Seis meses de conflicto
La negociación es nuevamente posible para poner fin a la huelga que desde hace más de doscientos días mantiene paralizada la actividad en Crímidesa. Con el abandono del encierro y la puesta en libertad de los rehenes que medio centenar de huelguistas mantenían retenidos en las oficinas de la explotación en la noche del pasado martes, la empresa estudia la posibílidad de negociar los despidos registrados a lo largo del conflicto y reanudar hoy mismo la discusión del convenio que originó la huelga.En efecto, desde el pasado 11 de abril, los 119 trabajadores que integraban la plantilla de Crimidesa en aquellas fechas -en la actualidad 32 están despedidos y otro más, miembro del comité de empresa, tiene instruido expediente, acusado de proferir graves insultos contra la propiedad- permanecen inactivos, de acuerdo con la convocatoria de huelga votada aquel día como respuesta a la falta de acuerdo con la empresa en la negociación del convenio colectivo.
De acuerdo con la versión obrera, la petición del comité de empresa en la negociación del convenio se concretaba en un incremento salarial sobre tablas del 19,80% para 1980 -el pacto habría tenido vigencia durante cuatro años, con el,fin de garantizar durante este período la paz social que requieren las fuertes inversiones previstas por la sociedad para proceder a la reconversión tecnológica de la explotación-, con una escala móvil semestral de acuerdo con el IPC incrementado en dos puntos. La oferta de la empresa se limitaba a un incremento sobre tablas del 19,85%.
La protesta obrera y su justificación a la huelga se centra en la negativa empresarial, aparte el anterior punto, a incluir en el convenio al personal facultativo, técnico y administrativo. Otro aspecto de confrontación entre las partes se refiere a la remuneración de las horas extraordinarias y a la actualización de la antigüedad.
Turnos de mantenimiento
Sobre la base de esta falta de acuerdo, el pasado 11 de abril se rompen las negociaciones y comienza la huelga. Durante el período de inactividad, de acuerdo con lo ordenado por la Delegación de Industria en Burgos, en aplicación del decreto de 4 de marzo de 1977, sobre relaciones laborales, y de acuerdo con el carácter de bien público que constituye la explotación minera, se establecen unos turnos de mantenimiento que, por las características de la explotación, son inseparables de la producción, si bien ésta se reduce a un 30% de sus niveles en situación de normalidad.
La aplicación de lo preceptuado por Industria origina nuevos enfrentamientos entre empresa y trabajadores y se producen treinta despidos, declarados todos ellos procedentes por Magistratura, si bien en catorce de ellos la procedencia de los mismos es consecuencia de la presentación fuera de plazo de los oportunos recursos. A estos despidos se afiadirían posteriormente otros dos, como consecuencia de un incidente durante una festividad en el pueblo, en el que fueron insultados los propietarios de la mina.
A lo largo del conflicto se registra la mediación del gobernador civil de Burgos, cuya presencia es solicitada por el asesor de los huelguistas, el secretario general de CC OO de Burgos, Francísco Ubierna, reelegido recientemente para este cargo en representlación de la tendencia opuesta al eurocomunismo dentro del PCE.
Duranie los seis meses de paro, los huelguistas han intentado, sin éxito, acceder a la Administración central para exponer su situación.
El último contacto entre empresa y trabajadores con anterioridad al forzado por los incidentes del pasado martes concluyó sin acuerdo, al ofertar la empresa un íncremento salarial del 10% y negarse a negociar sobre los despidos.
