Salomó apelará al Tribunal Constitucional si el lunes no está libre
Si el próximo lunes, día 30 de enero, Enrique Salomó no es puesto en libertad provisional, presentará una denuncia en el juzgado de guardia por detención ilegal, planteará un recurso ante el Tribunal Constitucional y llevará el caso ante el Defensor del Pueblo. Esta afirmación fue realizada ayer por el letrado penalista Jordi Claret Andreu, al examinar la situación jurídica de su patrocinado Enrique Salomó, que el próximo 30 de enero cumplirá 30 meses de prisión preventiva, agotando de esta manera el plazo máximo establecido en el artículo 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.Al hacer esta afirmación, el abogado Jordi Claret, que asumió desde el primer momento la defensa del industrial aceitero, tenía en cuenta el auto dictado el pasado mes de diciembre por la Audiencia Nacional en el que se negaba a los implicados por el fraude de la colza la libertad provisional, aun agotados los 30 meses, en virtud de la extraordinaria alarma social provocada por el hecho delictivo.
La denegación de libertad provisional a los implicados en el fraude de la colza sorprendió a los letrados, la mayoría de los cuales tenían fundadas esperanzas de lograr la excarcelación.La Audiencia Nacional volvió a hacer uso ayer de los argumentos de diciembre y denegó la puesta en libertad del industrial Ramón Alabart Perramón, accionista mayoritario de la empresa Alabart Hermanos, de Reus, que fue detenido pocos días antes que Enrique Salomó, cumpliéndose ayer los 30 meses de prisión preventiva. Jesús Castrillo, abogado de Alabart pidió ayer a la Audiencia Nacional un testimonio por escrito de la denegación de libertad. Con este escrito en la mano, continuó explicando el letrado Jesús Castrillo, presentará en los próximos días un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
La situación jurídica de Ramón Alabart ha sido calificada de significativa por el letrado Jordi Claret, ya que teme que ésta se vuelva a repetir en su cliente. Claret aludió a las relaciones de amistad que unen a Ramón Alabart y Enrique Salomó. Al margen de estas relaciones, los investigadores del caso del aceite de colza barajaron en su día una hipótesis de trabajo, no probada, según la cual Salomó y Ramón Alabart son responsables conjuntamente de una red de aceite adulterado que se extendió por toda Cataluña sin provocar intoxicaciones.
Enfrentamiento juez-gobernador
Por otra parte, Adolfo Fernández Oubiña, magistrado de la sección primera de lo penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, ha asegurado que sus acusaciones contra el gobernador civil de Tarragona, Vicente Valero, las hizo a título particular, sin que en ningún momento se hubiera amparado en su estatus de magistrado-juez.El magistrado aseguró que el gobernador civil había facilitado información, que obraba en el secreto sumarial, transgrediendo el Código Penal y que, al afirmar que la desaparición de María Teresa Mestre era un "montaje familiar", incumplía su deber de funcionario, que era investigar la denuncia y no enjuiciarla.
