Condenados dos consejeros de la Caja Rural de Santander por insultos y amenazas a miembros del comité de empresa
El Juzgado número dos de Santander ha dictado sentencia contra dos consejeros de la Caja Rural de Santander por insultos y amenazas a miembros del comité de empresa, a los que la dirección de la entidad de crédito, investigada por el Banco de España a principios de año (véase EL PAIS de 9 de junio de 1981), acusaba de no aceptar algunas sanciones a empleados. En la vista de la causa contra Fermín Gómez Sena, consejero delegado de Personal, y contra el también consejero José Antonio de la Llama Vázquez, el juez aceptó la versión de los demandantes y condenó a los acusados a una multa y al pago de las costas.
Tanto Gómez Sena como De la Llama Vázquez forman parte del grupo de consejeros de la Caja Rural favorecidos por la política de créditos de la entidad, ya que el primero, ganadero de profesión, disfruta de diecinueve millones de pesetas, mientras que su compañero, constructor de Santander, dispone de veinticinco millones reflejados en un documento de concesión en el que faltan las firmas del corredor de comercio y la de los responsables de la entidad otorgante, no figurando tampoco fiadores.La deuda total de apoderados y consejeros de la Caja Rural alcanza en estos momentos 275 millones de pesetas, sin incluir socios o familiares de algunos de ellos. En algunos casos el dinero concedido por la entidad de crédito rural va destinado a negocios inmobiliarios de la capital de Cantabria. Como es habitual en estas situaciones, esos créditos están gravados con intereses muy inferiores a los del mercado bancario.
Desde que el Banco de España realizó su inspección, durante los meses de febrero y marzo de este año -de la que se derivaron varias irregularidades, según reconoció el gobernador del Banco, Alvarez Rendueles, el 20 de julio pasado-, la Caja Rural ha perdido casi quinientos millones de pesetas de sus recursos ajenos, 95 de los cuales corresponden al pasado mes de octubre.
En diciembre del año pasado la Caja Rural tenía 3.800 millones de recursos ajenos, de los que ochocientos correspondían a la oficina principal de Santander, y el resto (3.000) habían sido recogidos en las delegaciones rurales de la región. En cambio, las inversiones crediticias de la oficina de la capital acaparaban en aquellos momentos, habiendo agravado la proporción actualmente, casi el 90% del total.
Concentraciones de riesgos
Entre las irregularidades observadas por los inspectores del Banco de España destacan las concentraciones de riesgos. Un estudio posterior, realizado por encargo de un sector de la UCD de Cantabria enfrentado al diputado y líder agrario Justo de las Cuevas, quien está relacionado con la Caja Rural, demuestra que éste, algunos de sus familiares y sus socios en los negocios agrarios suman un total de 107 millones de pesetas en créditos, en tanto que el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas, ex consejero de la CEOE y consejero de la Caja Rural acapara, junto con sus familiares y socios, otros 164 millones. Los dos coinciden, además, en la promoción de un edificio en construcción en Santander -edificio El Progreso-, en el que también participa otro parlamentario de UCD. Justo de las Cuevas había negado públicamente que tuviera relación alguna, él o su gente, con la Caja Rural.Los documentos que demuestran estas conexiones obran ya en poder de la comisión de seguimiento, formada por partidos, y sindicatos.
