Sistema fiscal y exportación
EN EL último Consejo de Ministros, y bajo el signo de la reducción del déficit del sector público, se han anunciado una serie de subidas y bajadas en las cuotas de cotización de la Seguridad Social que, en su conjunto, suponen un incremento de la recaudación y una carga, adicional para las empresas. En efecto, el tipo de la cuota de cotización del seguro de desempleo, que actualmente es del 2,7% de la nómina de los salarios reales pagados por las empresas, se eleva en un 1,3% hasta un 4%. Obsérvese bien que esta cuota es complementaria de la cuota general de la Seguridad Social, que, por su lado, supone el 35% de los salarios declarados. Como el tema es enrevesado, se insiste en que la cuota complementaria se calcule sobre los salarios reales, y la cuota general, sobre los salarios declarados que, en muchas empresas, no coinciden. El tipo de la cuota general, por su lado, se reduce un 0,7% como para compensar los mayores gravámenes impuestos por otras vías. Ahora bien, el resultado de una sencilla operación aritmética, Consistente en aplicar los nuevos tipos de valores actuales, daría como resultado una reducción de unos 13.000 millones de pesetas en la recaudación de cuota general y un aumento de unos 40.000-45.000 millones de la cuota complementaria sobre seguro de desempleo. En definitiva, que las empresas pagarán unas cantidades adicionales suplementarias para contribuir a cubrir los crecientes gastos del seguro de desempleo y reducir así el déficit del sector público.Pero las consecuencias económicas de unos mayores pagos por Seguridad Social suponen lisa y llanamente un desincentivo a la contratación de nuevo personal y una reducción de los beneficio, porque las cuotas de Seguridad Social son un impuesto que grava la mano de obra y en consecuencia, repercute directamente sobre los costes de las empresas.
A unos kilómetros de distancia de la capital de España, la Comisión Europea está a punto de anunciar el establecimiento de un impuesto compensatorio del 10,25% a las exportaciones españolas de tubos de acero. El pretexto es, una vez más, la supuesta subvención de nuestra desgravación fiscal a la exportación, amparándose los europeos en la coartada de lo que llaman la compleja estructura fiscal española. Lo curioso del caso es que mientras las apariencias parecen condenarnos, la realidad, quizá, es muy distinta, porque nuestro sistema fiscal es uno de los más discriminatorios del mundo occidental contra la competitividad general de la empresa española, En estas circunstancias, el expediente de nuestras autoridades se ha venido inclinando por el lado de la arbitrariedad, concediendo hipotéticas ventajas específicas para la empresa que exporta y desventajas generales que provocan la confusión de propios y extraños.
Como de algún modo caminamos hacia Europa, con o sin Mercado Común, bueno sería comenzar ya, con prontitud y rapidez, a establecer un sistema fiscal homologable con el de nuestros compradores y competidores. Sólo así podremos quitarnos el sambenito de subvencionadores y, sobre todo, establecer una estructura fiscal menos confusa, pero que no discrimine absurdamente y de modo general contra la producción y el empleo. Más razonable que estos «apaños» anunciados en el último Consejo de Ministros sería la pronta implantación de un impuesto sobre el valor añadido y la progresiva reducción de las cuotas de la Seguridad Social.
