El 'tiempo del bocadillo' lo pagará el empresario, según el dictamen de la Comisión de Política Social

La Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados dictaminó ayer el proyecto de ley que fija la jornada laboral en 40 horas semanales; las vacaciones anuales mínimas en 30 días, y el tiempo del bocadillo -fijado en 15 minutos- a pagar por el empresario. Este proyecto de ley, que fue duramente criticado por los representantes del Grupo Popular, pasará al Pleno dentro de muy pocas semanas, sin modificaciones esenciales respecto al texto enviado en su día por el Gobierno, debido a que, también en las comisiones, la mayoría socialista hace inviable cualquier acción contraria de la oposición.Dos temas centraron los ataques lanzados por los diputados del Grupo Popular en contra del proyecto de ley: su negativa a aceptar que el tiempo del bocadillo sea abonado por el empresario, y la entrada en vigor de la ley, cuyo texto establece que se efectuará un mes después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y que el Grupo Popular pretendía retrasar hasta el 1 de enero de 1984, ya que no cuenta con los votos suficientes para impedir su tramitación y posterior aprobación.

La regulación de la jornada máxima legal de trabajo y la fijación de las vacaciones anuales mínimas están actualmente contenidas en los artículos 34.2 y 38.1, respectivamente, del Estatuto de los Trabajadores, cuyo texto establece en 43 horas semanales el trabajo efectivo en jornada partida, y en 42 horas semanales en jornada continuada. Las vacaciones anuales mínimas tienen una duración, según el Estatuto de los Trabajadores, de 23 días naturales. Los cambios que sobre ambos temas introduce el presente proyecto de ley vienen motivados, según hizo constar el diputado socialista Manuel Chaves, por la necesidad de ajustar la normativa legal a las tendencias mostradas por la negociación colectiva durante los últimos años, ya que la mayor parte de los convenios firmados entre los empresarios y los representantes sindicales durante los últimos años contemplan ambas consideraciones, tanto las vacaciones de 30 días como la jornada laboral de 40 horas semanales, al igual que ocurre en los países industrializados del área occidental.

También recordó Chaves que la aprobación de dicho proyecto de ley supone dar cumplimiento al compromiso contraído por el PSOE con los electores, puesto que así figuraba en el programa electoral con el que los socialistas ganaron las últimas elecciones legislativas, si bien para Chaves la razón principal de la necesidad de dictaminar favorablemente el proyecto de ley reside en que éste generará la creación de nuevos puestos de trabajo, tesis rebatida con firmeza desde la oposición, cuyos representantes alegaron que todas las medidas encaminadas a mermar la productividad inciden negativamente en la creación de empleo. La explicación razonada del texto remitido por el Gobierno argumenta a este respecto que "esta ley se convertirá en una de las piezas importantes que contribuirán a la creación de empleo a través de la solidaridad de los que ya cuentan con un puesto de trabajo, al mismo tiempo que propiciará que una parte de las mejoras de la productividad, efectivamente alcanzadas por la economía española, se traduzca principalmente en reducciones de jornada".

Enmienda socialista

Los artículos que modifican el Estatuto de los Trabajadores han quedado redactados de la siguiente forma, en su artículo primero: "La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo. Se entenderá por jornada partida aquella en que exista un descanso ininterrumpido de una hora de duración como mínimo. En los supuestos de jornada continuada se establecerá un período de descanso no inferior a 15 minutos", mientras que el artículo 22 y último del proyecto dice textualmente: "El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso, la duración será inferior a 30 días naturales". El acuerdo de que sea el empresario quien abone el tiempo del bocadillo fue introducido en el proyecto de ley durante la sesión de ayer. La disposición final establece que entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La única modificación introducida al texto, defendido en su día por el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, fue precisamente a instancias de los representantes socialistas de la comisión, si bien de índole menor. Se refería, en síntesis, a que el contenido del citado proyecto de ley no afectará a las condiciones laborales de los trabajadores, sino exclusivamente a la duración legal de la jornada. El tiempo del bocadillo, que fue objeto de una buena parte de los debates, correrá a cargo de la empresa, y los 15 minutos empleados en este menester no serán descontados de la nómina del empleado. Como el desacuerdo entre socialistas y representantes del Grupo Popular parecía haber entrado en un callejón sin salida, la Minoría Catalana intentó sacar adelante una solución intermedia, consistente en que cada empresa negociara por su cuenta quién debía pagar la hora del bocadillo.