Razones para un indulto
LAS ESPERANZAS. de que José Luis Peciña, capitán del Izarra, salve su vida penden de la decisión que adopte el Consejo Supremo Militar (órgano que concentra teóricamente las máximas competencias legislativas, ejecutivas y judiciales de Nigeria). Pero esa medida política de gracia se halla en gran medida relacionada con el acierto, de las gestiones emprendidas por el Gobierno español para proteger a nuestro desventurado compatriota. Ausente de Madrid el ministro de Asuntos Exteriores, de gira por Checoslovaquia, el propio Felipe González ha dirigido un dramático y urgente mensaje al presidente del Gobierno nigeriano para interceder por la vida del capitán del Izarra y solicitar su posterior indulto y repatriación.Los partidarios de la pena capital tienen un excelente motivo para reflexionar sobre las consecuencias que lleva implícitas la siniestra doctrina según la cual un tribunal de justicia puede privar de la vida a un ser humano con la única condición de salvajes formas procesales y de aplicar los códigos vigentes. La barbarie de la institucionalización de la pena de muerte prevalece sobre cualesquiera otras consideraciones acerca de los requisitos que los juicios orales deben respetar o de las características que los delitos castigados con esa irreparable sanción deben revestir. Una vez aceptada la premisa de que el Estado posee legitimidad para eliminar a quienes conculquen determinadas leyes, el contenido de las normas penales y la definición de las conductas sancionables con la muerte dependen de las tradiciones culturales, de las convicciones ideológicas, de las necesidades económicas, del sentido del derecho y de las directrices políticas de cada sistema de gobierno. Ningún defensor de la pena capital puede indignarse, sin caer en la hipocresía, de que un Estado africano aplique esa terrible sanción a comportamientos que no están castigados con la muerte en nuestra área cultural.
Afortunadamente, los gobernantes españoles se hallan libres de cualquier contradicción y no realizan ningún acto sospechoso de arrogancia eurocéntrica al pedir a las autoridades de Lagos la conmutación de la pena capital dictada contra el capitán Peciña. Nuestra Constitución ha abolido la pena de muerte y nos legitima, en el ámbito internacional, para solicitar de otros Estados un trato de reciprocidad cuando uno de nuestros compatriotas sea sentenciado a muerte dentro de su territorio. Si un nigeriano cometiese en España el más atroz de lo! crímenes, nuestro ordenamiento legal impediría que fuese ejecutado; en consecuencia, y sin necesidad de entrar en bizantinas discusiones acerca de la congruencia: entre los delitos y las penas, nuestro Gobierno se halla cargado de razones éticas y jurídicas para pedir que el español José Luis Peciña, acusado de haber infringido las normas de Nigeria, no sea ejecutado.
Este grave incidente, por lo demás, ofrece ocasión para examinar, de forma retrospectiva, aquella desenvuelta decisión mediante la que nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores trató de intimidar a la tripulación de un pesquero español, apresado por tropas marroquíes en sus aguas jurisdiccionales y arribado por suerte o por astucia a Lanzarote, para que soltara amarras y se entregara voluntariamente a las autoridades de Rabat. Si la soberanía de los Estados para juzgar los comportamientos delictivos cometidos en su territorio por extranjeros es un principio básico del derecho internacional, constituiría una frivolidad empujar a los españoles, amparados en su propio país por un amplio catálogo de garantías procesales y de derechos fundamentales, hacia la ruleta rusa de los tribunales de otras naciones.
Quede, finalmente, para después de la esperada conmutación de la pena de muerte dictada contra José Luis Peciña y su deseada liberación, el comentario que merecen las operaciones de contrabando de gasóleo -carburante subvencionado por el Estado nigeriano para consumo de sus pesqueros y fraudulentamente adquirido por el Izarra para su reventa en el mercado internacional casi al doble de precio- y el papel desempeñado por el verdadero responsable del asunto, que tiene a sus espaldas la espectacular quiebra de la naviera Letasa. José María López-Tapia, que contempla desde lugar seguro las amargas vicisitudes del capitán y de la tripulación del petrolero, es el fletador y virtualmente el armador del buque, adquirido mediante una fórmula de leasing a una empresa francesa. López-Tapia se ha hecho merecedor del desprecio de la opinión pública. El caso del Izarra, que navegaba con bandera panameña, invita a estudiar las medidas que un Estado de derecho, respetuoso de las libertades de los ciudadanos, pero vigilante también del cumplimiento de las leyes, debe adoptar contra las variantes modernas de la piratería y contra las incitaciones a la aventura de quienes no dudan en poner en peligro la vida de trabajadores españoles para llevar a cabo sus negocios turbios.
