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Los fiscales rechazan un texto favorable a la Constitución

Por diez votos en contra, ocho a favor y cuatro abstenciones, la junta de fiscales de Madrid rechazó la aprobación de un texto contra el golpe de Estado del 23 de febrero, de respeto a la figura del Rey y de acatamiento de la Constitución y a los valores democráticos que en ella se encarnan, como ya informó EL PAÍS en su edición de anteayer.

Los oponentes a dicho texto se acogieron al artículo 16 de la Constitución, según el cual «nadie podrá ser obligado a declarar, sobre su ideología», ya que consideran que los valores, democráticos, y muy particularmente el pluralismo político, forman parte del contenido de una ideología determinada.Los fiscales que propusieron el debate y la aprobación del texto contraargumentaron que la democracia y los principios que encarna no es cuestión de ideología, sino de cultura.

El texto rechazado es el siguiente: «Los acontecimientos del pasado 23 de febrero nos piden, como hombres de leyes al servicio de la justicia y del poder judicial, una toma de postura, ante el intento de derrocar por la fuerza de las armas los valores supremos de nuestro ordenamiento jurídico encarnados en la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismopolítico, que configuran el Estado social y democrático de derecho consagrado por el artículo 1º de nuestra Constitución, unico marco de actuación donde son posibles la defensa de la legalidad, de los derechos y libertades de los ciudadanos, la tutela del interés público y la satisfacción del interés social, misiones que se encomiendan a todos los poderes del Estado y, dentro de ellos, de manera específica al ministerio fiscal; por todo ello, los abajo firmantes, miembros de la carrera fiscal solicitamos que conste en acta de la junta de fiscalía del día de hoy nuestro respeto y lealtad a la figura de su majestad el Rey, en cuyo nombre se administra la justicia, y el acatamiento a la Constitución y a los valores democráticos que en ella se encarnan. Pedimos que, por conducto del fiscal general del Estado, se dé traslado de este escrito a su majestad el Rey».

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