El Plan Especial de Madrid garantiza la conservación de 20.000 edificios de interés artístico
El pleno de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana (Coplaco) ratificó el plan especial de conservación y protección de edificios y conjuntos de interés histórico-artístico de Madrid, que ya fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento el pasado 30 de mayo. El plan especial, junto con la modificación de otros planes y ordenanzas municipales interrelacionadas, forma un paquete de disposiciones legales, sin duda alguna las más importantes adoptadas hasta la fecha para salvaguardar la fisonomía del casco urbano. A partir de ahora, será muy difícil que la piqueta se cebe sobre algunos de los aproximadamente 20.000 edificios comprendidos dentro del plan.
El plan especial contempla un amplio perímetro que abarca todo el centro de la ciudad, desde el campo del Moro, a espaldas del Palacio Real, hasta la plaza de Manuel Becerra, y desde el parque de la Arganzuela, incluido el complejo del mercado de Legazpi, hasta la, calle de Concha Espina. Sus medidas protectoras se aplicarán también sobre otros puntos alejados del casco central madrileño, pero que se han considerado como acreedores a su conservación. Entre ellos se encuentran los cascos antiguos de varios pueblos que en los últimos años pasaron a convertirse en distritos madrileños.El plan contempla tres niveles diferentes de protección. El primer nivel se denomina de protección integral, e incluye a aquellos edificios declarados como monumentos nacionales o que están en trámites de serlo, así como aquellos otros que, aunque no alcancen la misma categoría, puedan ser declarados monumentos de interés local. En este nivel de protección integral es obligatoria la conservación de los edificios y su restauración en caso necesario, y la medida más permisiva que se contempla es la de rehabilitación, que permite modificar el interior de los mismos, pero respetando la fachada y todos los elementos estructurales.
El segundo nivel se refiere a la protección estructural, y abarca aquellos inmuebles que incluso pueden ser derruidos parcialmente, porque sólo. algunos de sus elementos merecen la consideración de histórico-artísticos. En algunos casos se conservarán íntegros, aunque en su interior las obras de reacondicionamiento puedan alcanzar mayor amplitud.
Protección ambiental
Por último, el tercer nivel contempla la protección ambiental, e incluye edificios de todo tipo, desde ferrocarriles hasta casas de vecindad, que tal vez no tengan un interés histórico-artístico considerable en sí mismos, pero que en conjunto forman la fisonomía de la ciudad y no pueden ser sustituidos impunemente por bloques modernos sin que el paisaje urbano pierda su personalidad. En este tercer nivel se permite derruir los inmuebles más deteriorados, que amenacen ruina o que existan razones de otro tipo suficientes para hacerlo, pero se exige simultáneamente que el edificio que ocupe su lugar guarde unas características estéticas conformes al entorno.Al mismo tiempo que el plan especial, el pleno de Coplaco aprobó definitivamente las modificaciones del plan especial de reforma interior del casco antiguo, del plan especial de reforma interior del antiguo ensanche y diversas ordenanzas municipales relacionadas con los dos citados. En conjunto, todos ellos tienden a frenar el proceso de degradación de la ciudad y, sobre todo, a impedir radicalmente el cambio acelerado de usos, de residencial en comercial, oficinas o apartamentos, que fue el objetivo de las maniobras especulativas de los últimos lustros.
Como tuvo que reconocer ayer Carlos Conde Duque, delegado del Gobierno en Coplaco, en una conferencia de Prensa, este conjunto de modificaciones lo que hace es retrotraer las normas urbanísticas a la situación que existía al principio de los años setenta, cuando forzados por las presiones inmobiliarias, tanto Coplaco corno la gerencia municipal aprobaron una serie de medidas que se han revelado perjudiciales para la ciudad. Así, en todo el barrio de Salamanca y otros de parecida factura urbana se prohíbe de nuevo levantar más pisos que los que se construyeron en su época y se suprime la posibilidad de construir terrazas, algo que es plenamente acorde en los nuevos bloques de urbanizaciones del extrarradio, pero que rompe el tipo de construcción de siglos pasados y mediados del actual.
Igualmente, con las nuevas normas desaparece el plano 90-A, conocido así familiarmente, y que permitía el derribo de casas del centro de Madrid para ser sustituidas por centros comerciales o de oficinas. También los usos serán vigilados rigurosamente con la nueva normativa. Se han calificado en cuatro categorías: usos privados no residenciales (grandes almacenes, por ejemplo), usos privados residenciales, usos públicos dotacionales y usos públicos no dotacionales, por este orden. Las nuevas ordenanzas permiten que un gran almacén sea derruido para construir edificios de residencia, pero no su contrario, que era precisamente lo que daba pie a que El Corte Inglés, por ejemplo, se levante hoy sobre el solar de lo que antes era una barriada.
Todos satisfechos
Tanto Eduardo Mangada, concejal responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, como Carlos Conde Duque mostraron ayer su satisfacción por las decisiones adoptadas. El señor Mangada y la mayoría de izquierda del Ayuntamiento en su conjunto fue partidario desde un principio de sacar adelante el plan especial como fuera, pasando por encima de las protestas de propietarios, de sociedades inmobiliarias y de algunos colectivos profesionales que veían en peligro las facilidades con que contaron hasta entonces para hacer y deshacer en Madrid.El concejal añadió que ahora el Ayuntamiento cuenta con un instrumento de intervención directa de salvaguarda de la ciudad, que acaba además con la ambigüedad legislativa que suponía el hecho de que las licencias de construcción estuviesen paralizadas. La fecha en que expiraba el plazo era el 9 de noviembre, y de ahí la urgencia de que el plan fuera aprobado antes.
Queda, sin embargo, un punto fundamental que puede poner en entredicho la aplicación práctica del plan especial, y es su financiación. Aunque existe un proyecto para que entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo se cree un fondo monetario, aún no hay nada decidido en firme. Las necesidades alcanzan los 3.000 millones de pesetas, de los que el Ayuntamiento aportaría mil millones Por último, hay que señalar que el Plan Especial de Protección deberá ser revisado al cabo de dos años, desde !u entrada en vigor, a no ser que antes esté elaborado el Plan General de Madrid, que elaborará el Ayuntamiento, y que a su vez formará parte del Plan General del Area Metropolitana. Si el Plan General de Madrid se redacta antes de los dos años, el plan especial de conservación será incluido en el mismo.
