Españoles sin patria
MILES DE musulmanes residentes en Melilla realizaron ayer una manifestación para protestar contra la aplicación de la ley de extranjería y en petición de que les sea concedida la nacionalidad española. La demostración era la segunda convocada por el mismo motivo este mismo mes. De los 27.000 musulmanes que viven en dicha ciudad -una tecera parte de los habitantes de la misma-, sólo unos 7.000 tienen nacionalidad española. Los 20.000 restantes, aunque muchos de ellos son nacidos en la propia Melilla, son apátridas, y sus derechos como ciudadanos no alcanzan los niveles mínimos de dignidad en un país con un régimen democrático. Unos 6.500 miembros de ese colectivo han conseguido el privilegio de poseer la denominada tarjeta de estadística, un cartón cuya validez sólo alcanza la simple identificación de quien la porta y de los familiares a su cargo, pero que no da derecho a comprar o alquilar viviendas, ni al subsidio de desempleo, ni a viajar a la Península. Alrededor de 5.000 o 6.000 musulmanes más pueden demostrar suficientemente que, como sus padres -muchos de los cuales formaron parte del Ejército del general Franco-, han nacido en Melilla. Ni éstos ni los otros 8.000 integrantes del colectivo disponen de documento alguno, y se encuentran a merced del arbitrio del vecino que quie ra denunciarles, del policía que desee identificarles o de la decisión del gobernante de turno. En cualquier mo mento pueden ser expulsados de un país que es el suyo -con o sin DNI- a otro país -siempre Marruecos donde sólo podrán esperar también la expulsión. Muchos de ellos se hacinan en barrios especiales, donde las condiciones sanitarias son mínimas por el abandono a que han sido sometidos por los sucesivos ayuntamientos, fuera cual fuera su color político. La ley orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, de fecha 1 de julio pasado -conocida como ley de extranjería-, ha sido la opor tunidad perdida para arreglar esta situación. Sin em bargo, si la ley es de por sí mala, resulta aún peor cuan do se contempla a la luz de sus efectos sobre estos musulmanes, discriminados en comparación, por ejemplo, con los latinoamericanos y con los ciudadanos origina rios de Gibraltar. El artículo 22 de la norma dice: "El extranjero que se presente en dependencias del Ministerio del Interior manifestando que, por carecer de na cionalidad o por cualquier otra causa insuperable, no pueda ser documentado, por las autoridades de ningún país y que desea ser documentado en España, después de practicada la pertinente información, podrá, excepcionalmente, obtener, en los términos que reglamenta riamente se determinen, un documento identificativo que acredite su inscripción en las referidas dependen cias y que le autorice a permanecer, por el tiempo que se señale, o salir del territorio español". Con este artículo, los apátridas melillenses ven consagrada la provisionalidad de la tarjeta de estadística, o como la quieran llamar en el futuro las autoridades. Y será en el me jor de los casos, porque la misma ley señala, en su ar tículo 26, que no se concederá tan excepcional privilegio a los que, por ejemplo, no tengan permiso para tra bajar y lo hagan, o simplemente a los que no tengan medios lícitos de vida", concepto este, el de la licitud, que parece igualmente destinado a ser resuelto por los recovecos mentales de cada autoridad constituida. Al mismo tiempo, para completar el ciclo discriminatorio, se señala (artículo 23) que "los nacionales iberoamericanos, portugueses, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, sefardíes (sic) y las personas originarias de la ciudad deGibraltar, cuando pretendan realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional por cuenta ajena, tendán preferencia para trabajar en España sobre otros extranjeros". Pintadas de tinte racista, llamadas de la propia Delegación del Gobierno para que los musulmanes no acudieran a la manifestación, peticiones a través de algunos medios de comunicación para que sean expulsados los moros fueron coacciones a las que tuvieron que hacer frente los musulmanes melillenses en los días anteriores al sábado. La intervención directa del delegado del Gobierno, Andrés Moreno, que, utilizando fondos públicos, ha plagado la ciudad de llamadas contra la demostración, merece una explicación parlamentaria a este país, que celebra ahora los 10 años de la transición democrática. En su arrogante propaganda, la primera representación del Gobierno de Madrid en la ciudad aseguraba, entre otras cosas, que "la asistencia a la maniféstación convocada para el próximo día 23 en protesta contra esta ley, cuya aplicación, como ya se ha expuesto, sólo pretende beneficiar en todos los órdenes al colectivo musulmán, entiende esta Delegación del Gobierno que sólo puede obedecer a una mala información vertida por quienes desean desvirtuar las verdaderas intencioÚes del Gobierno español, creando la duda y el terror en un colectivo que merece todo nuestro respeto y consideración". Pero los métodos del terror están en otrá parte: el único musulmán melillense que tiene título universitario, Aornar Mohameddi Duddu, fue expulsado del PSOE hace unos meses tras publicar en este periódico un artículo de denuncia sobre la situación. Ahora, Aomar intenta formar un partido político integrado casi en exclusiva por musulmanes, aunque apoyado también por minorías de otras colectividades de valerosos ciudadanos de Melilla no dispuestos a transigir con una situación que cubre de lodo la moral política de este Gobierno y arroja sombras preocupantes sobre la estabilidad política y el futuro real de aquella plaza de soberanía.
