Divergencias entre el Gobierno y el PSOE sobre los candidatos al Consejo del Poder Judicial
La elección parlamentaria de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), prevista por el Grupo Socialista para la primera semana de octubre próximo, es probable que se aplace hasta la segunda quincena de dicho mes. Fuentes relacionadas con la elaboración de las listas aseguraron que la elección se encuentra todavía verde. Por el momento, existen divergencias entre la Moncloa -en concreto, la zona de influencia de Alfonso Guerra- y los dirigentes parlamentarios socialistas sobre los criterios para concretar los candidatos, mientras el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, se ocupa de alcanzar una lista única.
El grupo parlamentario quiere elegir un equipo de trabajo con elementos de todos los órdenes jurisdiccionales, a ser posible aceptado por unanimidad y "no madrileñista ni necesariamente integrado por gente señalada", en palabras del presidente del grupo, Eduardo Martín Toval. Las gestiones del área de Alfonso Guerra se encaminan, en cambio, hacia un nuevo consejo formado por personas "con una imagen patente que simbolice la lucha por la reforma de la justicia y que signifique un revulsivo en la carrera judicial", según una fuente de la Moncloa.La misma fuente señala que no conviene hacer concesiones a los sectores conservadores, porque es preciso asegurarse la mayoría de tres quintos de los 20 vocales del consejo -o sea, 12 consejeros- exigida por la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para la elección del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, propuesta de magistrados del Tribunal Constitucional, elección de los cuatro vocales que, con el presidente, forman la comisión permanente, y elección de los cinco miembros de las dos importantes comisiones disciplinaria y de calificación.
Por lo demás, en la Moncloa existe interés por encuadrar la elección de los 20 vocales del órgano de gobierno del poder judicial en el marco de las designaciones de juristas de alto nivel que se han de producir en los próximos meses. Especial preocupación suscita la de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, por lo que se estima conveniente esperar al sorteo, previsto para mediados de octubre, que permitirá conocer si los magistrados a renovar son los cuatro que corresponde elegir al Senado o bien el grupo formado por los dos que designa el Gobierno y los dos que propone precisamente el CGPJ.
El criterio de la Moncloa es evitar apresuramientos para no quemar en un puesto a juristas que podrían ser valiosos en otro. El Gobierno desea tener en cuenta, antes de cerrar las listas para el CGPJ, que en enero de 1986 termina el mandato de Eduardo García de Enterría como juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que a partir de esa fecha, como consecuencia de la integración en la Comunidad Económica Europea (CEE), será necesario designar también un magistrado del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, un abogado general ante el mismo tribunal (cargo rotatorio con Portugal) y un representante ante el Tribunal de Cuentas de la CEE.
Negociar y recurrir
Otra razón para no apresurar la elección es el contenido, todavía no conocido, del recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Grupo Popular contra la LOPJ. Aunque destacados dirigentes parlamentarios socialistas consideran independiente este recurso y la negociación de la lista de candidatos, los sectores más progresistas del Gabinete estiman que si el grupo de Fraga, en su recurso, impugna ante el Tribunal Constitucional la elección parlamentaria del CGPJ -cosa que no han hecho, por ejemplo, los recursos de las comunidades autónomas cata lana y vasca-, "no hay nada que negociar", o al menos el signo de la negociación será muy diferente.El plazo para la presentación del recurso expira el 3 de octubre, y hasta 20 días después no corresponde la renovación del CGPJ. Por lo demás, en la Moncloa se tiene presente que el artículo 115.2 de la LOPJ establece que el consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. Más importancia tiene para la dirección socialista asegurar con las minorías la holgada obtención de los tres quintos de votos en cada Cámara.
