Vecinos del pueblo gallego de Bayona, contra la construcción de chalés junto a un parador nacional
Uno de los parajes más bellos y monumentales de Galicia, la finca de Monterreal, en Bayona, donde se asienta el parador nacional Conde de Gondomar, puede verse afectado por los proyectos urbanizadores de la sociedad mercantil Monteferro, SA, que pretende implantar a tan sólo diez metros de la muralla histórica una colonia de chalés y un parque de atracciones por una inversión total de 250 millones de pesetas. La iniciativa, que cuenta con el consentimiento del alcalde, ha movilizado en contra al vecindario de Bayona. Una manifestación de oposición al proyecto, celebrada el sábado pasado, concluyó en batalla campal por la intervención de un grupo de provocadores, con el saldo de varios heridos. Galicia está acostumbrada a que sus expoliaciones urbanísticas cuesten sangre.
La península de Monterreal, antiguo recinto militar, había sido comprada a principios de siglo por Angel Bedriñana al marqués de Elduayen. En 1966, la familia Bedriñana vendió la mayor parte de la parcela al Ministerio de Información y Turismo para que convirtiera los restos del castillo en parador nacional. La transacción costó al Estado 19 millones de pesetas.A partir de aquel escrito, se segregaba una extensión de 15.000 metros cuadrados que seguiría en propiedad de los herederos de Angel Bedriñana.
Esta parcela, situada en el suroeste de la península, a tan sólo diez metros de las murallas, fue vendida hace año y medio, a un grupo inversor formado por cinco socios, por una cantidad que ronda, según el apoderado, los 30 millones de pesetas, aunque en la escritura sólo figurase como precio de compra el de 5 millones. La especulación continuó su marcha ascendente, y los nuevos propietarios de la parcela la vendieron a la sociedad mercantil anónima Monteferro, SA, por sesenta millones. Monteferro, SA, pretende urbanizar los 15.000 metros cuadrados, que integran enclaves histórico-artísticos como el llamado reducto del condestable, en una urbanización de chalés de 5.000 metros cuadrados, en la que invertiría 150 millones de pesetas, y en un parque de atracciones de 10.000 metros cuadrados, por valor de 100 millones de pesetas. Para esta sociedad, la calificación del suelo como "verde de uso público" según figura en el Plan general urbano de Bayona es compatible con sus proyectos de construir un parque de atracciones. Hace un año pretendió construir un casino, pero la proximidad del de la isla de La Toja impidió la concesión de una nueva licencia.
De momento, la empresa ha comenzado la tala de árboles y el desbrozamiento del terreno, sin que consten las correspondientes licencias municipales de obras. El alcalde de Bayona, Benigno Rodríguez Quintás, independiente, pero muy próximo a Alianza Popular, está dé acuerdo con los planes de urbanización y en su día fue uno de los máximos promotores del proyecto de un casino.
La ciudad amanece cada día con pintadas contrarias a las obras, a las que califica de robo al patrimonio del vecindario. El Colegio de Arquitectos de Galicia se ha manifestado en contra de dicha urbanización, y el viernes pasado fue presentada una pregunta ante la Mesa del Parlamento gallego, a cargo del diputado del Grupo Mixto Gerardo González Martín, sobre qué medidas había adoptado la Xunta para evitar la destrucción de este conjunto histórico-artístico. Una manifestación de vecinos protestando por el inicio de las obras, el pasado sábado, concluyó con varios heridos, debido al enfrentamiento con otro grupo de personas a favor del proyecto. El clima de tensión aumenta en Bayona día a día.
Posible pacto
Según ha podido saber EL PAIS en fuentes solventes, la solución del conflicto podría venir por parte del Ministerio de Cultura, si este departamento expropiase a los diez socios, todos vigueses, de Monteferro, SA, la propiedad de la parcela. Según estas mismas fuentes, la cantidad que éstos exigirían al Estado uña la de 150 millones de pesetas. De esta forma, la finca de Monterreal pasaría en un año y medio de los cinco millones de pesetas con que se consignó la escritura de compra a la familia Bedriñana -aunque en realidad fueran muchos más- a los 150 que ahora pedirían sus dueños.En contra de la urbanización de sucios de características similares al de la península de Bayona hablan legislaciones oficiales, como el Plan general urbano de la ciudad, refrendado por el Ministerio de la Vivienda, las antiguas normas sobre el litoral de las Rías Bajas, la ley del suelo, la normativa sobre protección y vigilancia de las costas y la ley de Protección de Monumentos Militares. Especialmente esta última dictamina muy claramente que la protección de estos recintos abarca no sólo al espacio interior, como en el caso de castillos amurallados como el de Bayona, sino a la extensión colindante que los rodea.
