Numerosas irregularidades administrativas afectan a los centros sanitarios públicos y privados
El secretario de Estado para la Sanidad. Manuel Varela, conoció el jueves, según manifestó a EL PAIS, el informe de la Subdirección General de Inspección de Servicios Sanitarios sobre «las causas genéricas de irregularidades y anomalías más frecuentes» en la sanidad española, referido al último año.
El secretario de Estado para la Sanidad comentó que considera positivo el esclarecimiento de cualquier tipo de irregularidades, «si bien hay que tener en cuenta que, en un campo de trabajo tan vasto como el de la sanidad, siempre existe un lógico porcentaje de imperfecciones». En este sentido añadió: «Creo que es perjudicial extraer un estado de alarma de unos hechos, los cuales, desde luego, han de corregirse, pero que se enmarcan en una estructura sanitaria para la que, ahora mismo, no hay otra alternativa».Una inspección en marcha
El director general del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), Carlos Mestre Rossi, inspector médico, ex director del centro sanitario Ramón y Cajal (el Piramidón), de Madrid, y ex subdirector general de Asistencia Extra hospitalaria, remitió el jueves por la mañana el citado informe al secretario de Estado para la Sanidad.
Dicho informe (véase EL PAIS del 22-10-80) es el resultado, junto a otros trabajos, de la intensificación de la labor de los servicios de la inspección sanitaria del Insalud para erradicar la deshonestidad de la sanidad pública, según fuentes de dichos servicios.
Dentro de esta política, el ex director general del Insalud, José Luis Izaguirre, encargo hace varios meses un informe general, que se remontó a septiembre de 1979 para remitirlo, a su vez, a las altas esferas del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Igualmente ordenó una inspección en la clínica Puerta de Hierro, en enero de este año, a raíz de una denuncia periodística publicada en El Socialista sobre presuntas irregularidades en el servicio de medicina nuclear de dicha clínica, que afectaba a varias personas.
Dichos informes -el general y el de la clínica Puerta de Hierro- fueron realizados por la Subdirección General de Inspección de Servicios Sanitarios y trasladados a La Dirección General del Insalud el pasado día 25 de septiembre.
Al parecer, el último reajuste ministerial, de fecha 9 de septiembre, que originó cambios en los cargos de la cúspide del Ministerio -entre ellos el del director general del Insalud-, ha demorado una actuación en consecuencia con dichos informes. No obstante, según publicó EL PAIS el pasado miércoles, fuentes oficiales anunciaron la apertura de un expediente administrativo sobre los datos del informe de la clínica Puerta de Hierro, a fin de fijar con precisión el alcance de las presentes irregularidades que en él se denuncian.
Los informes, a los que ha tenido acceso EL PAIS, «no pretenden una agresión a la clase médica y sanitaria en ge-neral, sino todo lo contrario», segú a las fuentes de los servicios de inspección consultadas sobre el tema.
«En un conjunto que supera la cifra de 60.000 Fersonas dedicadas a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, los casos de deshonestidad pueden afectar a unas 5.000 aproximadamente», precisaron. Se considera, asimismo, que la gran mayoría «muestra una gran abnegación y dedicación a su trabajo, en beneficio de los enfermos y del,tesoro público».
Las actuaciones que se deriven de los citados informes podrían incidir en los nombramientos de seis subdirectores generales del Insalud y un secretario general, previstos para fechas próximas.
Fuentes autorizadas de la Subdirección General de Inspección de Servicios Sanitarios expresaron a este periódico su preocupación por la filtración de los citados documentos. Asimismo, señalaron que ese departamento no habría recibido respuesta «de las altas instancias del Ministerio en relación con los citados informes». Las mismas fuqntes añadieron: «En todo caso, es competencia de la Inspección levantar las irregularidades, pero son los órganos de gestión los responsables de eliminarlas».
Anomalías por toda España
El informe general apunta anomalías diversas en distintos puntos de la geografía española. En algunos casos se han iniciado actuaciones judiciales. Otros continúan en situación de presunta ilegalidad.
La denuncia de este informe se refiere a facultativos sustituidos por personal no médico; expedientes por no realizar visitas a domicilio; alarmante infrautilización de centros (Virgen de la Torre, Clínica de Ibiza y Lope de Rueda, en Madrid; José Antonio, de Valencia; Cíes, de Vigo; Herrero Tejedor, de Castellón, y Clínica Adriano, de Barcelona); material almacenado desde años y deteriorado por las ratas, desionización, etcétera, como en el ambulatorio de Coya (Pontevedra) y múltiples gimnasios de ambulatorios, consultorios alquilados a altos costes a escasa distancia de ambulatorios con plantas vacías, como en Vallecas, Madrid, y práctica ilegal de la iguala.
Estos puntos, entre otros, se refieren a la asistencia primaria. En cuanto a asistencia hospitalaria propia, destacan exceso de utillaje en el centro Ramón y Cajal, de Madrid. El informe recoge en este asunto el detalle de material desaprovechado para el uso por valor de varios cientos de millones de pesetas. Así como la destrucción de costosos aparatos scanner almacenados en sótanos de Sevilla, Bilbao y Valencia.
En el mismo capítulo señala faltas por bajo rendimiento de los facultativos jerarquizados, cierre general al mediodía de quirófanos y otros instrumentales, cuyo aprovechamiento en el resto de la jornada sería más rentable; anomalías en la asistencia a enfermos privados; en guardias localizadas que repercuten en incremento de los honorarios; bajísimo rendimiento en determinados centros, mientras se producen grandes listas de espera para servicio de quirófano en otros centros; similares desajustes con respecto a plantillas de personal; la falta de scanner en instituciones propias de la Seguridad Social que dependen para este servicio de
Numerosas irregularidades administrativas afectan a los centros sanitarios públicos y privados
centros privados concertados o regentados por facultativos que trabajan en instituciones propias de la Seguridad Social, cuando tal desorganización obliga a enfermos de diferentes provincias a viajar a Madrid; estancias prolongadas insatisfactoriamente en algunos centros de agudos (Primero de Octubre y Puerta de Hierro); falta de rendimiento, a pesar del buen utillaje en servicios de radiodiagnóstico (Ciudad Sanitaria Príncipes de España), mientras se mantienen instalaciones obsoletas en Tarragona, Palma de Mallorca, Mérida, Zafra, Pontevedra y otros.También referido a los centros propios de la SS, y en otro orden, se denuncia la ausencia de admisión ordenada de enfermos en los grandes centros, propiciando situaciones como camas sin ocupar y enfermos en los pasillos. El informe precisa: «Utilizados como lucha. política en el Primero de Octubre, o esporádicamente, para ingresar amigos saltando listas de espera en otros centros»; presuntas connivencias frecuentísimas entre servicios de rehabilitación y ortopedias, a las cuales son dirigidos los enfermos para adquisición de prótesis, como en Granada; numerosos; centros sanitarios sin equipo directivo, como en Alicante y Vigo; gran cantidad de centros construidos y sin utilizar que costaron en 1979) más de 106 millones de pesetas en gastos de mantenimiento; contabilización de veintiocho centros propios cuyos porcentajes de utilización son inferiores al 50% en 1979: centros utilizados en su aforo al 60%, mientras rebosan los hospitales privados concertados, como ocurre en la ciudad sanitaria Fernando Zamacola, de Cádiz, etcétera.
Rentabilidad del gasto público
El informe consta de dieciocho folios, cuyo resumen se trata de mostrar aquí. En la referencia a centros y servicios concertados refleja, igualmente, diversas situaciones: desde facturaciones como estancias de lo que en realidad fueron simples sesiones de ambulatorio y otros actos similares (Tudela, Granada, San Camilo, de Madrid; Hospital Civil de Basurto hospital de Figueras, San Ignacio: de Madrid; Talavera, Valladolid etcétera), hasta falseamiento de recetas (Ciudad Real, Cuenca, Madrid).
En materia de prestaciones sanitarias, el informe resalta los fraudes diversos por baja laboral, las redes de falsificación de recetas sobre prestación farmacéutica (Madrid, Palma de Mallorca, Jaén), connivencias entre laboratorios y médicos, etcétera. El informe finaliza así: «Todo ello obliga a una constante atención inspectora y a la utilización permanente de, medidas disciplinarias y judiciales».
El equipo de inspectores, cuyo trabajo ha asumido la Subdirección General de Inspección de Servicios Sanitarios, según la referencia facilitada a este periódico, «buscan la rentabilidad del gasto público y un nivel de exigencia y claridad que impida los abusos». Las mismas fuentes se pronunciaron en favor del cometido de «una comisión ejecutiva que existe en el Insalud, con representantes de la patronal, sindicatos y la Administración, la cual no debe seguir manteniendo en silencio cuestiones reiteradamente denunciadas. Y, del mismo modo, deben constituirse estás mismas comisiones a nivel provincial, pues hace más de un año que se debían haber formado».
