El presidente de Kelvinator obstaculiza el acuerdo para la creación de una sociedad laboral
Las últimas condiciones impuestas por el presidente de Kelvinator, Jaime Olazábal, han impedido la constitución de un órgano gestor, tutelado por la Comunidad de Madrid, como paso previo a la creación de una sociedad laboral, gestionada por los trabajadores. El incumplimiento del compromiso adquirido para la cesión gratuita de las acciones por el presidente de CARSA-Kelvinator cierra las vías -según el comité y fuentes de la propia comunidad autónoma- a la continuidad de la empresa y al mantenimiento de unos 400 puestos de trabajo. Los representantes de los trabajadores han anunciado que continuarán con las medidas de presión porque se sienten "burlados".
El estudio McKinsey, base para la reestructuración del sector de electrodomésticos de línea blanca establecía escasas posibilidades para la viabilidad de Constructora de Aparatos de Refrigeración, SA (CARSA), fabricante de los frigoríficos Kelvinator, cuya factoría está en Getafe (Madrid). El Ministerio de Industria decidió en diciembre de 1983 la imposibilidad del reflotamiento de una empresa con un déficit de 4.000 millones de pesetas y cuyo mercado interno se había reducido drásticamente.Frente a las previsiones oficiales, los trabajadores argumentaron la viabilidad de Kelvinator en base a la tecnología no-frost (frío sin escarcha, producido por aire) sin competencia en Europa, y que es un sistema predominante en Estados Unidos y Japón. Esta línea de producción, en su opinión, garantizaba a la empresa una fuerte capacidad exportadora, así como la recuperación del mercado interrio.
El plan de la parte social aseguraba que la empresa podría ser víable con inversiones por valor de 600 millones de pesetas, una vez redimensionada la plantilla y condonadas las deudas contraídas con Hacienda y Seguridad Social. De esta manera, Kelvinator podría convertirse en la cuarta planta de frigoríficos prevista en el plan de reconversión, con una fabricación anual de unos 120.000 aparatos.
Una vez descartada la reestructuracíón de Kelvinator dentro del plan de reconversión del sector los trabajadores iniciaron negociaciones con la Comunidad de Madrid y la empresa. A finales de marzo, la propiedad de la sociedad dio su conformidad por escrito para la cesión al precio simbólico de una peseta de la totalidad de las acciones. A cambio, la comunidad, autónoma debía hacerse cargo del activo y del pasivo de la sociedad y asumir los 200 millones de pesetas de deudas que están avalados por los accionistas.
El proyecto consistía en que la sociedad pasaría a estar gestionada por un administrador único nombrado por la comunidad hasta el 28 de febrero de 1985. En este período se establecería un plan de viabilidad de la factoría que posibilitaría la constitución de una sociedad anónima laboral. La plantilla futura de la cooperativa oscilaría entre 350 y 500 trabajadores.
Si en la fecha límite fijada la Comunidad de Madrid no ejercitase la opción de compra de las acciones, la gestión de CARSA sería devuelta a sus accionistas, "sin que se haya reducido su saldo neto patrimonial", según el documento sometido a las partes para su firma el pasado 26 de julio.
Crisis financiera
El contrato no pudo ser finalmente suscrito ante las exigencias de Jaime Olazábal, presidente de CARSA, que en el último momento puso como condición imprescindible que el documento que garantizaba la continuidad de la fábrica fuese previamente aprobado por la Comisión Ejecutiva para el Plan de Reconversión del sector de electrodomésticos de línea blanca. Obviamente, la comisión se declaró incompetente sobre un proyecto industrial al margen de su competencia. Fuentes de la Consejería de Trabajo, Industria y Comercio de Madrid han declarado que se trata de "una cláusula de imposible cumplimiento, y el empresario lo sabe".Miembros del comité de empresa declararon que el fracaso de las negociaciones, cuando parecían ya ultimadas, obedece a un intento de los empresarios de optar por la subasta de los bienes de la empresa, "ya que ésta parece ser la única salida a la situación de suspensión de pagos y a la grave crisis financiera". De esta forma, "la empresa podría pasar, a bajo precio, a manos de personas próximas a la familia Olazábal", actual propietaria de Kelvinator, junto a las sociedades Castillo de Santa Clara y Saol.
La negativa se produce, además, una vez firmadas las bajas indemnizadas previstas en el decreto de reestructuración, el pasado 30 de mayo. Los trabajadores se acogieron a los beneficios de indemnización y acceso a los fondos de promoción de empleo "para tener posibilidades de capitalización de la sociedad laboral, aunque nuestro objetivo era y es el matenimiento de los puestos de trabajo". Las bajas fueron firmadas por los 797 trabajadores de la plantilla, aunque 430 personas en junio y 341 en julio continuaron atendiendo las cadenas de montaje y dando salida a las existencias.
Kelvinator se encuentra en suspensión de pagos desde febrero de 1980, fecha en que declaró un pasivo de 2.660 millones de pesetas. De tales deudas, 1.200 millones correspondían a proveedores, 600 millones a Hacienda, 400 a bancos, 330 a Seguridad Social y 130 millones a los trabajadores, en concepto de salarios devengados.
Los trabajadores de Kelvinator han protagonizado una larga conflicitividad en defensa de sus puestos de trabajo, que tuvo su máxima expresión en la huelga general de solidaridad que paralizó Getafe el 18 de mayo de 1982. La empresa contaba en 1981 con 2.100 trabajadores. Tres años después, la empresa está libre de plantilla, después de las sucesivas.
El ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, declaró en enero de 1982 que la dirección había utilizado indebidamente fondos estatales. Kelvinator, integrada en el grupo Selesa para la reconversión del sector, había recibido 1.133 millones de pesetas a fondo perdido para su reestructuración.
Este dinero, concedido en base al decreto para la reconversión del sector, elaborado por el Gobierno de UCD en junio de 1981, fue al parecer utilizado en descargar la plantilla de 600 trabajadores. A estas reducciones siguieron otras, hasta que en septiembre de 1983, con bajas indemnizadas, la plantilla pasó de 1.196 a 797 trabajadores. Actualmente, la empresa adeuda 174 millones en salarios.
