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Reportaje:

Una pequeña 'guerra de la indepencia'

Zagra y, Loja andan a la greña por conseguir ser ayuntamientos separados

ALEJANDRO V. GARCIA Una sentencia del Tribunal Supremo dictada en marzo pasado anuló la segregación de las localidades granadinas de Loja y Zagra, distantes una de otra alrededor de 20 kilómetros. Desde entonces, los vecinos de Zagra han provocado cortes de carretera, manifestaciones y la ocupación del Ayuntamiento de Loja, en demanda de la aceleración del nuevo expediente de independencia de los dos pueblos. La autonomía municipal de Zagra es tina vieja aspiración que se remonta a la dictadura de Primo de Rivera. El Ayuntamiento de Loja se ha mostrado favorable a concederla, si bien el único punto de desacuerdo se refiere a cuáles deben ser los límites de cada municipio.

La creación del Ayuntamiento de Zagra se hizo a través de un real decreto, aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno de UCD en julio de 1982, aunque no se formó hasta las elecciones municipales ole 1983. El Tribunal Supremo observó defectos, formales en el expediente: de segregación y decidió anular la independencia hasta tanto no fueran subsanados a través de una nueva solicitud. El Ayuntamiento de Loja, pueblo de unos 20.000 habitantes, hizo una encuesta entre los residentes en los anejos cercanos de la que se desprende que ninguno de ellos desea pertenecer a Zagra. Bajo esta premisa, Loja emprendió el nuevo trámite de segregación, que, a juicio de Zagra, se: está demorando debido a la "mala voluntad" de los lojeños.

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Tras la sentencia del Supremo, los casi 1.700 vecinos de Zagra protagonizaron diversos actos de protesta. El Ayuntamiento de esta localidad está compuesto por nueve miembros, antiguos militantes de UCD y hoy independientes. La mediación del gobernador civil, Pedro Temboury, entre el alcalde de Loja, el socialista Manuel Martín, y el de Zagra, Juan Jiménez, no surtió efecto. En abril pasado se produjo el primer corte de carreteras de los zagreños, y la primera huelga general en la localidad, pese a que en Loja se comenzó a reunir los documentos necesarios para solicitar de la Junta de Andalucía la concesión de la segregación. A mediados del pasado mes, la corporación municipal de Zagra se encerró en el Ayuntamiento de Loja. Al acto de protesta se unieron unos 300 zagreños, que forzaron el portón del edificio consistorial y pasaron a su interior, del que fueron desalojados junto a sus representantes municipales por una compañía de reserva de la Guardia Civil sin que se produjeran incidentes. Sin embargo, el gobernador civil, que intentó de forma infructuosa una nueva mediación, fue zarandeado cuando salía del Ayuntamiento.

Amenazas al alcalde

En los últimos días, el alcalde de Loja ha recibido diversas amenazas contra su integridad física y la de su familia. La última fue una carta, firmada por un autodenominado Piquete de Zagreños, del que dicen formar parte tres personas, en la que se le daba un plazo de siete días para que el pleno aprobara la segregación bajo amenaza de secuestrar y matar a un hijo suyo. Manuel Martín es padre de seis hijos con edades comprendidas entre los 16 y 22 años. Esta amenaza provocó la semana pasada sendas manifestaciones simultáneas en Loja y Zagra contrarias a cualquier acto de violencia.

Juan Jiménez, alcalde de Zagra, declaró que el caso de los anónimos se está manipulando, ya que considera injusto afirmar que proceden de su pueblo hasta que no concluyan las investigaciones de la Guardia Civil. Los habitantes de Loja, por su parte, han vivido todo el conflicto desde una tensión callada, si bien, tras los últimos acontecimientos, los ánimos han debido ser calmados. Incluso se ha llegado a crear una comisión en defensa de la integridad territorial de Loja. El comité local del PSOE de esta localidad, al tener conocimiento de los anónimos, aprobó un comunicado en el que se recomienda al grupo municipal socialista que no apruebe la segregación hasta que no se aclare la identidad de los autores de las amenazas.

Para el Ayuntamiento de Loja no se ha producido ninguna demora en la gestión del nuevo documento de independencia, y si ha habido alguna, ha sido a causa del retraso de la entrega de los documentos por parte de Zagra. De hecho, el alcalde, Manuel Martín, se ha comprometido a pasar al pleno municipal el expediente en el plazo de 15 días a partir de que Zagra rectifique y aporte subsanados una serie de documentos.

Al margen de las movilizaciones, Zagra ha emprendido dos recursos por vía judicial. Uno extraordinario de revisión ante el Supremo y otro ante el Tribunal Constitucional que fue admitido a trámite el 17 de julio. Este último recurso fue presentado por el abogado Salvador Martín de Molina en nombre de Zagra. El escrito ve una presunta inconstitucíonalidad en la decisión del Supremo de anular las actuaciones municipales subsiguientes a la fecha en la que se: constituyó el Ayuntamiento de Zagra, ya que atentaría contra el derecho de los vecinos a participar en los asuntos públicos a través del sufragio y contra el derecho de los concejales a ejercer sus cargos públicos y a permanecer en ellos.

Separación de bienes

Pese a la sentencia, el Ayuntamiento de Zagra continúa funcionando con normalidad, mientras que los vecinos reiteran la idea de conseguir la independencia y que los dejen tranquilos. Sólo quieren que se reconozca este derecho ansiado por varias generaciones. En Loja, entre tanto, hay voluntad para conceder la independencia. Se respetará, dicen, la decisión democrática de los zagreños, pero también se tendrá en cuenta la actitud de los vecinos de los anejos favorable a pertenecer al territorio de Loja. Este Ayuntamiento reclamará a la Administración las partidas económicas distribuidas al Ayuntamiento de Zagra durante su etapa de autonomía, ya que se consideran sus legítimos receptores tras la sentencia del Supremo.

Loja, tras la creación del Ayuntamiento de Zagra, descendió varios puestos en la escala de importancia de la provincia de Granada. Pese a todo, es posible que Zagra no consiga su independencia, dados los plazos legales, hasta finales de 1986 o principios de 1987.

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