La tortura y la ley
LA INDIGNACIÓN producida por el asesinato del ingeniero Ryan a manos de ETA Militar no puede servir de excusa para difuminaro poner sordina a la muerte del etarra José Arregui, fallecido en el Hospital Penitenciario, al que fue trasladado directamente desde los calabozos de la Dirección de la Seguridad del Estado, y a las alegaciones de malos tratos de otros detenidos en el mismo expediente. Por el contrario, los mismos sentimientos de horror y de rechazo suscitados por el crimen cometido por ETA Militar hace una semana exigen ahora alzar la voz para condenar esa presumible manifestación de. barbarie de unos funcionarios gubernamentales que para nada se distingue de la terrorista desde la perspectiva del respeto a la vida, los derechos humanás, la ética ciudadana y los valores democráticos.El artículo 15 de la Constitución dice de forma expresa, que todos tienen derecho a la vida y a la integridadfisica y moral y que en ningún caso puede nadie ser sometido a tortura ni apenas o tratos inhumanos o degradantes. El artículo 10 de nuestra norma fundamental subraya también que la dignidad de la persona y losderechos inviolables que le son inherentes constituyen elfundamento del orden político y de la paz social, y remite para la interpretación de los derechos fundamentales y las libertades reconocidas en la Constitución a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
De confirmarse que la muertede José Arregui, cuyo cuerpo agonizante fue entregado por el Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, se ha producido como consecuencia de torturas o de tratos inhumanos comportamientos penados, por lo demás, en el artículo 204 bis del Código Penal-, nos encontraríamos ante un delito cuya responsabilidad puede afectar al propio titular del Ministerio del Interior y otros altos cargos del departamento, en el caso de que los presuntos culpables no sean detenidos y puestos a disposición del juez. Más allá de la responsabilidad penal, si es que existe -como muchos presumen-, debe por eso señalarse la responsabilidad política compartida del Gobierno, que, aunque cesante, continúa en sus funciones hasta la formación del nuevo Gabinete. Porque no olvidemos que, aunque dimitido, Adolfo Suárez sigue siendo el presidente del Gobierno, y que, para mayor confusión, el candidato designado por el Rey para sustituirle es todavía vicepresidente del actual Gabinete.
A principios de diciembre, Amnistía Internacional, esa benemérita organización que ha denunciado las viola ciones de los derechos humanos lo mismo en Argentina o Chile que en la Unión Soviética o Cuba, hizo público el informe enviado al Gobierno español en septiembre de 1980 sobre torturas practicadas por algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad contra detenidos en el País Vasco y en Catalufia. Determinados órganos de Prensa cercanos al Gobierno trataron de organizar una campaña de difamación contra Amnistía Internacional semejante a la que orquestó en sus tiempos el Ministerio Fraga en torno a los casos de Julián Grimáu y de Enrique Ruano, y Televisión Española, tan diligente para escalofriar a los espectadores con las barbaries de otros países, guardaba un estricto silencio sobre el informe. Hasta la fecha, que nosotros sepamos, no se ha producido respuesta oficial del Gobierno, siempre dispuesto a levantar un muro de espesos encubrimientos en torno a asuntos como estos. No hay que remontarse muy lejos para recordar el ro cambolesco cruce de la frontera de Hendaya por un co mando de mercenarios asesinos, supuestamente depen dientes de altos funcionarios de la Dirección de la Seguridad del Estado.
El informe de Amnistía Internacional no contenía sólo un desolador inventario sobre presuntas torturas cometidas contra catorce detenidos, sino que además realizaba un atinado examen de la normativa antiterrorista, que recorta los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución, y sometía al Gobierno español una serie de conclusiones y recomendaciones destinadas a llamar la atención sobre las implicaciones prácticas en contra de los derechos humanos que llevan aparejadas las leyes de excepción y la falta de control en su aplicación por el poder judicial y el ministerio fiscal. Resulta doloroso y triste reconocerlo, pero lo cierto es que la muerte de José Arregui se ha producido en el ámbito de aplicación de esa legislación que Amnistía Internacional denunciaba como marco propicio para la conculcación de los derechos humanos.
José Arregui y su compañero Isidro Echave, detenidos el miércoles 4 de febrero y sospechosos de varios asesinatos terroristas, permanecieron casi diez días en las dependencias gubernativas totalmente incomunicados, sin asistencia de abogados ni contacto con sus familiares, tal y como autoriza la ley de Suspensión de Derechos Fundamentales de 1 de diciembre de 1980. Si bien esa disposición posibilita al juez para requerir información y conocer personalmente la situación de los detenidos, lo cierto es que no le obliga a realizar esa función de vigilancia que los hechosí por desgracia, demuestran absolutamente ¡m prescindible. En cualquier caso, desde el miércoles 4 de febrero hasta el jueves 12 o el viernes 13 de febrero, Arregui y sus compañeros de expediente permanecieron incomunicados y sin asistencia de letrados defensores en las dependencias de la Dirección de la Seguridad del Estado. Este comentario sobre unos acontecimientos de los que un Estado y una sociedad civilizados tienen que avergonzarse por razones estrictas de dignidad humana puede completarse con algunas reflexiones políticas, pese al riesgo que implica la posibilidad de que haya quien subordine las cuestiones de principio a las conveniencias de coyuntura. Parece obligado señalar que los pasos dados en las últimas semanas para la pacificación del País Vasco y el aislamiento social de ETA Militar pueden ser desandados tras la muerte de José Arregui.
Recomenzará ahora la siniestra subasta de las inculpaciones mutuas y el nauseabundo intento de justificación de los asesinatos por la ley del Talión. Esa espiral de crimen, sangre y culto a la muerte es más eficaz todavía que la Goma 2 para hacer saltar por los aires las esperanzas de paz y de democracia en el País Vasco y en el resto de España. Pero ¿será posible que el Gobierno no se dé cuenta que la obcecación en impedir que un Estado democrático tenga una policía democrática, objetivo que requiere una reorganización de los cuerpos de seguridad, es el mejor apoyo que ETA Militar ha tenido y sigue teniendo para llevar a cabo su estrategia? La gran mayoría de buenos policías profesionales, la dignidad del Estado y el respeto a nuestro pueblo merecen algo más que el silencio culpable del Gobierno y las «inmediatas órdenes» de investigar.
