Una política de grasas

Cuando la problemática de la política de aceites y grasas adquiere un protagonismo a nivel nacional por hechos que aunque inciden son ajenos a la producción y comercialización de estos productos y entran en el área de la justicia por tratarse de hechos comerciales que degeneran en presuntos hechos penales, esta organización profesional, de forma consciente, no ha querido hacer manifestaciones que pudiesen interpretarse como una posición poco correcta, ya que de cualquier crítica nuestra hubiese podido interpretarse que más que prestar una colaboración a la Administración de Justicia y a la sociedad, fuese una defensa injustificada y, por tanto, deshonesta, de los intereses de los agricultores.Obedecía esta posición a un sentido de responsabilidad y es en función de esta misma por la que hoy nos vemos obligados a acometer el editorial de ese diario del pasado domingo día 13, publicado con el siguiente titular: También culpable: la política de grasas.

Nuestra disconformidad está relacionada con las cuatro conclusiones a las que llega, con algunas de las medidas que propone y con la mayoría de las premisas que las justifican.

1. Se afirma que la política actual produce excedentes, año tras año, y cuantificarlos previamente en 100.000 Tm. de aceite de oliva, valorándolos en 15.000 millones de pesetas. Ignoramos qué criterios y de qué fuente han podido sacar esta conclusión, pero a nuestro juicio carece de causa objetiva.

La realidad es que el máximo stock que se ha almacenado de aceite de oliva es el actual de 270.000 Tm., aproximadamente, y que representa la acumulación de excedentes de más de cinco años.

Cuando la cosecha actual de aceite de oliva y de girasol puede ser inferior a la de los últimos años y provocar un déficit entre la oferta y la demanda, que justifique importaciones más que una carga para la Administración y para la sociedad, habría que hablar de stocks estratégicos que pueden garantizar la demanda de los consumidores.

Fraudes económicos

También queremos señalar que las existencias que comentamos estarían reflejadas en otros tipos de aceites, de no haberse producido fraudes económicos al venderse como aceite de oliva estos otros aceites, no tóxicos, pero más baratos, que provocaban beneficios económicos extraordinarios y anormales a algunos industriales que han utilizado este sistema, y generaban en gran parte el referido estopaje.

2. Afirma el editorialista, que la política de estos últimos años ha desanimado el consumo de aceite de oliva, cuando la realidad es que, aunque no en los porcentajes que los productos de oliva hubiesen deseado, el consumo interno y las exportaciones, menos este año, se han incrementado.

3. Igualmente se afirma en el artículo que comentamos que se castiga al consumidor con altos precios.

Este punto resulta incomprensible por los siguientes hechos:

- Los precios de aceite de oliva, tanto para el agricultor como para el consumidor, en España son inferiores de un 40% a un 50% a los que rigen en la CEE.

- El precio de garantía del girasol es inferior casi en un 15 % a los que reciben los agricultores europeos.

4. Por último, se asevera sin duda, en las conclusiones que comentamos, que la política de aceites y grasas se puede rematar con adulteraciones envenenadas.

Este hecho hay que relacionarlo, insistimos, más con el derecho penal y con la falta o fracaso de medidas inspectoras de comercio y sanitarias.

Respecto a las medidas que se proponen para provocar un cambio de la política que se ha desarrollado, se contienen dos que, ,por razones objetivas, nos resultan inadmisibles, y que son: la de reducir el precio de intervención para el de oliva y crear un organismo independiente del Ministerio de Agricultura.

En la primera propuesta discrepamos por las siguientes razones:

- Los precios del aceite de oliva han tenido unos incrementos en estos últimos cuatro año inferiores a los del crecimiento de los factores de producción que tienen que ser utilizados forzosamente por el agricultor (mano de obra, fertilizantes, energía, maquinaria, etcétera), habiéndose producido, como en el resto de los sectores agrarios, una profunda descapitalización.

En contra de sus afirmaciones, y sin datos elaborados conjuntamente con la Administración, los actuales precios sólo ofrecen garantía de beneficios a un 20% de la superficie productiva.

Que, como consecuencia de esta situación, la superficie de cultivo ha disminuido, tanto por arranque como por adehesamiento, en más de 300.000 Has. en los últimos cinco años y, desgraciadamente, esa tendencia se mantiene en alza, poniendo en peligro, en un peligro muy próximo, nuestro autoabastecimiento de aceite de oliva.

Ministerio de Agricultura y Alimentación

En cuanto al organismo que en el futuro debe coordinar la política de alimentación, a pesar de nuestras discrepancias con el Ministerio de Agricultura en muchos puntos de la política agraria actual, debe ser la creación del Ministerio de Agricultura y Alimentación, al igual como está estructurado en un número importante de países de la Comunidad, y si partimos de que la integración es un objetivo genérico de nuestra política a corto plazo, parece lógico que se vayan homologando los aspectos institucionales.

No podemos dejar incompleto nuestro comentario al editorial sin hacer referencia a algunas de las afirmaciones previas que se hacen en el mismo.

El contingente de 90.000 Tm. y no 90 Tm., como por error se contiene en el editorial, obedece a una filosofía que aplica a otros sectores y que está justificado por el hecho de que en España es posible marcar un objetivo de autoabastecimiento de aceites, con precios competitivos.

La producción de aceite de girasol en nuestro país se fomenta no «al abrigo de los altos precios del aceite de oliva», ya que, como hemos manifestado, los precios del aceite de oliva en España son bajos y la realidad es que la producción de la semilla oleaginosa que comentamos se desarrolla por una promoción importante de las extractoras que han contado con la colaboración del Ministerio de Agricultura y de los propios agricultores.

No resulta objetivo afirmar que los precios autorizados de venta al público de otros aceites se eleven para proteger el consumo del aceite de oliva. Los incrementos de estos aceites han obedecido a razones económicas por aumento de las materias primas, así como de los demás componentes del escandallo de costes de las industrias transformadoras de los mismos.

También resulta fuera de la realidad que el Ministerio de Agricultura puede vanagloriarse de una defensa de los agricultores cuando éstos, de forma constante y justificada, en los últimos años han elevado toda clase de protestas, desde recursos jurídicos hasta manifestaciones públicas, por la política del Gobierno en el tema que nos ocupa.

Hemos protestado, al igual que otras organizaciones, sobre la potencialidad del fraude que puede ofrecer el aceite de soja y las grasas obtenidas por esterificación, pero el calificativo de oceánica que da el editorialista significaría una negligencia gravísima por parte de la Administración, ya que ésta conoce los kilos de haba de soja que se importan, su contenido en grasa, el contingente nacional y las cifras de exportación.

No creemos que el aceite de oliva haya influido de forma decisiva en la situación actual de la industria conservera, ya que ésta deriva más de declaraciones irresponsables y de que, paralelamente, las materias primas se han incrementado más porcentualmente que los precios del aceite.

Por último, queremos dejar constancia de lo que es público y notorio: nuestra disconformidad con algunas cuestiones de la política gubernamental en el tema de aceite y grasas, pero esta posición no puede hacerse compatible, como la que comentamos, que a nuestro juicio desvirtúa la realidad.