Felipe González entregó a Jordi Pujol el informe del Banco de España sobre Banca Catalana el pasado 20 de enero

El presidente del Gobierno, Felipe González, entregó el pasado 20 de enero al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el informe del Banco de España sobre Banca Catalana, según ha contrastado este diario en fuentes solventes. Este informe, concluido en noviembre de 1983, sirvió de base a la investigación del ministerio fiscal que condujo a la interposición de una querella contra 25 antiguos consejeros del banco -entre ellos el propio Pujol-, por presuntas falsedades documentales y apropiación indebida.

La entrega del informe se realizó en la reunión mantenida el 20 de enero por Felipe González, Jordi Pujol y el ministro de Economía, Miguel Boyer. En dicha reunión, mantenida en la Moncloa, se llegó a un acuerdo sobre la valoración de los traspasos realizado a la Generalitat de Cataluña por la Administración central. Además se conversó ampliamente sobre el asunto Catalana, del que González informó con detalle a Pujol, entregándole después el documento.El informe de los servicios jurídicos del Banco de España analiza las operaciones de Banca Catalana desde 1968. En su primer anexo se analizan los posibles delitos cometidos: falsedad documental y posible maquinación para alterar el precio de las cosas cuya responsabilidad se atribuye al último consejo de administración. En la primera relación de nombres del anexo aparecen 19 de los 25 miembros del consejo contra los que ha procedido el fiscal. En la segunda aparecen los consejeros anteriores, entre ellos Víctor Sagi, Jaume Carner y Jordi Pujol, pero no se les atribuye, en el anexo, ninguna actuación. No figuran en estas dos relaciones los tres subdirectores que completan la Esta de 25.

La conversación del 20 de enero se desarrolló, al parecer, en términos de honda preocupación por las repercusiones que este informe podría generar sobre el en tomo político de Pujol, aunque con una relativa tranquilidad por el hecho de que el presidente de la Generalitat no estuviera expresamente citado en el anexo del informe en el que se atribuían a diversos consejeros responsabilidades en las irregularidadades y presuntas falsedades, delito que prescribe a los cinco años, en este caso en 1978, fecha en la cual Pujol ya había abandonado la entidad bancaria.

Esta tranquilidad explica el contenido de las declaraciones de Felipe González radiadas el 25 de mayo: "Durante todo el otoño y en el año 1984 hemos hecho esfuerzos para desbloquear algunos asuntos", dijo, y añadió que "por si quedara confusión, yo he hablado personalmente del asunto de Banca Catalana con el presidente de la Generalitat mucho antes de que apareciera esta decisión de los fiscales". Pujol declaraba poco después, el 28 de mayo, a La Vanguardia: "Después del informe del Banco de España se había hablado del tema y nadie pensaba que las cosas irían por donde finalmente han ido. En todo caso, sólo quedaba la duda sobre si se tomaría alguna medida con algunas personas concretas del último periodo de gestión".

Estos datos refuerzan la hipótesis de que el Gobierno centrad no conoció la querella hasta que estuvo redactada. "Los fiscales se nos han escapado", comentó un secretario de Estado. Lo cierto es que hasta el 1 de marzo el fiscal general, Luis Antonio Burón, no ordenó que se iniciase una investigación. "En principio, iniciaremos las acciones por falsedad, pero si surgieran otros aspectos, se ampliaría la acusación", declaró dos días después. Miquel Roca Junyent señaló inmediatamente que el anuncio de la investigación no le sorprendía: "Desde hace tiempo sabíamos que si las encuestas preelectorales pronosticaban la victoria de CIU, los socialistas intentarían instrumentalizar la cuestión".

Pero lo cierto es que hasta el 24 de abril la investigación no entra en su recta final. En esa fecha dos inspectores del Banco de España ayudan a los fiscales a interpretar más de 1.000 extractos de operaciones bancarias. Sólo el 4 de mayo se redacta un proyecto de querella, que se eleva a Luis Burón el 7 de mayo -incluyéndose ya la acusación de apropiación indebida, encubierta hasta entonces por las falsedades ya detectadas- y se aprueba el 18 del mismo mes. Burón ha manifestado que hasta ese día no informó verbalmente del caso al Gobierno. Todo indica que materialmente no pudo hacerlo antes del día 7 de mayo -o, apurando mucho, el día 4- porque la querella no estaba entonces redactada.

La creencia de que Pujol no saldría en la querella se debe a que se confió, al parecer, en que todo estaba descubierto en el informe del Banco de España. Eso explica la frase de Alfonso Guerra, el 27 de abril, al acabar la campaña electoral autonómica: "Pujol tiene la suerte de que este tipo de delitos prescribe a los cinco años, se ha salvado por los pelos". "El Gobierno resultó sorprendido por la querella, pero tampoco podía pararla", según comentó un alto cargo a este diario.