Los directivos de la Caja Rural Provincial de Valencia pueden haber cometido graves irregularidades financieras
A finales del mes de enero, una inspección del Banco de España recomendó a los directivos de la Caja Rural Provincial de Valencia (CRPV) que variaran su gestión de tesorería, ya que tenían demasiado concentrados sus riesgos en muy pocas entidades de crédito, al tiempo que señalaban la falta de control interno existente y les exigía la realización de una auditoría externa, a cargo de una empresa de reconocido prestigio nacional. Esta decisión de la inspección del Banco de España, la segunda que realiza la autoridad monetaria sobre la Caja Rural Provincial de Valencia -la anterior tuvo lugar en 1.974-, parece venir motivada por toda una serie de irregularidades detectadas por la inspección, a las que habría que añadir otras recogidas en un estudio, realizado en 1980 a petición de la propia caja rural y del que no se dió conocimiento a la inspección del Banco de España.
El estudio fue elaborado por un gabinete económico-jurídico de la zona levantina y en él no sólo se auditaron diversos aspectos de funcionamiento de la caja, sino que también se realizó una censoría de cuentas y se llegaron a hacer determinadas calificaciones jurídicas sobre una serie de actuaciones llevadas a cabo en ejercicios pasados, que motivaron fuertes enfrentamientos entre los componentes de los órganos directivos de la caja.La importancia de la Caja Rural Provincial de Valencia se enmarca en su situación en el ranking de cajas rurales. En febrero de este año ocupaba el cuarto lugar, con 18.849 millones de pesetas de recursos ajenos, detrás de la de Sevilla (23.202 millones), Ciudad Real (19.825), y Castellón (19.235).
A lo largo de 1980, los intensos rumores existentes en el mundo cooperativo valenciano de supuestas irregularidades en la gestión de la caja rural de la provincia, forzaron el nombramiento, por parte de la asamblea general, de una comisión inspectora integrada por Salvador Martínez, Andrés Ferrando y Vicente Barrios, todos ellos socios de la mencionada cooperativa de crédito provincial. Esta comisión encargó, poco después de constituirse, la realización del estudio económico-jurídico que explicó algunas de las irregularidades que se habían venido cometiendo en los años anteriores.
Comisiones por préstamos
Una de las mayores irregularidades descubiertas, exponente a juicio de los auditores de "la más elemental falta de ética, de gran desprestigio para la entidad y de verdadera subversión de sus fines", la constituye la aprobación de créditos previo cobro de una comisión del 5% sobre las cantidades acordadas. Los beneficiarios de estos préstamos no poseían la condición de cooperativistas agrarios.Según acredita la auditoría mediante el testimonio notarial de algunos de los beneficiarios, la oferta crediticia se realizaba en base a la más segura obtención de los préstamos gracias al ascendiente de un intermediario, Salvador Miquel, sobre el presidente y el director general de la caja tras abonar un 5% del importe del crédito.
En unas ocasiones se utilizaba el nombre de la Caja Rural Provincial de Valencia como perceptora de esta "extracomisión" y en otras se presentaba como una propina en agradecimiento al entonces presidente de la caja, Enrique Romero, quien cesó en el cargo en 1977, sin cumplir el mandato de cuatro años para el que fue elegido. Según declaró a este periódico, "tuvo que elegir entre seguir en el cargo de presidente o dedicarse más a la Caja Rural de Torrente donde me gano el pan".
En la actualidad, Enrique Romero es director de la oficina principal de la Caja de Torrente y afirma no saber nada de la auditoría que se hizo sobre el período en que fue presidente de la provincial, aunque reconoce que algo se rumoreó posteriormente a su "cese-dimisión" por otro lado, niega que en su época se cobraran comisiones por concesión de créditos y que hubiera autorizado cualquier aval sin que éste hubiera pasado por la junta rectora de la Caja Rural Provincial de Valencia.
Segunda contabilidad
No obstante, estas afirmaciones del ex presidente de la caja, un muestreo realizado por los auditores en base al análisis de los préstamos acordados por la permanente de la caja, sólo en la localidad de Torrente, y durante un breve lapso de tiempo, les permite concluir que "todas las concesiones de préstamos decididas en el período 1975-1976, cuando Romero era presidente, en aquella localidad, salvo alguna excepción, habían satisfecho la cuota excepcional del 5%, evaluándose la cuantía de estas comisiones en unos trescientos millones de peseta?.Aunque existe oscuridad en torno al proceso de obtención de estas cuotas ilegales, los testimonios de los beneficiarios-víctimas permiten deducir a los auditores que el pago mediante talón al portador o en metálico iba a parar en ciertos casos a una supuesta caja B extracontable de la entidad (expresión eufemística con la que los directivos de la entidad denominaban varias cuentas corrientes que canalizaban una segunda contabilidad) y en su mayoría engrosaban el patrimonio particular de algunos de los responsables máximos de la Caja Rural Provincial de Valencia. Una primera aproximación al porcentaje que era desviado y no entraba ni siquiera en la llamada caja B sitúa la cifra en torno al 90% de las comisiones ilegales cobradas.
Dentro de este mismo tipo de cosas, la auditoría recoge la concesión de avales por parte de la caja rural a ciertas personas para obtener préstamos en otras entidades bancarias en las que la CRPV tenía depositadas cantidades superiores a los mil millones de pesetas, como el Banco Coca o el Industrial del Mediterráneo. En ciertos casos, los directivos de la caja consiguieron recuperar estos comprometedores avales que no habían sido registrados contablemente y se habían facilitado sin intervención de la permanente de la entidad. Para ello ejercieron presiones sobre los mencionados bancos bajo. la amenaza de retirar los fondos en ellos depositados.
Juan José Moya, actual director general, de la caja, en un primer contacto con este periódico se mostró dispuesto a facilitar información, aunque posteriormente se limitó a hacer una declaración leída, a través de un tercero, señalando "que los temas a tratar eran pasados y carecían de actualidad". Moya manifestó inicialmente a los auditores que no se había producido el cobro de comisiones ilegales por préstamos para, posteriormente, y tras enseñársele diversos registros contables de su puño y letra en la famosa caja B, decir que si bien no podía precisar el origen de estos fondos con exactitud sí "podían corresponder a ciertas cantidades cobradas a más por préstamos".
En relación con esto, que la auditoría califica de algo susceptible de ser encuadrado en el supuesto de "maquinaciones para alterar el precio de las cosas" contemplado en el Código Penal, se presenta la existencia probada de una contabilidad camuflada bajo el rótulo de caja B.
A la luz de estos datos, los responsables de la auditoría concluyen afirmando que "existen indicios fundados de la comisión de hechos que revisten los caracteres de delito de apropiación indebida y que podrían depurarse en el correspondiente proceso sumarial si se produjera la oportuna denuncia o querella".
Pago de extratipos
El cuadro de infracciones legales y anomalías se completa con la práctica reiterada de pago discriminado de extratipos a algunas secciones de crédito y cooperativas rurales asociadas a la caja. Según se establece en el estatuto fiscal de cooperativas, será causa de la pérdida de los beneficios fiscales el pago de intereses a sus abonados cuando excedan los máximos legales, tratándose de cooperativas de crédito. Los directivos de la Caja Rural Provincial de Valencia justificaron en su momento la existencia de la caja B y de los ingresos derivados del cobro de comisiones como la única forma que había de poder pagar estos extratipos a las distintas cooperativas de crédito social de la propia caja rural.Esta ha venido abonando a ciertas secciones de crédito, y a ciertas cooperativas asociadas, una sobretasa del 3% sobre los tipos máximos autorizados por el Banco de España, hasta tal punto que en diversas ocasiones sus directivos se han visto obligados a proveer nuevos ingresos en la caja B para atender el pago de estos extratipos, dado el agotamiento de los fondos ingresados mediante estas operaciones.
