La situación jurídica del juez De Lecea
La polémica jurídica que ha desembocado en la dimisión del juez Ignacio de Lecea se originó el pasado 22 de febrero, cuando el Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona decidió admitir a trámite un recurso de apelación de los fiscales encargados del caso. En el recurso, los dos fiscales pedían la aportación de nuevas pruebas documentales sobre la doble contabilidad de Banca Catalana y acerca del destino de unos créditos que la entidad otorgó a Jaume Carner, uno de los imputados.Hasta aquella fecha, el pleno de la Audiencia Territorial se había negado a admitir los recursos de apelación planteados por los fiscales, por entender que las decisiones del juez instructor emanaban de la misma asamblea de magistrados y que, por consiguiente, no cabía la posibilidad de que fueran reconsideradas por un tribunal superior. Este criterio había sido el establecido por el pleno el pasado mes de septiembre, en el momento en que se discutió si Jordi Pujol debía declarar oralmente o por escrito. Como en aquella ocasión, según el criterio de los magistrados, no cabía el recurso de apelación, la decisión por la que se otorgó a Pujol el privilegió de poder declarar por escrito se modificó mediante un recurso de queja.
La decisión del pasado 22 de febrero, que consistió en aceptar a trámite un recurso de apelación, significó un cambio importante del papel jurídico que se había otorgado hasta entonces al juez instructor. Con aquel acuerdo, de hecho se le separó del resto del pleno de la Audiencia Territorial, se le responsabilizó jurídicamente de sus propios criterios, se le confirió la misión de instruir en solitario y, en último caso, de supeditar sus decisiones a las del pleno. La situación del juez instructor quedaba configurada por las atribuciones descritas en el artículo 303 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando se asegura que obrará "con jurisdicción propia e independiente". Este acuerdo fue adoptado por 17 votos contra 16. Este cambio de criterio del pleno fue criticado duramente, por Ignacio de Lecea, quien pidió que se reconsiderase la decisión.
