Funcionarios transferidos se sienten "timados" por Presidencia
Los funcionarios trasladados desde distintos puntos de España a la Junta de Andalucía se sienten "timados" por el Ministerio de la Presidencia por haber "incumplido totalmente" el real decreto que les garantizaba una serie de beneficios que, a más de tres meses de estancia en Sevilla, no les han sido concedidos. Los afectados, que dicen encontrarse "con la moral muy baja", han constituido una asociación para la defensa de sus intereses y advierten de las "falsas ilusiones" que se están creando entre los más de 10.000 funcionarios que se trasladaran a las distintas comunidades autónomas.Según un decreto del 23 de junio de 1983, aquellos que soliciten el traslado tendrían derecho a beneficios tales como gastos de viajes y dietas, gratificación por traslado de mobiliario y enseres, préstamos para la adquisición de viviendas y garantía de plazas escolares para los hijos. Directivos de la recién creada Asociación de Funcionarios Trasladados a la Junta de Andalucía aseguran que "de todo esto, la Administración central no ha hecho absolutamente nada. Además, han empezado a aplicarse criterios restrictivos, comunicándosele, por ejemplo, a los funcionarios no procedentes de Madrid que no van a cobrar nada; diciendo que en los matrimonios sólo se beneficiará uno de los cónyuges y, además, el Banco Hipotecario y la Caja Postal de Ahorros no saben nada de los préstamos preferentes para viviendas".
La situación, en algunos casos, la califican como dramática,"ya que habíamos contado con ese dinero para acomodarnos aquí y no se nos da. Incluso, algunos hemos cobrado la nómina con considerables retrasos". Más de 30 funcionarios, de los cerca de 500 trasladados, han solicitado volver a su plaza de origen, y a 10 de ellos les ha sido concedida la solicitud, a pesar de que se exigía una estancia mínima de tres años. Calculan que lo que se les adeuda asciende, sólo en indemnizaciones, a unos 100 millones de pesetas.
Los representantes de la asociación han mantenido entrevistas con distintos cargos de la Administración central. En una de ellas, Francisco Torres, subdirector general de Coordinación Financiera, que había participado en la redacción del decreto, "nos reconoció que ésta se hizo lo suficientemente ambigua para que pudieran tener alguna válvula de escape".
Advierten los funcionarios que esta situación "no sólo nos afecta a nosotros, sino que incidirá posiblemente en todo el proceso de descentralización".
Algunos de los trasladados a la Junta de Andalucía, primera comunidad autónoma que ha resuelto la oferta pública de empleo, están pensando, según han declarado, querellarse "por estafa" contra el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso.
