Fraude al desempleo: ideología y realidad
La campaña contra el fraude al desempleo, lanzada a bombo y platillo por el Gobierno, ha sido el detonante de una creciente polémica cuyo reflejo en la Prensa diaria ha conducido a un artículo del director general de Empleo, tratando de explicar las razones de la misma.Sin embargo, las consideraciones un tanto vagas que se realizan no tocan lo que está constituyendo la base del debate entre el Gobierno y los sindicatos.
Tal debate no está centrado sobre la necesidad de combatir el fraude al desempleo -en lo que todos estamos de acuerdo- sino en la utilización partidista que de los resultados de tal campaña se está realizando por el Ministerio de Trabajo, e, incluso, en la veracidad de los datos que sobre este tema se están transmitiendo al país. Y no sólo por la necesidad de ser estrictamente rigurosos en el tratamiento de tan delicado tema, sino porque estas campañas han venido en ocasiones a justificar actuaciones gubernamentales nada beneficiosas para los parados. No hay que olvidar que la promulgación de la ley básica de Empleo (LBE) coincidió con una campaña similar que trataba de justificar el radical acortamiento en los períodos de percepción de la prestación por desempleo alegando un alto nivel de fraude. Los períodos largos de percepción, según tal campaña, eran un nido de defraudadores, y su acortamiento, pues, necesario.
En el segundo semestre del año se agotan los subsidios introducidos por el ANE. El próximo mes, casi 150.000 trabajadores pierden el seguro proveniente de la ley general de la Seguridad Social (anterior a la LBE). La ya rápidamente decreciente tasa de cobertura del desempleo acelerará su caída, precisamente en vísperas electorales. ¿Se trata con esta campaña de preparar a la opinión pública para una nueva justificación de la baja tasa de cobertura? ¿Va a decirse que esto no es tan grave porque un alto número de perceptores del seguro son defraudadores?
Las cifras de fraude
Parece que sí. En gran medida, porque temerariamente se están barajando cifras de fraude cuyo sustento riguroso no aparece por ninguna parte. En el mes de enero, el ministro de Trabajo declaraba que sería un éxito dejar el fraude en un 20%. La campaña publicitaria cifra en 47.000 millones el fraude al desempleo (un 10% del presupuesto total del Instituto Nacional de Empleo, INEM). Ante tan escandalosa situación, los sindicatos y organizaciones empresariales pidieron al Gobierno que justificara documentalmente estas cifras. Y la sorpresa no ha podido ser mayor. Los datos entregados al Consejo General del INEM no justifican los empleados en la campaña publicitaria, aspecto reconocido por los representantes del Gobierno. Y el pretexto no deja de ser curioso: se están elaborando (sic) los datos en que se ha basado una campaña que ya lleva meses en marcha. Dicho de otra forma, los datos utilizados en la Prensa, radio y carteles anunciadores han sido tomados a ojo, y el Gobierno trata, deprisa y corriendo, de elaborar una justificación a los mismos.
La realidad es otra. Con los datos del propio INEM en la mano, las cifras de fraude detectado oscilan entre un 11% y un 16%. Tales porcentajes corresponden a controles sobre empresas y sobre trabajadores que sobrevaloran el fenómeno, ya que, lógicamente, se eligen muestras en las que racionalmente se espera encontrar mayores niveles de fraude (por las características económicas de la zona, según sectores de producción, etcétera). Así pues, el fraude debe estar situado bastante por debajo de esta banda, en lo que al seguro de desempleo se refiere.
El tratamiento, en el mejor de los casos imprudente, de estas cifras -corregidas y aumentadas por el señor Rodríguez Miranda- está dando al país una imagen de sus parados realmente poco favorecida. Lejos de ser personas que sufren a diario las consecuencias de una economía en recesión y de la falta adecuada de protección a la que la sociedad y el Gobierno están obligados, se convierten por obra y gracia de la campaña publicitaria en potenciales defraudadores. Y esta campaña está siendo financiada con fondos, precisamente, del Instituto Nacional de Empleo.
El Gobierno tiene que responder de su actuación. O justifica en qué ha basado su campaña -cosa que no va a poder hacer-, o explica al país que la misma no responde a la realidad, que ha utilizado incorrectamente fondos públicos, y que la realidad del fenómeno es mucho menos abultada de lo que se ha hecho aparecer.
