Incidentes en el juicio del periodista acusado de desacato y calumnias contra un teniente coronel de la Guardia Civil

Una docena de personas, entre ellas varios periodistas, que se cubrieron el rostro con una careta con la inscripción "libertad de expresión", fueron ayer expulsadas de la sección tercera de lo penal de la Audiencia de Barcelona, donde se estaba juzgando a José Luis Morales Suárez por un artículo publicado en Interviu. La orden de expulsión fue dada por el presidente de la sala, quien aseguró que no admitiría coacciones por parte del público.

Zanjado el incidente, que duró escasos minutos, se reanudó el juicio oral contra el periodista, al que se le acusaba de un delito de desacato y otro de calumnias vertidas contra el teniente coronel de la Guardia Civil Gregorio Evangelio Ramos, por los que el ministerio público reclamó una pena total de dos años de prisión y 50.000 pesetas de multa.El reportaje que ha motivado estas diligencias judiciales se publicó en la revista Interviú, el 23 de agosto de 1978, bajo el título de Los somatenes de Cuenca, y hacía, referencia a los intentos de reorganización del Somatén en la provincia de Cuenca, a la supuesta protección que la Guardia Civil daba a los grupos de extrema derecha y a las presuntas torturas infligidas a un militante comunista. El periodista aseguraba en su trabajo que el citado teniente coronel de la Guardia Civil era uno de los responsables de los hechos.

El artículo de José Luis Morales Suárez coincidió con una interpelación parlamentaria presentada por el diputado del Partido Socialista Obrero Español, Virgilio Zapatero, referente al tema de la reorganización del somatén en Cuenca. Estas gestiones parlamentarias iniciadas por Zapatero desembocaron en la derogación de las leyes que amparaban al Somatén. Por todas estas razones políticas, la defensa del periodista José Luis Morales llamó ayer a declarar al parlamentario, hoy secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, quien se reafirmó en todos estos puntos.

Fueron también llamados a declarar el militante comunista Pablo Díez, supuestamente torturado por la Guardia Civil en 1977 y la abogada Cristina Almeida, que conoció el caso por razones profesionales. Los dos testigos confirmaron la veracidad de las afirmaciones del periodista.

Paradójicamente, a través de estos dos testigos, se explicó en la sala que en virtud de la amnistía de 1978 quedaron archivadas las diligencias judiciales instruidas por orden del Fiscal de la Audiencia de Cuenca por los malos tratos supuestamente infligidos por la Guardia Civil al militante comunista con lo que había desaparecido la única posibilidad legal de establecer la autenticidad de los hechos publicados por José Luis Morales.

A pesar de estas aseveraciones, el ministerio público mantuvo la acusación contra José Luis Morales, señalando que la libertad de expresión tenía un límite: "el que establece la presunción de inocencia". El abogado defensor Francesc Abellanet reclamó la libre absolución del acusado.