Siete vocales piden que el poder judicial insista ante la incomparecencia de guardias civiles
Siete de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) firmaron ayer una propuesta dirigida a su presidente, Antonio Hernández Gil, para que el pleno del órgano de gobierno de la justicia vuelva a pronunciarse sobre la incomparecencia de guardias civiles ante la juez de Bilbao María Elisabeth Huerta. Los siete vocales solicitan que éste sea el primer punto del orden del día del pleno previsto para el próximo jueves, 25 de septiembre. Por otra parte, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, tiene previsto informar al consejo judicial el próximo miércoles, día 24, sobre el respaldo gubernamental a la incomparecencia de guardias civiles.Fuentes próximas a los firmantes manifestaron que el motivo de esta iniciativa es la necesidad, en la que coinciden los siete vocales, de que el órgano de gobierno del poder judicial, que hasta ahora se ha limitado a recordar la obligación constitucional de cumplir los mandatos judiciales, se pronuncie con mayor amplitud. Las mismas fuentes consideraron especialmente conveniente este pronunciamiento del Consejo tras las explicaciones, estimadas insatisfactorias, dadas por el Gobierno al Parlamento los pasados miércoles y jueves.
El escrito -firmado por los vocales José Luis Calvo, Julián Serrano, Adrián Celaya, Juan Antonio Linares, Emilio Berlanga, José Augusto de Vega y Pablo Castellano- propone a Hernández Gil, para el pleno, el siguiente punto: "debate y nuevo pronunciamiento sobre: la no comparecencia de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, María Elisabeth Huerta". Para el caso de que no sea posible, los siete vocales solicitan que se clebre pleno extraordinario sobre el mismo tema. Para esta petición basta que lo soliciten cinco consejeros.
El pleno del CGPJ se pronunció el pasado 5 de septiembre sobre la incomparecencia de guardias civiles a raíz de una decisión del Gobierno. El acuerdo, adoptado por unanimidad "en defensa de la independencia judicial", señalaba que el Consejo "cree necesario insistir en la obligación constitucional de todos y cada uno de los ciudadanos y de los poderes públicos de cumplir las resoluciones y mandatos judiciales".
