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González ha prometido fijar un sistema definitivo de financiación autonómica antes de fin de año, según Pujol

El presidente del Gobierno, Felipe González, se comprometió anteayer con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a resolver, con fecha 31 de diciembre de este año, el problema de la financiación autonómica, fijando un sistema definitivo para Cataluña, aplicable a todas las comunidades autónomas de régimen general, con la intención de que no se refleje en los presupuestos de 1986. Pujol informó ayer de este "compromiso verbal" a los líderes de los partidos parlamentarios catalanes, durante la cumbre sobre financiación autonómica que se celebró por la mañana en la Generalitat. El presidente catalán explicó su conversación con González, sin referirse a una hipotética disolución del Parlamento de Cataluña, que impediría el referéndum sobre la OTAN. Altos cargos de la Generalitat: y del partido socialista catalán (PSC) descartaron ayer que en la entrevista se hubiera tratado este tema.

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Mientras el líder del principal grupo de la oposición en Cataluña, el socialista Raimon Obiols, valoraba extraordinariamente al salir de la reunión multipartidista el que González y Pujol hubieran coincidido "en el diagnóstico de la situación", y en la voluntad de "corregir" y de culminar la negociación este año, asegurando que "ya se ha recorrido la mitad del camino", el jefe del Gobierno catalán acogió con bastantes reservas la propuesta del presidente del Gobierno.En una conferencia de prensa realizada para dar cuenta de su viaje a Madrid y de lo discutido en la cumbre de partidos catalanes, Pujol subrayó repetidamente que el actual sistema de financiación es "muy malo y contradictorio con su propio objetivo" y destacó otras tantas veces "la discriminación técnica y política que sufre Cataluña", donde, según sus datos, se percibe un total de 16.000 pesetas por habitante en concepto de funcionamiento, mientras que las autonomías de régimen foral reciben 93.000 (el PSC afirma que algo menos) y el promedio estatal se sitúa en las 27.000 pesetas per capita.

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El presidente de la Generalitat recordó que la responsabilidad de este estado de cosas y del desarrollo de la España de las autonomías estaba muy compartida desde 1977, pero que fundamentalmente era del Gobierno central. Manifestó desconocer las bases del nuevo modelo de financiación que el Gobierno central desea negociar.

El poco entusiasmo que ha despertado en Pujol la oferta del presidente del Gobierno se debe, según sus afirmaciones, a la decisión del Gobierno central de que el modelo que se acuerde no se aplique hasta los presupuestos del Estado de 1987. "La promesa de Felipe González", indicó el presidente catalán, "no nos garantiza nada de cara a 1986, ni siquiera que la nueva fórmula sea buena".

Pujol manifestaba su escepticismo al mismo tiempo que, visiblemente más relajado que en las últimas ocasiones, admitía la vía de la negociación ("Solchaga pide paciencia, necesitan acabar de entrar en el tema"), y declaraba estar a la espera de la llamada del ministro de Economía. Reconoció que el acuerdo era "técnicamente difícil" y elevando el tono de firmeza dijo que la institución catalana no renunciaba a que el nuevo sistema de financiación autonómica pueda ser incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 1986 "aunque Felipe González y Carlos Solchaga sean contrarios a ello".

Esta afirmación rotunda fue replícada inmediatamente por el líder del PSC. "Es una falsedad", puntualizó Obiols, "asegurar que los presupuestos de 1986 quedan ya al margen del potencial acuerdo". "No se puede decir esto ni lo contrario, pues dependerá de la misma negociación" añadió.

Para facilitar que las futuras normas financieras de las comunidades autónomas surtan efecto el próximo año, Pujol pidió que los PGE de 1986 se aprueben en las Cortes dejando abierta la posibilidad de modificar partidas, para actualizarlas cuando se pacte el nuevo modelo de financiación. Por esta razón propuso ayer a los partidos catalanes que todos sus diputados en el Congreso apoyen una enmienda a la ley de presupuestos de 1986, de acuerdo con la última oferta hecha por la parte catalana de la Comisión Mixta de Valoraciones a Solchaga. Según esta petición, el Gobierno central debía asumir la posibilidad de establecer en 1986 un modelo definitivo de financiación autonómica y la provisionalidad de los PGE.

El presidente de la Generalitat consideré positiva la reunión mantenida con los máximos dirigentes de los partidos de los que espera una respuesta sobre la iniciativa parlamentaria planteada. Todos los grupos, salvo el socialista, se mostraron inicialmente a favor de esta acción y alabaron la cumbre. Esquerra Republicana mostró un gran escepticismo y los comunistas (PSUC) un moderado optimismo.

En su intervención ante los secretarios generales, y posteriormente en la conferencia de prensa, Pujol aseguró que, si no se conseguía el acuerdo para 1986, las perspectivas para Cataluña eran "oscuras, francamente malas". "Sólo se podrá salvar la situación", dijo, por la vía del endeudamiento".

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