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Editorial:

Con la Constitución

EL GOLPE de Estado llevado a cabo por destacamentos de la Guardia Civil en la tarde de ayer, al tomar por asalto el palacio del Congreso y secuestrar a los representantes de la soberanía popular y al Gobierno del Estado, ha sido un alevoso atentado contra el pueblo español, una humillación para la dignidad y madurez de una de las más antiguas naciones del mundo occidental y una criminal violación de la Constitución, aprobada en referéndum popular en diciembre de 1978.

La defensa de la Constitución y de la legalidad vigente ha tenido en el Rey su más resuelto y admirable combatiente. Este país nunca podrá olvidar que, después de que el general Milans del Bosch decretara el estado de excepción en la Región Militar de Valencia por su cuenta y riesgo, sin respetar los mandatos constitucionales ni consultar al Rey, a quien corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas, don Juan Carlos asumió la responsabilidad de la situación y encomendó a los secretarios y subsecretarios no aprehendidos por los secuestradores el ejercicio del poder civil. La actitud del Jefe del Estado en las tensas horas de ayer es símbolo de la legitimidad constitucional y democrática.

El golpe de Estado ilumina, por lo demás, buena parte de los acontecimientos de la etapa de transición y los sitúa en su adecuada perspectiva. La operación Galaxia no fue una charla de café, sino uno de los hilos de la madeja conspirativa que quedó al descubierto. La circunstancia de que el teniente coronel Tejero, principal responsable de aquel compló en toda regla, resultara condenado con una pena leve y fuera reincorporado después al servicio activo ha permitido a este soldado desleal y sedicioso participar destacadamente en esta segunda intentona golpista. Así, las debilidades, complicidades y cobardías que impidieron en su día castigar a los culpables de la operación Galaxia con las penas congruentes y realizar a su debido tiempo los relevos imprescindibles en los cargos de las Fuerzas Armadas y en las fuerzas de seguridad, a fin de sustituir a los conspiradores y golpistas por militares y policías respetuosos de la Constitución, son factores tan responsables como los propios asaltantes del Congreso de la inaudita y esperpéntica estampa escenificada ayer en el palacio de la carrera de San Jerónimo, más propia de una república bananera o de un pronunciamiento decimonónico que de una nación europea a finales del siglo XX.

Hasta la dimisión de Adolfo Suárez adquiere, a esta luz, un nuevo significado, lo mismo que la irresponsabilidad de numerosos miembros de su partido. Todos aquellos que han jugado a aprendices de brujos conjurando a fuerzas y presiones extraparlamentarias para promover sus intereses podrán comprender ahora lo fácil que es provocar tormentas enormemente más graves y peligrosas que las que deseaban poner al servicio de sus objetivos.

Los ideólogos de las bandas armadas y los terroristas que asesinan, extorsionan y secuestran encuadrados en las diferentes ramas de ETA también habrán tenido ocasión de comprobar cómo un golpe de Estado, que convertiría al País Vasco y al resto de España en un gigantesco campo de concentración o de exterminio, es la única consecuencia política a la que llevan sus acciones criminales. Porque en la tarde de ayer, el secuestro del Congreso de los Diputados y del Gobierno tuvo otros cómplices, además de los que vivaqueaban en los alrededores del hotel Palace o en oscuros despachos oficiales. Y entre esos cómplices están todos los que usan de la violencia y apelan a ella en el marco de un Estado democrático soberana y libremente constituido.

Ocurra lo que ocurra en las próximas horas o en los próximos días, suceda lo que suceda a quienes nos mantenemos fieles a la Constitución y a la legalidad vigente, nacidas ambas de elecciones libres y de la voluntad del pueblo español, los golpistas están condenados por la Historia, por la ética y por los juramentos de honor que tanto prodigan y tan poco cumplen. Ojalá este acto de barbarie sea sólo un bochornoso incidente y sirva, al menos, para que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de esta vieja nación sepan sacar las adecuadas consecuencias: que una democracia no puede ser defendida por quienes no creen ni en sus valores ni en sus principios y por quienes están dispuestos a matar y extorsionar en contra de la libertad.

En cualquier caso, este acto sedicioso, si tiene el final feliz que todos deseamos, no puede ser despachado bajo la teoría del «grupo salvaje», del pelotón de guardias civiles bastante descontrolados y enloquecidos. La investigación judicial sobre el asalto con toma de rehenes al Congreso de los Diputados tiene que alcanzar el fondo de todas las tramas -incluso si están insertas en las instituciones- que vienen conspirando contra la democracia desde el mismo momento de la reforma política. Los locos -máxime si circulan armados- son recluidos en las casas de orates y no se les entrega el mando de la tropa.

La Constitución española, para bien de todos y para honra de nuestra sociedad, ha abolido la pena de muerte, al igual que las torturas y los tratos inhumanos. En estas horas difíciles, nos ratificamos en la defensa que hicimos y que seguiremos haciendo, desde las páginas de este periódico, de la abolición de la pena capital, que garantiza la vida a los organizadores del asalto al Congreso. Sin embargo, la Constitución debe ser aplicada en todos sus mandatos. La rebelión debe ser abortada; sus cómplices y encubridores, desenmascarados y puestos a buen recaudo; y sus autores, detenidos, juzgados por tribunales que aseguren un juicio a la vez imparcial y conforme a derecho y castigados para ejemplar escarmiento. Los ciudadanos españoles deben sumarse a la gran protesta nacional e internacional y movilizar por todos los medios a su alcance la voluntad popular en defensa de la legalidad. Pero es precisamente necesario demostrarlo con su decisión de convivencia, con sus ganas de libertad y de alegría, sin apelaciones en este momento a huelgas generales o actos multitudinarios que ahonden en la desestabilización, máxime cuando la vida de los líderes políticos de este país pende aún de la voluntad de unos fanáticos. A la hora de cerrar esta edición, la situación parece controlada por el Rey y las fuerzas y los poderes legales. El comportamiento de los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas y de la Junta de Jefes del Alto Estado Mayor ha estado a la altura de la serena conducta de su mando supremo. Las horas y los días venideros determinarán el futuro en libertad de España.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de febrero de 1981