Los socialistas pretenden "romper la impunidad de los golpistas" bolivianos
Roger Cortez, de 29 años, médico, es el más joven de los cuatro máximos dirigentes del Partido Socialista Uno de Bolivia, segunda fuerza política entre los mineros bolivianos, primera en la universidad y cuarta en el conjunto de la nación, en cuyo Parlamento posee doce diputados.Roger Cortez, diputado suplente del Parlamento de La Paz, encabeza la parte civil de la querella criminal de la causa judicial abierta por la Justicia ordinaria boliviana contra el general Luis García Meza y su ex ministro del Interior, coronel Luis Arce Gómez, "como inductores, encubridores y cómplices del asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el líder y fundador del PS-1, asesinado el 17 de julio de 1980 en La Paz a manos de un comando de fuerzas paramilitares bajo el mando del general hoy refugiado en Paraguay, Carlos Mena", según asegura Cortez.
El ex ministro Luis Arce reconoció la semana pasada en Buenos Aires su responsabilidad en la muerte del líder socialista ("la responsabilidad no se delega" dijo), horas antes de que el Gobierno de Buenos Aires le concediera asilo político.
Para Roger Cortez, el PS-1 considera un objetivo político de primera magnitud "sentar en el banquillo a García Meza y a su ministro del Interior, Arce Gómez, ambos comprometidos en la represión de centenares de trabajadores, demócratas y progresistas bolivianos, y del completo desarbolamiento económico del país, fruto de su rapacidad".
"Pedimos a la justicia de Bolivia el encausamiento de Meza y de Arce por terrorismo, instigación a la ilegalidad a las tropas bajo su mando y, a través del parlamento de La Paz, queremos su extradición y la incautación de sus bienes", añade el joven médico.
"Está probado que ambos, a través de una empresa mixta creada por ellos con otra entidad brasileña, exportaron ilegalmente piedras preciosas bolivianas de las minas de La Gaiba, a una media calibrada entre 400.000 y 700.000 dólares diarios, durante meses", asegura Cortez.
Y agrega que "ellos son los responsables del robo de vidrios especiales rayban de la piscina olímpica de La Paz, por valor de unos 300.000 dólares (unos 36 millones de pesetas), así como de la importación fraudulenta desde Argentina de carritos de tracción animal a precios de pequeños tractores, por valor de unos 10 millones de dólares (unos 120 millones de pesetas)".
"Por todo ello", dice el líder socialista boliviano, "consideramos que romper con esta impunidad con la que actúa esta gente es un objetivo no solo moral, sino democrático, revolucionario, de las masas oprimidas de Bolivia".
"La correlación de fuerzas es hoy óptima. Los militares no han cedido el poder, sino que se han agotado las alternativas políticas de la derecha, ante la movilización de los trabajadores de mi país, que bajo la dictadura han convocado cuatro huelgas generales, seguidas monolíticamente por todos. Esto es lo que les ha hecho dejar el poder. Ahora es el momento de conseguir que el repliegue táctico de los militares golpistas a sus cuarteles sea definitivo, y que los bolivianos ejerzan en directo sus derechos democráticos", concluye el dirigente.
