La degradación del derecho internacional
EXISTEN ESPERANZAS de que las negociaciones en curso permitan obtener la liberación de los ciudadanos norteamericanos detenidos como rehenes en Beirut. El secuestro de personas inocentes para ejercer un chantaje sobre un Estado es una acción odiosa que viola todas las normas de la civilización. Estados Unidos ha sufrido en dos casos espectaculares -en Irán en 1979 y en la actualidad- situaciones de ese género, que han provocado una indignación legítima de los ciudadanos norteamericanos. No son casos aislados: se inscriben en el marco de un incremento acusado de los actos de terrorismo en los últimos años, dentro de numerosos Estados y en el plano internacional. La adopción de medidas de vigilancia y control más estrictas que hasta ahora en los puntos particularmente vulnerables, como los aviones y los aeropuertos, y una mayor cooperación internacional en la lucha antiterrorista son, a todas luces, medidas necesarias.Este incremento de los casos de terrorismo forma parte de una serie de fenómenos que se están desarrollando en la escena mundial con una aceleración preocupante, y que pueden calificarse, en términos generales, como una degradación de los valores políticos y morales que están en la base de las normas universalmente reconocidas de la comunidad internacional, y en particular, una actitud de desprecio hacia la Carta de las Naciones Unidas. En la celebración del 40º aniversario de la fundación de ésta, en San Francisco, hace unos días, el secretario de Estado norteamericano, George Shultz, ha declarado que este abandono de los principios de la Carta se debe a la actitud de la URSS y de numerosos países del Tercer Mundo. Atribuir semejante responsabilidad a la URSS en la degradación de la vida internacional está justificado: basta para ello recordar el caso de Afganistán. Y en numerosos casos, países del Tercer Mundo han actuado violando las normas del derecho internacional. Pero quedarse aquí sería a todas luces una explicación coja.
Todo lo que hace EE UU, precisamente porque es la mayor potencia del mundo, tiene consecuencias enormes, difíciles de medir. Por razones históricas, EEUU ha desempeñado un papel de suma importancia en la elaboración del actual derecho internacional. A Wodrow Wilson le corresponde la gloria de haber dibujado en 1919 la primera idea de una Sociedad de Naciones, que dió origen, después de la II Guerra Mundial, a la actual Organización de las Naciones Unidas, cuya sede se encuentra además en una ciudad norteamericana, Nueva York. Silenciar la responsabilidad de EE UU en la degradación de las normas jurídicas internacionales sería un error muy serio. El caso más obvio e inmediato es el de Nicaragua. La Carta de las Naciones Unidas establece, en el punto 4 de su artículo 22: "Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado". ¿Cómo compaginar con este principio los discursos del presidente Reagan o la decisión de financiar los grupos armados que combaten contra el Gobierno legal de Nicaragua? En una sentencia de abril de 1984, el Tribunal Internacional de Justicia dio la razón a Nicaragua en su queja contra el minado de sus puertos y las actividades de grupos armados en su suelo, organizados por organismos norteamericanos. Estados Unidos rechazó la competencia del alto tribunal y prosiguió su apoyo a los contra, lo cual implica -como puso de relieve un manual de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) publicado en la Prensa de Washington- fomentar actos de terrorismo. Conviene recordar que en el caso del secuestro de los diplomáticos norteamericanos en Teherán fue Jomeini y su Gobierno quienes despreciaron la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, que daba la razón a EE UU. Es, pues, evidente que una serie de aspectos de la política de Washington como los citados más arriba contribuyen de diversas formas a este proceso tan peligroso que estamos viviendo de marginación de las Naciones Unidas y de desprecio hacia las normas y los principios jurídicos internacionales.
La situación actual exige un esfuerzo político que va más allá de un reforzamiento de las medidas encaminadas a frenar el terrorismo. Es imprescindible restablecer unas reglas del juego que sean comunes para el conjunto de los Estados. No será ni fácil ni rápido lograrlo. Es evidente que los agudos conflictos entre diversos Estados, y entre grupos de Estado, no van a desaparecer. Pueden incluso agudizarse en determinados lugares y coyunturas. Pero la Carta de la ONU no estaba prevista para un mundo tranquilo y sin contradicciones. Tendía precisamente a garantizar unos cauces y unos techos para que esas contradicciones no desembocasen en guerras. Hoy es fundamental revitalizar la Carta de la ONU; restablecer, a partir de ella, unas normas jurídicas comunes para que la confrontación internacional no sea un retorno a la ley de la jungla.
