Nervacero

EL PROLONGADO conflicto laboral de Nervacero, que adquirió una dramática celebridad con la invasión del Parlamento vasco, se reviste de nuevos perfiles con la justificada negativa del Banco de Crédito Industrial a conceder el crédito solicitado por esta firma. Las razones técnicas y jurídicas del organismo para adoptar tal decisión parecen tener serio fundamento. La falta de credibilidad del plan de salvamento presentado por la empresa y las normas de prudencia a que están obligados los administradores de fondos públicos avalan la medida. Esta negativa no impide, sin embargo, la concesión de un crédito extraordinario por acuerdo del Consejo de Ministros, según lo previsto en el artículo 37 de la ley de Crédito Oficial. En este sentido, es evidente que las negociaciones que iniciarán el próximo sábado el vicepresidente económico del Gobierno y el comité de Nervacero tendrán que conjugar los aspectos estrictamente económicos de la operación con las dimensiones políticas del problema. Ahora bien, los negociadores tampoco deberían olvidar que otros sectores industriales y otros territorios españoles van a seguir las conversaciones con la susceptibilidad que despierta el temor a que sus resultados puedan violar esos principios de solidaridad que tanto la Constitución como los estatutos de autonomía se han comprometido a respetar.Nunca resulta fácil la operación de salvamento de una industria o de un sector en crisis. Para instrumentarla se precisan créditos privilegiados o subvenciones a fondo perdido del Estado (es decir, de todos los contribuyentes), una pausa de respiro en la conflictividad laboral y sacrificios compartidos entre empresarios y asalariados. La ayuda pública queda condicionada, lógicamente, a la aceptación por los accionistas de la reducción hasta un límite simbólico del capital, a una moratoria de provee dores, a reajustes de plantillas y a un compromiso de moderación de aumentos salariales. Porque sería absurdo que los contribuyentes cebaran la bomba de Nervacero con su dinero para que los directamente interesados en la supervivencia -propietarios y trabajadores- no realizaran por su parte los sacrificios racionalmente exigibles.

Mientras en Estados Unidos y Japón, y en menor medida en los países europeos, la industria siderúrgica ha ido reajustando sus dimensiones y su producción para dar una respuesta a la crisis, el sector siderúrgico español (con una producción anual de acero/hombre de 165 toneladas, frente a las 280 toneladas de Estados Unidos y las 226 toneladas de los países de la CECA) ha aumentado ligeramente su producción, confiando en una actividad ex portadora que no le ha garantizado, sin embargo, su rentabilidad. En este sentido, Nervacero no es un caso aislado, sino, a lo sumo, un paciente cuya extrema grave dad procede del sobredimensionamiento de la empresa, de niveles salariales superiores a la media del sector y de una dudosa administración. La ayuda que ahora solicita esa empresa se recorta, para mayor desgracia, sobre un trasfondo de crispación, amenazas y violencias que, a la vez, dificulta la negociación y arroja una sombra de sospecha acerca de la eventual concesión de un crédito oficial en condiciones que otros trabajadores españoles, otros sectores en crisis y otros territorios no han recibido en el pasado ni van a recibir en el futuro. Las condiciones exigidas a Intelhorce, de Málaga; a HYTASA, de Sevilla, o a Echeverría, del País Vasco, deberán ser las mismas que el comité de Nervacero encuentre como techo de la negociación. Otra cosa seria burlarse de la solidaridad entre todos los trabajadores españoles y entre los pueblos -nacionalidades y regiones- sometidos a una misma Constitución y a un mismo régimen tributario.