El juez del 'caso Banca Catalana' justifica su dimisión en la falta de confianza de los magistrados y de la opinión pública
La modificación de su situación jurídica, la pérdida de la confianza del Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona y la presión social son las principales razones expresadas por el magistrado Ignacio de Lecea como causantes de su dimisión como instructor del caso Banca Catalana. El presidente de la Audiencia Territorial, Cesáreo Rodríguez Aguilera, no aceptó ayer la dimisión y, según medios jurídicos solventes, ordenó a De Lecea continuar en el puesto hasta que el caso sea examinado por la asamblea de magistrados, prevista para hoy a mediodía. La dimisión, presentada formalmente el sábado, no trascendió hasta la mañana de ayer. La situación ha sido calificada en medios jurídicos como de "inusual" y "sin precedente".
Ignacio de Lecea presentó la dimisión en la secretaría de la Presidencia de la Audiencia Territorial el pasado sábado al mediodía. El día anterior, el pleno de la Audiencia había archivado, sin estudiarlas, las quejas que De Lecea había planteado por lo que consideraba una modificación de su papel jurídico en la instrucción de la causa. En aquella asamblea, algunos magistrados, entre los que se encontraban sus compañeros en la Sala Segunda de lo Civil, intentaron suavizar la decisión del pleno pidiendo que se compensara a De Lecea, otorgándole un voto de confianza, con lo que se hubiera respaldado toda su actuación y se habría evitado el riesgo de la dimisión. Sólo nueve magistrados votaron en favor de esta propuesta, mientras los 24 restantes alegaron que la formulación de un voto de confianza era algo inexistente desde el punto de vista procesal.Ignacio de Lecea confirmó ayer personalmente su dimisión, que calificó de "irrevocable". Añadió que la había estado meditando durante mucho tiempo y que decidió darle curso al conocer los acuerdos adoptados por la asamblea de magistrados. Desde su punto de vista, esos acuerdos reflejaban que había perdido la confianza otorgada por la asamblea el pasado 10 de julio, en la reunión en la que se le adjudicó la tarea. Pero el hasta ahora juez instructor señaló a continuación que no sólo había perdido la confianza del pleno de la Audiencia, sino también la de la opinión pública, ya que continuamente -dijo- se le ha estado bombardeando desde los medios de información dando interpretaciones erróneas de su gestión.
Sumario concluido
"Yo no soy el niño malo de este proceso. No es cierto que estemos seis a cero a favor de los fiscales. Estas informaciones hacen daño, porque no responden exactamente a la verdad", dijo De Lecea al referirse a los recursos planteados por el ministerio fiscal contra algunas de las decisiones que él había adoptado como instructor del caso.El magistrado aseguró también que el sumario del caso Banca Catalana está ya prácticamente concluido, a pesar de que falten las declaraciones de una larga lista de testigos. En su opinión, el caso depende exclusivamente del resultado de las pruebas periciales que se han solicitado.
La decisión de Ignacio de Lecea de abandonar el caso causó ayer perplejidad en medios jurídicos, ya que muchos profesionales del Derecho consideran que no hay ningún principio legal que contemple la posibilidad de que el instructor de una causa plantee su dimisión por discrepancia con un organismo superior. Algunos juristas aseguraron a EL PAÍS que la decisión es "inusual" y "sin precedentes", y que incluso existe el peligro de que alguien la interprete como un posible delito de abandono de funciones. Estas tesis no eran compartidas, sin embargo, por algunos magistrados, quienes confían en que Ignacio de Lecea reconsidere todavía su decisión y retire la petición de relevo. Estos mismos magistrados son los que esperaban, días atrás, que el juez instructor retirase el polémico escrito de queja que ha provocado esta situación.
A pesar de haber presentado la dimisión, Ignacio de Lecea acudió ayer por la mañana puntualmente al juzgado donde se instruye el sumario sobre Banca Catalana, firmó algunos documentos y dio entrada a las personaciones que efectuaron algunos de los abogados de los implicados en el caso, lo que les permitirá asistir a la vista de apelación que se celebrará próximamente. Sin embargo, De Lecea suspendió las declaraciones, previstas para ayer, de tres testigos, y firmó una providencia que fue entregada al ministerio público para que no se presentara en el juzgado. El resto de la jornada lo dedicó a solventar temas relativos a su destino habitual, en la Sala Segunda de lo Civil, y a recibir a los medios de información.
La dimisión de Ignacio de Lecea y su petición de que se responsabilice del asunto al instructor suplente, Enrique Anglada, será examinada hoy por el pleno de la Audiencia. En el caso de que se le acepte, el mismo tribunal nombrará a un nuevo instructor. Este nombramiento podría reacaer sobre el propio Anglada, aunque también hay que considerar el nombre del magistrado Alfonso Hernández Pardos, presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, según algunos pronósticos que se realizaban en medios allegados a la abogacía. Hernández Pardos, que fue durante mucho tiempo presidente de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia, es un experto en derecho procesal y está considerado como un infatigable trabajador, así como un firme y expedito defensor del orden.
