El Gobierno celebrará una reunión extraordinaria para estudiar de forma monográfica el tema del ingreso de España en la CEE

El Gobierno hará una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para tratar monográficamente el tema de las relaciones de España con la Comunidad Económica Europea, informó ayer el portavoz oficial, Eduardo Sotillos, tras la habitual reunión semanal del Gabinete. El portavoz gubernamental informó de que en el verano de 1984, España se encontrará en el último proceso de negociación con el Mercado Común. El Consejo aprobó ayer un proyecto de saneamiento y regulación de las haciendas locales, así como varios nombramientos que afectan especialmente al área exterior.

Sobre la CEE, una nota aclaratoria de Sotillos indicaba después: "El Gobierno español ha recibido informaciones de la reunión en Luxemburgo de ministros de Asuntos Exteriores del Mercado Común, según las cuales la cumbre de Stutgart el próximo día 19 podrá recomendar al Consejo de Ministros del Mercado Común que active el proceso negociador con España y Portugal, a fin de que éste se cierre en junio de 1984". Esta información coincidía, pese al carácter novedoso con que fue presentada, con la emanada de la reunión celebrada el pasado lunes por ministros de la CEE en Luxemburgo, donde se habló de que la conclusión de las negociaciones de adhesión a la CEE de España y Portugal tendría lugar en el verano de 1984 y la firma del ingreso en 1986. En este mismo sentido se manifestó el pasado domingo el primer ministro francés, Pierre Mauroy, durante su viaje no oficial a Madrid.Estos nuevos datos respecto al calendario de las relaciones hispano-comunitarias habrían justificado la convocatoria del Consejo de Ministros extraordinario sobre la CEE, que probablemente tendrá lugar después del viaje de Felipe González a los Estados Unidos y de la ronda negociadora con el Mercado Común, que tendrá lugar también la semana próxima.

En su habitual conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Sotillos negó que el Gobierno conozca que se esté practicando ninguna escucha telefónica "fuera de lo contemplado por la Ley Antiterrorista": "El Gobierno recomienda a los ciudadanos que, si tienen constancia de que son ilegalmente escuchados, presenten la correspondiente denuncia, en la seguridad de que las autoridades velarán por su intimidad".

"La actividad legislativa es abundante, el Gobierno realiza un trabajo muy intenso", dijo Sotillos, respondiendo así a una pregunta sobre el incumplimiento del calendario legislativo oficial, presentado a los medios informativos el pasado mes de febrero. El deseo de dar salida a algunos proyectos pendientes, como la reforma de la función pública o el derecho a la educación, hace que se prevea la normal celebración de un Consejo de Ministros la semana próxima, pese a la ausencia, por encontrarse en viaje oficial, del presidente González; será Alfonso Guerra quien, por tercera vez desde la toma de posesión del actual Gobierno, presida la reunión. El portavoz dijo que aún no existe un calendario cerrado sobre los próximos encuentros que deberá mantener el presidente del Gobierno con diferentes fuerzas económicas y sociales para tratar de llevar a cabo su política de concertación.

Periódicos del Estado

También negó el portavoz que exista una "relación privilegiada" entre un medio informativo y el proceso de privatización de los periódicos de los Medios de Comunicación Social del Estado. "Si alguna persona vinculada a ese medio informativo (refiriéndose, obviamente, a noticias aparecidas ayer que hacían alusión a EL PAÍS) está presente en los trabajos de la comisión liquidadora de los MCSE, se debe a que una empresa de consulting contratada por la Administración acudió, a su vez, a esa persona, en lo que podríamos llamar una subcontratación". Sotillos dijo desconocer las razones por las que TVE decidió no emitir un programa dedicado a la privatización de estos medios, e insistió en que el Gobierno mantiene su oferta abierta a las iniciativas de los trabajadores.

El envío a las Cortes de un proyecto de ley de medidas urgentes para sanear y regular las haciendas locales fue uno de los acuerdos más importantes adoptados ayer por el Consejo de Ministros, que estudió, aunque no llegó a aprobar, varios temas pendientes, como los de derecho de sindicación y huelga de los funcionarios.

La finalidad del proyecto sobre saneamiento y regulación de haciendas locales es, de acuerdo, con la exposición de motivos, "posibilitar que estas corporaciones locales alcancen un mejor equilibrio presupuestario, durante el período transitorio que resta hasta la entrada en vigor de la futura Ley de Financiación de las entidades locales". Medios gubernamentales admitieron que esta futura ley no tendrá vigencia, previsiblemente, antes del próximo invierno. Las medidas provisionales tendrán que ser discutidas en las Cortes, probablemente el próximo mes de julio.

Las medidas ayer aprobadas tratan de evitar un simple aumento de los impuestos para financiar las haciendas locales, buscando, como solución alternativa, obtener los recursos necesarios en las áreas respectivas municipales y, provinciales, encaminándose hacia el modelo financiero autonómico.

A propuesta del ministro de Economía y Hacienda el Consejo tomó un acuerdo sobre distribución del 2,5% de la masa salarial de los funcionarios públicos, distribución que aún ayer mismo estaba siendo negociada con las centrales sindicales. El Gobierno adoptó asimismo un acuerdo mediante el cual se creará un libro de registros sobre los regalos que reciban los altos cargos de la Administración.

Entre los nombramientos acordados ayer por el Consejo figuran el de Jesús Ezquerra y Fernando Perpiñá como embajadores en misión especial, y los de Nuño Aguirre de Cárcer y Enrique Mahou como embajadores en Malta y en las Islas Maldivas, respectivamente.