El juez ordena la prisión del gerente de una clínica de Salamanca por no facilitar fichas de abortos
El juez Hilario Muñoz decretó ayer la prisión incondicional de Jesús Fiel, director gerente del Instituto Canalejas, de Salamanca, por negarse a entregar los 3.000 historiales clínicos que guarda y por haber manifestado ante los medios de comunicación que "o se paraba este asunto o daba a conocer los nombres de las 3.000 mujeres que habían abortado", según el auto de ampliación de procesamiento.
El juez considera que la afirmación de Jesús Fiel puede constituir un delito de amenazas. Por otra parte, su negativa a entregar tales historiales durante la declaración de ayer por la mañana puede constituir un posible delito de desobediencia.El juez, que ordenó la devolución de la fianza de 10 millones de pesetas impuesta para la liberación de Jesús Fiel el martes pasado, había procesado poco antes a los dos médicos del centro, Álvaro Civieta y José Nieto, y les impuso una fianza de medio millón de pesetas a cada uno. Esta cantidad fue recolectada por sus amigos, en una hora.
Las declaraciones imputadas por el juez a Jesús Fiel fueron realizadas por uno de los dos abogados presentes en la conferencia de prensa que el director y el resto del equipo del Instituto Canalejas realizaron con periodistas salmantinos. Jesús Fiel, sin embargo, dijo en torno al tema que el juez le imputa que "sólo depende del aparato judicial el que el secreto profesional y el respeto a la intimidad de la mujer se mantenga o no se mantenga".
El abogado Julio Fernández Segura explicó que si el caso seguía adelante y había más procesamientos se pediría que se aplicara la ley hasta sus últimas consecuencias, y para ello se procesará también a todas las mujeres que habían abortado, para lo que se entregarían los historiales. Estas declaraciones estaban encuadradas en la defensa política de los inculpados y en la lucha por el aborto libre, que se considera la única posible en el caso.
Mientras tanto, se ha organizado una coordinadora que une a partidos y grupos de izquierda, incluido el PSOE, para apoyar a los miembros del grupo y organizar una campaña por la legalización del aborto libre, y se ha abierto una cuenta corriente para recoger dinero con el que pagar las fianzas que pueda imponer en adelante el juez. Están también previstas una campaña de autoinculpación y diversas manifestaciones en Madrid y Salamanca.
Campaña
Uno de los médicos procesados ha manifestado que en estos días mantienen contactos "con gente del Gobierno" que les ha prometido ampliar la ley lo antes posible, y "lo que han dicho muy claro es que van a dar una respuesta a la campaña que está montando la derecha, que va dirigida, más que contra nosotros, contra el Gobierno". En contra de estos apoyos que llegan al grupo desde organizaciones de toda España, la asociación Pro Vida ha convocado una manifestación para el domingo en Salamanca.
Según algunos datos recogidos por EL PAÍS, uno de los médicos procesados sólo había realizado abortos a partir del 11 de septiembre en Plasencia (Cáceres), y el otro, sabiendo para qué era, sólo realizaba las exploraciones previas para conocer el estado de la paciente. En todo caso, todos los miembros del equipo aseguran que desconocen a las personas que trabajaron antes en el Instituto Canalejas.
El equipo considera también que los abortos que han realizado, pese a carecer de autorización legal el centro, estaban contemplados por la ley, especialmente en lo referido a la salud de la madre -psíquica en este caso-, pero también en otros supuestos, ya que allí se han practicado abortos a mujeres violadas, heroinómanas y con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), además de otro tipo de enfermas que se ponían en contacto con el instituto.
