El Gobierno inicia su último mandato con disensiones internas e importantes retos políticos

FERNANDO JÁUREGUI, El Gobierno de Felipe González, a punto de cumplir, el próximo día 3 de junio, sus dos años y medio de mandato, entra a partir de ahora en una recta final que, dentro de un año, en junio de 1986, desembocará previsiblemente en las elecciones legislativas. Sin cambios espectaculares a la vista en la composición del Gabinete durante los próximos 12 meses, pese a los ya patentes roces entre departamentos y entre sus titulares y también pese a las graves disensiones surgidas en el seno de la familia socialista, muchos ministros se aprestan a afrontar la que sin duda será la más difícil etapa de su gestión. La última etapa.

González puntualizó ayer, en la localidad cacereña de Alcántara, que las elecciones se celebrarán "cuando tengan que ser", resistiéndose a confirmar o desmentir la fecha de junio de 1986; pero con este calendario trabajan hace meses desde altos cargos de la Administración hasta los responsables electorales del PSOE. A mayor abundamiento, el propio portavoz gubernamental, Eduardo Sotillos, admitió recientemente que agotar la legislatura -es decir, celebrar elecciones en octubre de 1986crearía problemas al nuevo equipo ministerial en la elaboración de los presupuestos. Todo apunta, pues, a que los comicios legislativos serán convocados exactamente dentro de 12 meses, por más que la oposición insista en un previsible adelantamiento para el invierno de este mismo año.

El mes de junio, período prevacacional y de preparación de lo que posiblemente será un nuevo otoño caliente, se presenta lleno de obstáculos y trampas para un equipo ministerial que, como alguna vez ha proclamado orgullosamente Felipe González, es el más duradero de Europa. Y al que, al parecer, y según diversas fuentes gubernamentales, "ya no merece la pena remodelar, para el tiempo que queda y dado el grado de cohesión que se ha conseguido".

Desde el Pleno de la Seguridad Social, el próximo jueves, en el Congreso de los Diputados -primera prueba para evaluar el verdadero clima existente en el interior del Grupo Parlamentario Socialista ante la reforma de las pensiones elaborada por el Ejecutivo-, hasta la necesidad de tener elaborado antes de julio un anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 1986 -despedida de estos menesteres para más de un miembro del equipo González-, pasando por el Día de las Fuerzas Armadas, las semanas venideras se presentan políticamente apasionantes. Tampoco puede olvidarse, en la elaboración de un calendario de acontecimientos, la manifestación convocada por UGT para el día 4 de junio, ni la firma de la adhesión a la CEE, el 12, ni la celebración del primer comité federal del PSOE tras el 30º congreso, los días 22 y 23. Menos aún puede omitirse la celebración del debate parlamentario sobre la permanencia de España en la OTAN, que tendrá lugar dentro del mes próximo.

Punto central en este debate será la forma definitiva de la pregunta que será sometida al referéndum sobre la OTAN. El tema plantea ya algunas diferencias de criterio dentro del propio PSOE: mientras un sector minoritario, representado por Txiki Benegas, insiste en que el referéndum debe ser plebiscitario, es decir, que el Gobierno debe condicionar su permanencia a que la consulta se gane, Felipe González insiste en que tendrá carácter consultivo.

Todo indica que la pregunta que será sometida a votación tratará de obviar la dicotomía OTAN, sí/ OTAN, no, para preguntar más bien a los españoles si están de acuerdo con el decálogo expuesto en su día por el presidente González ante el Parlamento (que incluye la permanencia en la Alianza Atlántica, la no inclusión en los organismos militares de la OTAN, la disminución de la presencia militar norteamericana en España y el reforzamiento de los lazos defensivos con Europa): "El decálogo tiene más éxito que la pregunta directa de si se quiere o no permanecer en la OTAN", admitió recientemente el portavoz, Sotillos. En cualquier caso, los sondeos encargados por el Gobierno al Centro de Investigaciones Sociológicas, que dirige el catedrático Julián Santamaría, se dirigen en la actualidad a averiguar qué tipo de pregunta contaría con mayor adhesión a las tesis oficiales de mantenimiento en la Alianza.

Boyer, en el ojo del huracán

Pero varios de los componentes del Gabinete de Felipe González no parecen mantener el mejor espíritu ante los retos inmediatos que se avecinan, y que no se reducen tan sólo a la delimitación de la pregunta en el referéndum; estos retos incluyen la preparación del programa electoral para 1986 (que en esta ocasión tendrá previsiblemente que ser pactado con UGT y contener importantes cambios de rumbo respecto del programa de 1982). Por ejemplo, numerosos funcionarios de Economía y Hacienda han mostrado su "pasmo" ante el aparente desinterés público y privado que el titular de la cartera, situado en el ojo del huracán de todas las polémicas, muestra hacia los más espinosos temas de gobierno.

Y eso que entre las prioridades inmediatas del departamento se encuentra la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1986, cuyas líneas generales no serán en absoluto expansivas -aunque el déficit se mantendrá estacionario en un 4,5%. del producto interior bruto- y de los que ya está comprometido alrededor del 90% del gasto. No es difícil, pues, prever un renacimiento de las tensiones entre ministerios a la hora del reparto de los escasos restos disponibles, máxime cuando la mayor parte de estos restos deben ir a parar a las arcas del Ministerio de Trabajo, para financiar, precisamente, la Seguridad Social. Una apatía semejante a la de Boyer ha sido señalada por más de un alto cargo de Industria respecto de su ministro.

La peculiar dialéctica de Miguel Boyer en los consejos de ministros, su poder de decisión en el Gabinete y el riesgo social de algunas de las medidas que ha preconizado han enconado los resentimientos hacia su persona y hacia su política no sólo en las áreas más sensibles de la familia socialista -UGT, Izquierda Socialista-, sino en el interior del propio equipo ministerial. El titular de Obras Públicas, Julián Campo, mantuvo una dura polémica hace algunas semanas con su colega de Economía y Hacienda, derivada de las medidas impuestas por Boyer, en general, y de la liberalización de las rentas de las viviendas de alquiler -cuya nueva regulación echaba por tierra algunos anteproyectos de Campo-, en particular.

También es ya un secreto a voces que Enrique Barón, titular del Departamento de Transportes, Turismo y Comunicaciones, se encuentra claramente enfrentado a las medidas de Boyer, en una rivalidad que tiene ramificaciones políticas: algunos de los hombres que

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