En vísperas de la sentencia
HOY SE celebra en España el día de las Fuerzas Armadas en la víspera preocupante de las sentencias por los sucesos de febrero de 1981. Los dieciséis oficiales generales del Consejo Supremo de Justicia Militar, reunidos en Sala de Justicia, ya han dictado, al parecer, las sentencias, aún no conocidas, de esta causa, pero todavía no son firmes. Sería ingenuo negar que el ambiente de la última vista del juicio movió a alarma cívica y política. Los alegatos finales de los 32 jefes y oficiales encausados causaron, según se dice, alguna impresión en el Tribunal, incluida la difamación y el insulto de Tejero sobre los mandos de nuestro Ejército, sobre la que se carece de noticias de que el ministerio Fiscal haya ejercitado las acciones legales pertinentes. Estos dieciséis hombres justos, en suma, podrían haberse vistos abocados mayoritariamente a dejarse arrastrar a la pendiente de la clemencia y la benevolencia. Datos hay para temerlo. Desde el comienzo de las vistas la contemporización procesal fue la norma: expulsión de la Sala del director de Diario 16 para lograr que los procesados asistieran a su juicio, olvido legal del desacato al Tribunal de Milans y otros justiciables a cuenta de su desagrado por las palabras de un testigo, la citada y hasta ahora última provocación de Tejero y, en general, y por tres meses la manga ancha que se ha tenido con los encausados para que enjuiciaran desde la Sala a las instituciones democráticas, intentaran poner en precario la integridad de numerosos oficiales generales del Ejército y procuraran enlodar a la Corona. Todo ello sumado a unas condiciones de prisión preventiva que como poco cabe tildar de muy benevolentes.Todo hubiera sido -o será- para bien si la ceguera ante los nuevos delitos que han ido cometiendo los encausados sirve para rematar con justicia una causa tan difícil como ésta contra quienes se alzaron en rebelión militar frente a la libre voluntad de los españoles, secuestraron al Gobierno y al Congreso con violencia y humillación y estuvieron en un tris de dividir sangrientamente a la nación. Pero este exceso de prudencia del Tribunal ha de terminar en el momento de dictar justicia. Pues el pueblo español tiene derecho a saber que serán severamente castigados quienes tan brutalmente atentaron contra él.
Los miembros del Tribunal se encuentran en la recta final de sus carreras castrenses, tienen lógicas relaciones de amistad y camaradería con los más notables enjuiciados y han pasado en estos tres meses por una experiencia traumática... Cabe esperar de las zonas más débiles del alma de los hombres que una parte puede ser sensible a razones de casta, de oficio, de armas compartidas, de condolencia ante carreras frustradas, de compasión en el ámbito privado ante el perdedor, y que se haya arrimado intelectualmente más a las posiciones de algunas defensas que a las del fiscal. El día de los alegatos finales para nada se habló ni del secuestro de Gobierno y diputados, ni de la militarización de Valencia ni de golpe frustrado alguno. Solo se alegó, por la cabeza, que se creía en un deseo del Rey de rectificar la política nacional y que se intentó complacer tan altos deseos; y por la base se argumentó que nunca un oficial debe abandonar a sus jefes y que la disciplina ha de ser ciega. Condimentado todo ello con altas dosis de "amor a España", "indecible preocupación por los avatares de la patria" y ferviente "lealtada l Ejército". Grandes palabras, nobles ideas, que extraídas de su contexto, peladas de la ambición, la frustración personal, la propia ideología que nada tiene que ver con el interés de la patria, y las desmesuras y barbaridades y deslealtades y mentiras de aquella noche de febrero, pueden llegar a conmover.
Pero los jueces saben que la benevolencia, la firme decisión de no hacer sangre en corporaciones enteras, ya la tuvo este Estado al reducir voluntariamente las responsabilidades de febrero a tan solo 33 personas físicas que son las que se han sentado en el banquillo. Y aquí no se defiende ningún espíritu de grosera vindicación sino un nivel mínimo de autorrespeto que han de tenerse a sí mismas las Fuerzas Armadas ya que son ellas quienes juzgan los delitos de sus miembros. Que no parezca ahora poco menos que una hazaña excluir a Tejero del Ejército después de secuestrar a todo el Congreso y de una intentona anterior despachada con unos meses de castillo. Que no sea posible que el día de mañana los ciudadanos de este país que hoy vitorean a su Ejército en las calles vean a, muchos de los jefes y oficiales que hicieron posible por acción u omisión el 23 de febrero impartir órdenes nuevamente, luciendo el uniforme de los soldados de España, dispuestos otra vez a no abandonar jamás al primer superior que en tiempos de paz les ordene un nuevo despropósito contra sus conciudadanos.
Este ha sido un juicio histórico a señalar con piedra blanca en la historia del país y sus soldados. Pero las sentencias no se remiten solo a futuros estudiosos sino que señalarán el divorcio o el ayuntamiento entre Fuerzas Armadas y sociedad civil. El país quiere sentirse protegido por su Ejército y saberse orgulloso de él, sin la menor de las dudas de que cualquier individualidad militar que por error o por maldad atente contra el bien común será erradicada de las filas militares. Es el honor del Ejército y la dignidad del Estado lo que está en juego.
