los preceptos legales para los partidos con representación en el Parlamento sea sancionado con una multa equivalente al doble de la contribución o donación ilegalmente aceptada. El portavoz del grupo socialista, Eduardo Martín Toval, iniciará esta misma semana la negociación con la oposición sobre este documento.El Partido Demócrata Popular fue ayer el que acogió más favorablemente la proposición de ley socialista, mientras que el resto de los grupos parlamentarios de la oposición prefirió estudiar con más profundidad el documento antes de pronunciarse. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Grupo Popular) se disculpó anoche por no emitir una opinión al "no haber leído todavía el texto con detenimiento". Agustín Rodríguez Sahagún (Centro Democrático y Social), Modesto Fraile (Partido Demócrata Popular) y Enrique Curiel (Izquierda Unida) se mostraron satisfechos de que la iniciativa excluya la asunción por el Estado del pago de las deudas contraídas hasta este momento por los partidos políticos.
Rodríguez Sahagún manifestó que el CDS propondrá que la subvención estatal tenga en cuenta el conjunto de los votos obtenidos por cada partido.
La proposición de ley señala que las subvenciones que el Estado distribuirá cada año entre los grupos que ocupan escaños en el Congreso deberán destinarse a los "gastos de funcionamiento ordinario" de dichas organizaciones. Éstas no podrán recibir, directa o indirectamente, contribuciones anónimas ni aportaciones por un valor superior a diez millones de pesetas por parte de cada persona o entidad donante.
Según la proposición socialista, también está vetada la recepción de aportaciones procedentes de empresas públicas y de "empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna administración pública".
El documento elaborado por los diputados del PSOE propone que los partidos deberán redactar anualmente una relación de las contribuciones o donaciones que han recibido, así como mantener "registros contables detallados que permitan en todo momento conocer su situación patrimonial" y el cumplimiento de los preceptos legales.
