El 'bloque conservador' de la Caixa de Catalunya agrava la crisis al destituir a dos altos cargos

La crisis de los órganos rectores de la Caixa de Catalunya se agravó en la noche del pasado lunes cuando una parte de la Comisión de Control de la caja votó la destitución del presidente de la misma, Francesc Adam, y propuso la destitución de su cargo del vicepresidente primero de la entidad, Santiago Marimón, así como su cese como consejero de administración. Este hecho se interpreta como un nuevo reto del llamado bloque conservador contra los representantes de la entidad fundadora y fiadora de la caja, la Diputación de Barcelona, de mayoría socialista. La Generalitat ha recibido las alegaciones de Josep Lluís Sureda contra la decisión de destituirle como presidente tomada de forma controvertida por 11 consejeros el pasado 18 de septiembre.

La reunión del lunes es un paso más en la espiral de tensión desencadenada desde el pasado 18 de septiembre, en que los consejeros partidarios del director general, Joan Bilbao, votaron de forma controvertida la destitución del presidente, Josep Lluís Sureda. Posteriormente, este grupo -que ostenta en el consejo una mayoría relativa, de 11 votos contra 9- designó irregularmente al editor Josep Maria Castellet, del equipo de Sureda, como presidente, operación a la que Castellet hizo caso omiso, y convocó una asamblea general extraordinaria para el próximo día 19, con la intención de reformar los estatutos, de forma que la presidencia no deba recaer en un consejero de la diputación.A estas tres decisiones, que el bloque progresista reputa irregulares, se añade ahora esta cuarta propuesta. La gravedad de la misma proviene no sólo de ser la cuarta, sino, sobre todo, de que amplía el abanico de personas impugnadas por el equipo del director general, antes limitado al catedrático de Economía Política y Hacienda Pública Josep Lluís Sureda. Ello parece diseñar una estrategia de enfrentamiento radical con la entidad que fundó la caja y que garantiza su solvencia, la diputación. El vicepresidente primero y el presidente de la Comisión de Control son, después del presidente, las primeras autoridades de la caja.

La reunión de la Comisión de Control -organismo que fiscaliza al consejo- celebrada el lunes ofrece algunas particularidades que constituyen ya hábito en esta peculiar crisis. No fue convocada por su presidente, Francesc Adam, y a ella no asistieron los tres representantes de la diputación, siendo autoconvocada por el resto de vocales, a los que acompañaron el director general, Joan Bilbao, y su asesor jurídico, el abogado del Estado Ramón Maria Llevadot. Dada la irregular convocatoria, la primera providencia de los reunidos consistió en elevar consulta a la Generalitat -de la que dependen las competencias sobre órganos rectores de las cajas, desde el 29 de diciembre de 1980- sobre su capacidad jurídica para tomar acuerdos.

A reserva del resultado de esta consulta, los reunidos adoptaron dos decisiones: destituir a Francesc Adam -directivo de empresa y, por otra parte, animador del grupo de reflexión Empresa i Socialisme- como presidente de la comisión, alegando que había informado escasamente de la crisis del consejo de administración, sustituyéndolo por J. J. Genís d'Arana; y proponer, el cese de Santiago Marimón no sólo en su cargo de vicepresidente primero de la entidad, sino también como vocal del consejo de administración. Esta propuesta se intentó fundamentar en la presunción de una ruptura del secreto profesional por parte de Marimón.

Al mismo tiempo se decidió requerir al vicepresidente para que, antes del sábado -se ignora si para entonces la Generalitat ya habrá dictaminado sobre la legitimidad del cónclave-, informase sobre la denuncia que presentó ante el Banco de España contra el director general. Esta denuncia fue presentada por Marimón tras la tormentosa sesión del consejo del 18 de septiembre en la que un grupo de consejeros impugnó al presidente Sureda, y se basó en que el director, Joan Bilbao, procedió a cerrar los despachos de presidencia, sin permitir el acceso al vicepresidente, quien, en caso de ser legal el cese de Sureda, le representaba a todos los efectos.

Sureda pide pruebas

Mientras tanto, el procedimiento administrativo abierto por la polémica sobre la legalidad del cese del presidente de la entidad sigue su curso. En el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat se ha recibido ya el escrito de alegaciones presentado por Josep Lluis Sureda, en el que éste pide que se acuerde la nulidad de todas las actuaciones registradas desde que él levantó la sesión del 18 de septiembre, y particularmente la decisión de destituirle en su puesto. En el escrito se solicita también que el procedimiento sea abierto a prueba, según lo dispuesto en el artículo 88 de la ley de Procedimiento Administrativo.

La petición de que se anule el cese del presidente se fundamenta en que, como los estatutos de la caja no abordan esta posibilidad, cabe concluir que el consejo no puede destituir al presidente, ya que titulares de cargos inferiores, como los de vocal del consejo o miembro de la asamblea general, no pueden ser destituidos si no es por justa causa apreciada en asamblea general, y no en sesión de consejo. El escrito anota la grave discriminación que supondría reconocer a la presidencia las máximas atribuciones y dotarle de garantías mínimas, inferiores a las de un vocal.

Además de la argumentación jurídica propia del caso, el escrito recibido en la Generalitat recuerda algunas irregularidades observadas, desde la óptica de Sureda, sobre la tempestuosa reunión del 18 de septiembre. El propio Sureda, dice el escrito, hubo de exigir al director general que informase sobre las posibles incompatibilidades de la consejera Eulàlia Santasuana -relacionada económicamente con la entidad-, quien se negó a ello. La propuesta del cese del presidente, añade el documento, no figuraba en el orden del día, y la petición de algunos consejeros de que constase era prematura, por cuanto cuatro de ellos aún no habían tomado posesión. Finalmente, nadie entregó -como se afirma en el documento llamado acta- ningún escrito al secretario de actas solicitando el cambio en el orden del día. Lo que pasó, dice el escrito, es que mientras se discutía desordenadamente, Joan Bilbao dijo a los consejeros que levantasen el brazo, e hizo un recuento: "Son 11; son 11 " (los partidarios de la destitución).

La discutida exactitud del acta es particularmente interesante en el litigio, dado que el secretario de actas del consejo es el abogado Ramón Maria Llevadot, quien compagina su empleo en la caja con un cargo en la Generalitat (ver información adjunto). Ahora corresponde a la Administración autonómica abrir o no un período de prueba, no superior a 30 días ni inferior a 10, sobre' estos extremos.