El Gobierno puede estudiar hoy las fórmulas de ayuda a Cataluña en función de las competencias transferidas a la Generalitat
El Gobierno podría valorar, en su reunión de hoy, las áreas de competencias que tiene ya transferidas la Generalitat de Cataluña a la hora de encontrar una fórmula de ayuda a la reparación de los daños causados por las recientes inundaciones, según manifestó ayer el subsecretario del Ministerio del Interior, Juan José Izarra del Corral, que se reunió durante media hora con el conseller de Gobernación de la Generalitat, Macià Alavedra.
Este se desplazó a Madrid para dar cuenta del acuerdo tomado el miércoles por el Consell Executiu del Gobierno autónomo catalán en orden a recabar del Ejecutivo central la declaración de zona catastrófica en las zonas castigadas por las inundaciones y la aplicación del Real Decreto Ley 20/82, que se promulgó para ayudar a las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Albacete el mes pasado. La decisión al respecto tendrá que tomarla hoy el Consejo de Ministros.A juicio del subsecretario del Interior, con eI que coincidió Maciá Alavedra en que aún es pronto para hacer una evaulación de los daños, "las rriatizaciones del decreto 20/82 deben estar en función de las transferencias, de las responsabilidades y de las posibilidades de financiación de los organismos competentes. Si las comunidades autónomas carecieran de responsabilidad u obligación ante un hecho catastrófico como el que nos ocupa, cabría preguntarse para qué valen las comunidades autónomas".
Para el subsecretario de Interior, el esfuerzo de solidaridad frente a los daños de infraestructura y los perjuicios sufridos por los ciudadanos debe hacerse por parte del Estado, es decir, no sólo por el Gobierno central, sino también por las comunidades autónomas".
El planteamiento de la administración central tendría dos fases: una primera de ayuda a la reparación de los daños producidos en Cataluña por las inundaciones y, una segunda, destinada a "encontrar después una fuente de financiación en función de las competencias asumidas y de un ejercicio de responsabilidad por parte de todos", según Juan José Izarra.
El decreto 10/82, que desarrolla el de daños catastróficos del 27 de febrero de 1981 y que la Generalidad pretende que se aplique a Cataluña, supone la declaración de zona catastrófica a las comarcas afectadas y la adopción de medidas encaminadas a reparar los daños, junto a beneficios crediticios en la banca oficial, declaración de comarca de acción especial, exenciones tributarias y en la Seguridad Social, aplicación automática de la declaración de fuerza mayor en los expedientes de regulación de empleo, actuaciones especiales del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) y del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) y tramitación de urgencia en expedientes administrativos, entre otros beneficios.
Las valoraciones que hoy podría hacer el Consejo de Ministros con respecto a las competencias traspasadas a la Generalidad se referirían, principalmente, a materia de carreteras, trabajo, vivienda y educación, entre otros ámbitos, por lo que respecta a las responsabilidades de financiación por parte del Gobierno autónomo catalán, siempre dentro de una colaboración responsable que conduzca a que los ciudadanos no sufran perjuicios", según Juan José Izarra. "El decreto no es el mapa", puntualizó un alto funcionario del Ministerio del Interior.
En las zonas de Levante afectadas por las inundaciones del pasado mes de octubre, el gobierno distinguió tres tipos de daños a la hora de estructurar las soluciones: los sufndos en la infraestructura del Estado; los de la infraestructura de la provincia y los municipios y los daños a particulares.
En cuanto a las pérdidas de incidencia provincial y municipal, el subsecretario del Interior explicó que "hay una línea crediticia del Banco de Crédito Local y se arbitró una subvención del Estado al 50%. En el caso de los servicios no gestionados por el Estado en Cataluña, tendrá que decidirse una solución semejante".
